ÚLTIMA HORA: La juez no resuelve hoy la petición de detención de Puigdemont y el resto de ex consejeros que lo acompañan en Bruselas.
Enlace Judío México.- En diarios españoles se informa de la decisión, tomada por la magistrada Carmen Lamela, tras citar a declarar a todos los miembros del depuesto gobierno de Cataluña. La juez ordenó la detención de Puigdemont y cuatro consellers, tras rehusarse a que declaren de forma remota. Antes había decretado cárcel para siete miembros del ex-gabinete catalán.
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La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ordenó que se presenten a declarar Carles Puidgemont, y cuatro consejeros del gobierno catalán depuesto, tras negar la petición de estos de declarar de forma remota, ya que se encuentran en Bélgica.
Además, decretó prisión incondicional para el ex vicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras y los ex consejeros Jordi Turull, Raúl Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Borrás, Joaquim Forn y Carles Mundó. En el caso del ex consejero Santi Vila, la magistrada acuerda prisión eludible bajo fianza de 50.000 €. Ingresa en prisión hasta que deposite dicha cantidad.
Según fuentes jurídicas, Lamela considera que existe riesgo de fuga, de reiteración delictiva o de destrucción de pruebas, tal y como le expuso el fiscal durante la celebración de la vista para medidas cautelares. La magistrada considera que existen indicios de la comisión de un delito de rebelión por parte de los miembros del Govern y dado que conlleva una pena de prisión de hasta 30 años, es evidente la existencia de riesgo de fuga.
La instructora ya envió a prisión incondicional a los presidentes de las asociaciones ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart por un delito de sedición por las concentraciones organizadas por ellos el pasado 20 de septiembre en la puerta de la Consejería de Economía mientras la Guardia Civil realizaba un registro bajo una orden judicial.
Hechos graves
La juez considera que estos hechos son suficientemente graves por el hecho de haber proclamado la independencia de una parte del territorio fuera de las vías legales. El Govern se valió, según recoge la Fiscalía, de la Mesa del Parlament para aprobar leyes abiertamente ilegales e inconstitucionales; con unas asociaciones como ANC y Òmnium que actuaron como brazo civil de la Generalitat; y con unos Mossos d’Esquadra que habrían permitido las movilizaciones para apoyar el referéndum del 1 de octubre como antesala a esa declaración de independencia.
El delito de rebelión exige que exista un alzamiento violento para declarar la independencia de una parte del territorio nacional. Sin embargo, la Fiscalía ya apuntaba que esa violencia no tiene porqué ser física sino que basta tenga capacidad para ello. La capacidad de movilización de los independentistas generó una intimidación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, destinados en Catalunya para defender la ley y cumplir las órdenes judiciales.
Asimismo, la Fiscalía entendía que el 1 de octubre hubo un alzamiento “violento”, con insultos, menosprecio y sillazos a policías y guardias civiles. Para la Fiscalía, esos son hechos claros de una existencia de violencia para conseguir sus fines.
Se niegan a declarar
La Fiscalía ha valorado que ninguno de los consellers ni Junqueras hayan querido contestar a las preguntas del fiscal ni del juez. Menos Santi Vila, que sí lo ha hecho, los demás sólo han respondido a las preguntas de sus abogados, con unas comparecencias de una media de cinco minutos cada uno.
Aunque un investigado tenga el derecho a no declarar, ese silencio puede ser valorado para interpretar los hechos. En este caso, tanto la juez como el fiscal han valorado que no quieren colaborar con la Justicia ni dar una explicación razonable para rebatir las acusaciones de la Fiscalía.
Fuente: LA VANGUARDIA
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