Enlace Judío México.- El ministro del Interior de España, Juan Ignacio Zoido, ha convocado a los grupos políticos firmantes del pacto antiterrorista a una reunión de trabajo en medio de críticas cruzadas por la invitación de los partidos no firmantes que participan en calidad de observadores, entre ellos Podemos y los nacionalistas.
Integran el pacto, como miembros de pleno derecho: PP, PSOE, Ciudadanos, UPN, Coalición Canaria, UPyD, Foro Asturias y PAR. En calidad de observadores: Unidos Podemos, Compromís, PNV, el PDeCAT y ERC.
El Gobierno quiere que Podemos y los partidos nacionalistas e independentistas suscriban el Pacto Antiterrorista y está dispuesto a modificar su contenido para convertirlo en una herramienta “más útil” y aceptable por todos. PP y Ciudadanos están abiertos a que las reuniones sean periódicas y no dependientes de los atentados, a incluir a los ministros de Defensa y Exteriores y a que asistan expertos en la lucha antiterrorista. Sin embargo, consideran que el carácter confidencial que podría tener la información comentada en ese foro obliga a todos los presentes a ser miembros de pleno derecho. Podemos y los nacionalistas son reacios a cambiar su postura de observadores.
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El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha dicho que la reunión busca “afianzar la unidad de defensa de las libertades y la lucha contra el terrorismo”.
En la última cita de este foro, que tuvo lugar el 21 de agosto cuatro días después de los atentados en Cataluña, se advirtió a los asistentes que se cambiaría el formato y que a partir de entonces se establecería una distinción entre las reuniones.
El Gobierno valoró positivamente la asistencia a aquella cita de todos los partidos, incluido los que no habían suscrito el pacto y los que participaban como observadores.
A la reunión asistió Podemos mientras que PNV y PDeCAT no se dieron por invitados.
El PNV excusó su asistencia por mantener “discrepancias con las medidas penales” del pacto antiyihadista firmado en 2015, en concreto: la prisión permanente revisable.
En rueda de prensa desde el Congreso, el portavoz de Interior de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, ha vuelto a pedir que se “reformule” el pacto antiyihadista -del que hace un balance “absolutamente decepcionante”- para que sea un “observatorio” desde el que impulsar medidas para mejorar la coordinación policial, creando grupos de expertos que “controlen la legislación existente” con jueces, fiscales, policía y representantes de la sociedad civil.
Gutiérrez ha abogado por eliminar la figura del observador. “No es momento de ser observador, o se está dentro o se está fuera, eso sólo supone un lastre para el pacto”, ha insistido el diputado de Ciudadanos.
Zoido anuncia novedades sobre el atentado de Las Ramblas.
El pasado 12 de diciembre, Zoido anunció en el Senado que se convocaba el pacto antiyihadista y que su intención era informar de los últimos datos recabados por Mossos d’Esquadra, Policía Nacional y Guardia Civil sobre el atentado en La Rambla de Barcelona y Cambrils (Tarragona) del pasado mes de agosto. “Vamos a hablar de la amenaza terrorista, de las últimas operaciones, de posibles reformas que se puedan acometer y otras que ya se han llevado a cabo y de la coordinación con otras administraciones”, señaló Zoido en declaraciones a la prensa en los pasillos de la Cámara Alta.
Zoido no quiso revelar si entre los temas que se abordarán se incluirá la relación que tuvo con los Servicios de Información el cerebro de los atentados de agosto, el imán de Ripoll Abdelbaki Es Satty. Un portavoz del CNI reconoció recientemente que habían contactado con él cuando cumplía condena en prisión por un delito relacionado con el tráfico de drogas, siguiendo los protocolos habituales.
El ministro indicó que se convocaba el pacto al entender que ha pasado ya un “tiempo prudencial” desde que ocurrieron los atentados, aunque la información que se transmita en este foro a los grupos políticos respetará la investigación bajo secreto que se mantiene abierta en la Audiencia Nacional.
El juez dictó que los Mossos continuarán al frente de las pesquisas dentro de su competencia territorial y que la Policía Nacional y la Guardia Civil hicieran lo propio en lo relativo a otras comunidades y con la comunicación con el extranjero.
El Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), dependiente del Ministerio el Interior, es el encargado de centralizar los informes derivados por los Cuerpos policiales en el marco de la investigación que dirige el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional.
El acuerdo antiterrorista suscrito en 2015 entre PP y PSOE —al que luego se fueron sumando otras fuerzas políticas— contemplaba el compromiso de que a los delitos por terrorismo con resultado de muerte les sea “siempre aplicable la máxima pena privativa de libertad recogida en el Código Penal”. Se trata, con la legislación vigente, de la prisión permanente revisable, que el PSOE asumió al firmar el acuerdo pero con el compromiso de derogarla en cuanto tuviera la posibilidad.
Esa referencia a la prisión permanente revisable, entre otras cuestiones, motivó que Podemos, que en 2015 aún no tenía representación parlamentaria, decidiera no firmarlo a finales de ese año, cuando se abrió al resto de fuerzas políticas, de la misma forma que fue un impedimento para ERC. Tanto la formación de Pablo Iglesias como los republicanos tienen la intención de continuar en el pacto como observadores, una condición que los nacionalistas —también del PDeCAT y el PNV— han adquirido por primera vez desde el atentado de Barcelona y Cambrils.
El Gobierno está dispuesto a reformar el pacto para lograr la incorporación del resto de fuerzas, pero de momento no avanza hasta dónde está dispuesto a llegar.
Tras la reunión del pacto del pasado lunes, Podemos defendió su decisión de mantenerse como observador con el argumento de que su postura combina la lealtad institucional con el pluralismo político. El partido elude de momento revisar su participación en el acuerdo —a falta de que el Gobierno plantee una propuesta concreta de reforma— con la reflexión de que “en este momento lo más importante es el consenso que, por encima del pacto, mantienen todas las fuerzas democráticas de nuestro país en torno a la democracia, los derechos humanos y el pluralismo político”, explican.
LOS OCHO PUNTOS DEL “ACUERDO PARA AFIANZAR LA UNIDAD”
- Modificación del Código Penal. Tipifica como delito de terrorismo el desplazamiento al extranjero para unirse a grupos terroristas, la captación y el adiestramiento (también pasivo), el uso de las redes sociales e Internet a esos efectos, las conexiones con las redes de facilitación de terroristas y la financiación.
- Máxima pena. A los delitos de terrorismo con resultado de muerte les será siempre aplicable la “Máxima pena privativa de libertad” recogida en el Código Penal, que es la prisión permanente revisable, introducida por las PP.
- Eficacia en la Investigación. Reforzar el marco jurídico para permitir a jueces, fiscales y Cuerpos de Seguridad ser más eficaces en la investigación de estos delitos.
- Recordar a las víctimas. Asegurar su reconocimiento.
- Recursos. Garantizar los recursos humanos y materiales para luchar más eficazmente contra el terrorismo en la Administración de Justicia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los servicios de inteligencia.
- Contra la radicalización. Políticas activas para erradicar cualquier forma de radicalización violenta, incluidas las expresiones de racismo, xenofobia o discriminación.
- Foros Internacionales. Promover en la Unión Europea y en instituciones internacionales la adopción de políticas de prevención, persecución, cooperación y sanción penal contra el terrorismo. Como el registro de las listas de pasajeros (PNR).
- Cortes. Promover en el Congreso iniciativas que cumplimenten todo lo anterior.
Fuentes: La Vanguardia y El País
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