Enlace Judío México.- Con una ley antiterrorista de vanguardia, la Justicia confirmó las sentencias a ocho brasileños simpatizantes del ISIS que planificaban un ataque en los Juegos Olímpicos de Río.
GEORGE CHAYA
La amenaza islamista en América Latina permanece activa y latente, existen casos en toda la región donde se está investigando a miembros y adherentes de organizaciones terroristas.
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Foz de Iguazú, ciudad brasileña situada en la zona fronteriza con la Argentina y Paraguay, ha sido siempre un foco de investigación como base terrorista activa y centro logístico utilizado para llevar a cabo el ataque contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), de Buenos Aires, en 1994.
El Departamento de Estado ha criticado la falta de legislación antiterrorista de Brasil y otros países latinoamericanos para combatir el terrorismo ante la presencia comprobada de militantes islamistas en Brasil y la región por más de 20 años. Tal situación y el marco legal parecen haber cambiado desde el 16 de marzo de 2016, cuando el Parlamento brasileño pasó su primera ley antiterrorista a pesar de las revueltas de movimientos sociales izquierdistas y militantes de la comunidad árabe islámica local que se opusieron vehementemente a la ley por considerarla “innecesaria”, en un país que nunca sufrió ataques. Sin embargo, los acontecimientos probaron a esos opositores solo 4 meses después de la entrada en vigor de la ley que sí era necesaria.
El 21 de julio de 2016, la Policía Federal Brasileña arrestó a 11 islamistas acusándolos de complot para cometer un ataque terrorista durante los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. El 14 de mayo de 2017, la Justicia confirmó los cargos contra los detenidos, y 9 de ellos fueron sentenciados por el delito de terrorismo;sus condenas han quedado firmes la primera semana de octubre y han sido las primeras en el marco de la ley sobre terrorismo islamista en la historia de América Latina. Así, Brasil se convirtió en el primer país en tratar con éxito la cuestión, juzgando y condenando a extremistas islámicos por actividades terroristas en la región.
Aunque Brasil no había sufrido ataques islamistas, por lo cual, los brasileños no concebían el yihadismo global como una amenaza a su seguridad nacional. No obstante, Brasil es conocido en la comunidad antiterrorista internacional como refugio y base terrorista en América del Sur, especialmente en materia de actividades financieras ilícitas y apoyo de inteligencia a operaciones terroristas islamistas casi en la misma categoría que Venezuela, Cuba, Nicaragua y Guyana.
En la década de los 80, operativos del grupo político-terrorista Hezbolá, patrocinado por Irán, convirtió a Brasil en un importante centro logístico para el ataque a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). En su investigación, el fallecido fiscal Alberto Nisman reveló que “el cerebro iraní del ataque a la AMIA, Mohsen Rabbani, llegó a la Argentina en 1983 y, al mismo tiempo, Teherán envió al clérigo chiita Taleb Hussein al Khazraji a Brasil”. Al Khazraji fundó el Centro Islámico de Brasil y fue imán de la mezquita del Profeta Mohammed, ahora conocida como Brás Mezquita, situada en un barrio de inmigrantes de San Pablo. En alianza con Rabbani en la Argentina, Al Khazraji ayudó a difundir mucho más que la fe islámica en toda la región desde su puesto en Brasil.
Según la investigación en torno al ataque a la AMIA, ambos clérigos trabajaron haciendo inteligencia encubierta a través de agentes locales reclutados en asociaciones de la comunidad y conducidos por agentes profesionales llegados de Teherán (la recopilación de tal información y los nombres de esos grupos y personas obran en la causa AMIA y las dispone la Justicia argentina).
Por estos días, la muerte del fiscal Nisman y las circunstancias que la ocasionaron se encuentra bajo investigación luego de estar paralizada por más de dos años. La inteligencia brasileña concuerda con la Justicia y la Agencia de Inteligencia Argentina (AFI) en que la República Islámica operó sus elementos locales bajo la cubierta de inspectores de reglas islámicas Halal sobre carne vacuna. Brasil acaba de reafirmar esa información respecto de los clérigos iraníes que orientaron e instruyeron a sus embajadas en Buenos Aires y Brasilia, respectivamente.
Según recientes informes de la Policía Federal brasileña, “la alianza estratégica entre la República de Irán, Hezbolá y sus partidarios regionales está asentada aún en la zona de la Triple Frontera y se extiende a otras ciudades, como Sao Paulo y Curitiba”. Otro informe reciente de la Policía Federal de Brasil indica que chiitas libaneses radicalizados y adherentes a la organización Hezbolá, como sunitas relacionados con Hamas, la Yihad Islámica y Yamat al Islamiyah fueron detectados y son monitoreados actualmente en los estados brasileños de San Pablo y Paraná.
Según el informe, Ahmad Nia, agregado civil de la Embajada de Irán en Brasilia entre 1991 y 1993, habría trabajado como agente de Inteligencia (VEVAK). Para la Policía brasileña es llamativo que Ahmad Nia ingresara a la Argentina el 16 de marzo de 1992 y dejara Buenos Aires el 18 de marzo de 1992, es decir, el día anterior y el día siguiente a la voladura de la Embajada de Israel en Argentina.
Según el informe de Nisman, Sao Paulo es un importante centro de Hezbolá en América del Sur. Esto incluye a los miembros del clan Barakat en Foz Iguazú y al Sheik Bilal Mohsen Wehbe, líder religioso de la Mezquita Brás de San Pablo, todos sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de los EEUU por sus relaciones con Hezbolá. Wehbe es reconocido como uno de los líderes de la milicia chiita en Brasil y referente de agentes de Hezbolá, como Farouk Abdul Omairi, arrestado con su hijo, Khaled Omairi, por tráfico de cocaína en 2007 y por ser miembros de la red financiera de Hezbolá. En aquel momento, Brasil no tenía un marco legal antiterrorista, por lo tanto, Farouk y Khaled Omairi fueron acusados por tráfico de drogas y condenados a once años y ocho meses en prisión.
El papel de Brasil como refugio terrorista queda demostrado con la detención en 2016 del ciudadano libanés Khaled Hussein Ali, un operativo de Al Qaeda que vivía secretamente en San Pablo y que fue detectado e identificado por el FBI como coordinador de comunicaciones de Al Qaeda en América Latina. Sin embargo, sin el marco apropiado de una legislación antiterrorista legal, no pudo ser juzgado por su actividad terrorista. En su lugar, Hussein Ali fue acusado y condenado por racismo, un delito en el que se pudo probar su responsabilidad por la traducción de material de propaganda de Al Qaeda.
Casos como los de Hussein Ali (Al Qaeda) y Farouk Omairi (Hezbolá) ilustran cómo las organizaciones terroristas islamistas tomaron ventaja de la falta de leyes contra el terrorismo en Latinoamérica. Incluso cuando los sospechosos fueron capturados y arrestados, la infraestructura legal y judicial para castigar eficazmente la actividad terrorista no era la adecuada. Debido a esto, los involucrados con el terrorismo en Brasil fueron juzgados por otros tipos de delitos, como los casos de Khaled Hussein Ali (por racismo) y Farouk Abdul y Omairi (por tráfico de drogas).
Durante la presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva, el vacío legal de una legislación antiterrorista era notorio. El Gobierno creía que tal legislación empujaría a Brasil a un conflicto en el que no tenía interés y pondría el país en el centro de atención del terrorismo global. Así, Brasil dio el peor ejemplo al no detener al clérigo iraní Mohsen Rabbani cuando viajó a Sao Paulo en 2010 a pesar de que Interpol “envió una circular roja” por su papel en la voladura de la AMIA. Estas fallas permitieron a terroristas conocidos visitar y viajar por Brasil, Venezuela y Bolivia con facilidad.
En enero de 2016, el jeque saudí Muhammad al Arifi estuvo en Brasil visitando la Mezquita de Parí, en Sao Paulo, conocido por sus sermones radicales, en los que defiende el asesinato de infieles. Esto debería haber generado una alarma para las autoridades. Sin embargo, aunque la Policía Federal Brasileña mantuvo una vigilancia sobre él, Al Arifi salió de Brasil sin incidentes y se dirigió a Guyana. Estos son simplemente ejemplos de la libertad de movimiento que islamistas conocidos y otros terroristas disfrutaron en un Brasil libre de consecuencias legales antiterroristas.
En el último censo brasileño, la Federación islámica de Brasil estima que 1 millón de musulmanes residen en Brasil, la mayoría son de orígenes libanés y sirio, y viven en Sao Paulo y el Estado de Paraná, cerca de la zona fronteriza donde se contabilizan aproximadamente 115 mezquitas y 94 centros islámicos activos en el país. En 1983, había solamente 59 centros comunitarios. Actualmente, la policía monitorea la propagación de la ideología islamista que desarrollaron grupos como Los Defensores de la Sharia, que explotó un marco legal adecuado para reclutar, capacitar, planificar y recaudar fondos para apoyar actividades terroristas bajo la cobertura y el establecimiento de mezquitas y centros islámicos en Brasil. Esto cambió desde la sanción de la ley antiterrorista en 2016, estos grupos ya no disponen de la facilidad para operar con la que contaban en el pasado.
En los últimos meses, la Policía Federal llevó a cabo operaciones que permitieron secuestrar ordenadores y teléfonos celulares de unos 20 sospechosos sobre actividades terroristas en Brasil. Uno de los detenidos es Matheus Barbosa da Silva. Analizados los equipos electrónicos de Barbosa, la Policía reveló que durante 4 años había operado bajo el seudónimo Ismail Abdul Jabbaar al Brazili, y era un activo reclutador de ISIS. Al Brazili (Barbosa da Silva) se convirtió al islam en 2013, cuando vivía en Roswell, Georgia. Después de su conversión, frecuentó la mezquita local, The Roswell Community Masjid bajo otra identidad, Mahmod Silva, y creó un canal de YouTube en el cual comenzó publicando contenido en apoyo de ISIS. El FBI utilizó sus videos para rastrear a Barbosa da Silva y su familia, quienes vivían ilegalmente en los EEUU y fueron deportados a Brasil en 2015.
En varias conversaciones interceptadas, Al Brazili reveló que permaneció en contacto con extremistas de ISIS en los EEUU en espera de instrucciones respecto a futuros ataques sobre objetivos identificados en Brasil, especialmente contra entidades, empresas y personas de la comunidad judía local. Su caso ahora podrá ser juzgado ante un tribunal brasileño bajo la nueva ley antiterrorista.
El 4 de mayo de 2017, el juez Marcos Josegrei da Silva sentenció a ocho brasileños por promover el terrorismo islamista. Según la sentencia, Leonid el Kadre de Melo, líder de la célula de ISIS en Brasil, se le aplicó una sentencia de 15 años, diez meses y cinco días de prisión. Su participación, al igual que la de sus cómplices, fue probada en los mensajes interceptados por la Policía Federal. Esa sentencia quedó firme la semana pasada. Brasil ha llevado a cabo el primer juicio penal y aplicó la primera condena a terroristas islámicos en América Latina estableciendo un importante precedente regional.
El marco legal que estableció Brasil es una herramienta jurídica que ayudará a derrotar la narrativa y el accionar yihadista. En este sentido, Brasil acaba de infligir al terrorismo islamista su primera derrota en América Latina.
Fuente:infobae.com
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