Es hora de que el Departamento de Justicia haga responsable a Hezbolá

Enlace Judío México.- El gobierno de EE.UU. debe responder duras preguntas sobre sus esfuerzos por detener las actividades de tráfico de drogas de Hezbolá.

DEREK MALTZ / EMANUELE OTTOLENGHI

El mes pasado una investigación de Político encendió una tormenta de fuego acusando que la administración Obama debilitó en forma deliberada el Proyecto Cassandra, un intento ambicioso por parte de la Agencia para el Control de Drogas de EE.UU. (DEA) para impedir que Hezbolá trafique drogas dentro de Estados Unidos y Europa. Los veteranos de la administración Obama contraatacaron, diciendo que las acusaciones eran categóricamente falsas y motivadas políticamente.

El Procurador General Jeff Sessions ahora ha aprovechado el informe de Político para ordenar una revisión de las decisiones tomadas por el Departamento de Justicia de Obama. El 11 de enero, él anunció el establecimiento de una fuerza de tareas inter-agencias a la que se confió combatir la financiación del terrorismo de Hezbolá. De igual manera, múltiples congresistas republicanos han exigido una investigación de cómo el departamento manejó Proyecto Cassandra.

El artículo de Político afirma que estas investigaciones, que comenzaron en el 2008, develaron una verdad inconveniente: las más altas autoridades de Hezbolá aprobaron y coordinaron actividades criminales a gran escala en las cuales estuvieron involucrados sus agentes, incluido el facilitar los envíos de los carteles de drogas de grandes cantidades de cocaína alrededor del globo y el lavado de ingresos por venta de cocaína.

Pero cuando los investigadores expusieron más detalles de la participación de Hezbolá en estas actividades criminales globales, las implicancias políticas de sus hallazgos molestaron cada vez más a la administración Obama. En la época, el Presidente Barack Obama y su administración no sólo estuvieron buscando un acuerdo nuclear con el principal patrón de Hezbolá, Irán; ellos también creían que una distensión nuclear con Teherán podría ser el preludio para transformar a Irán en un factor estabilizador en la región. Exponer a Hezbolá, y por añadidura, a su patrón iraní, como una empresa criminal transnacional avocada en ayudar a los narcotraficantes a vender cocaína y a lavar dinero, incluidas acusaciones en aumento contra peces gordos de Hezbolá, tuvo por objetivo debilitar los esfuerzos políticos de la administración por trazar un nuevo curso con Teherán.

Ese es el motivo por el cual, según Político, los investigadores de Proyecto Cassandra encontraron una “serie cada vez más irremontable de barricadas” cuando buscaban procesar a los peces gordos en la jerarquía de Hezbolá. Según un ex oficial de la CIA citado por Político, los negociadores iraníes estuvieron prometiendo en nombre de Hezbolá, y la administración Obama que no permitiría que los investigadores de la DEA hicieran descarrilar su gran visión para un nuevo Medio Oriente.

No es que los investigadores fueran cesados. En su lugar, según Político, fueron colocadas numerosas barricadas en el camino del proyecto, lo cual finalmente puede haber causado su desaparición. Estas incluyeron el retiro de referencias a Hezbolá de las acusaciones penales, la falta de respaldo de la administración para las solicitudes de los fiscales de extraditar a sospechosos arrestados de países aliados a Estados Unidos para llevarlos a juicio, un rechazo a tomar como blanco a Hezbolá a través de leyes contra el crimen organizado, rebanaron los presupuestos para investigaciones a Hezbolá, y la reasignación de personal clave. Aparte, aun luego del arresto de prominentes agentes de Hezbolá que podrían ser convertidos potencialmente en testigos colaboradores contra sus superiores y la acumulación de pruebas financieras y de comunicaciones perjudiciales que apoyan las acusaciones penales, no fue hecho ningún intento serio por impulsar cargos contra los más altos escalones del liderazgo de Hezbolá.

Dada la gravedad de estas denuncias, nosotros concordamos firmemente en que es necesaria una investigación, pero estamos preocupados que se vuelva un circo político en vez de revivir los esfuerzos entrecortados del gobierno para perseguir a Hezbolá. La mejor forma de impedir que las revisiones del Departamento de Justicia y el Congreso se vuelvan ejercicios partidistas es asegurar que ellas se enfoquen en cinco decisiones claves que maniataron el Proyecto Cassandra.

Ambos partidos reconocen la amenaza excepcional que presenta Hezbolá tanto para Estados Unidos como para sus aliados. Las revisiones que se enfocan en reconstruir Proyecto Cassandra aprendiendo las lecciones del pasado pueden disponer de apoyo bipartidista.

Nuestras dos primeras preguntas conciernen a las extradiciones frustradas que habrían dado a los investigadores estadounidenses acceso a gran cantidad de información. Primero, ninguna figura principal en el Departamento de Estado, Departamento de Justicia, o la Casa Blanca luchó por la extradición del nacional sirio-venezolano y designado jefe de la droga por Estados Unidos, Walid Makled García. ¿Por qué? Makled era el repositorio de información privilegiada sobre la relación entre Venezuela y Hezbolá, tanto como de la corrupción y cooperación del gobierno venezolano con los carteles de droga. Makled fue arrestado en el 2010 en Colombia, un aliado cercano de Estados Unidos. Pero Obama se negó a usar su prestigio, influencia, y posición para traerlo a Estados Unidos, en vez de permitir que Makled se enviado de regreso a Venezuela en el 2011, poniendo así los secretos que él podría haber revelado fuera del alcance de las fuerzas del orden de Estados Unidos.

Segundo, ¿por qué el gobierno de Estados Unidos no logró extraditar a los agentes de Hezbolá, Ali Fayad y Khaled Merebi, de la República Checa? Fayad, un agente clave de procuración de armas, fue arrestado por agentes de la DEA en el 2014, junto con Merebi y su colega, Faouzi Jaber, durante una operación de cebo de la DEA que recordó estrechamente la captura del traficante de armas Viktor Bout, en el 2008, en Tailandia.

Bout — un nacional ruso que inspiró el personaje de Nicolas Cage en la película del 2005 El Señor de la Guerra y vendía armas a los talibanes, señores de la guerra africanos, y a Hezbolá — tenía amigos en altos puestos en Moscú. Rusia se opuso enérgicamente a su extradición y criticó duramente su condena. Pero la administración Obama estaba dispuesta a gastar considerable capital político para extraditarlo para ser juzgado en Estados Unidos. Sin embargo, cuando en julio del 2015 Hezbolá ideó el secuestro de cinco nacionales checos en Líbano, Estados Unidos hizo poco para asegurar la extradición de los dos hombres antes que Praga sucumbiera ante la extorsión de Hezbolác. Jaber fue finalmente extraditado a fines de febrero del 2016 y está esperando la sentencia en New York, pero no antes que, anteriormente ese mes, los checos hayan liberado a Fayad y Merebi, quienes regresaron rápidamente a Líbano.

La tercera decisión a revisar es la que impidió que fueran presentados cargos contra uno de los altos líderes de Hezbolá, Abdullah Safieddine. Safieddine es enviado de Hezbolá ante Irán, tanto como el primo materno del líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah. Una acusación del 2009 del Distrito Oriental de Pennsylvania contra cuatro agentes de Hezbolá involucrados en la venta de divisas falsificadas y el intento de adquisición de miles de rifles de asalto para Hezbolá mencionó oblicuamente a Safieddine. Una declaración jurada del 2009 se refirió a él como un funcionario de alto rango de Hezbolá radicado en Irán nombrado “Individuo B.” Claramente, los investigadores no tenían pruebas suficientes para enjuiciarlo en la época y estuvieron usando este caso como una plataforma para construir uno contra Safieddine.

El Departamento del Tesoro finalmente nombró a Safieddine en conjunto con su acción del 2011 contra el Banco Libanés Canadiense, el cual había ayudado a Hezbolá a lavar cientos de millones de dólares en procedimientos de drogas en favor de carteles colombianos y mexicanos. Pero él nunca fue acusado, a pesar del hecho que, según los investigadores, él supervisa las actividades criminales más significativas de Hezbolá, incluido tráfico de drogas y la adquisición de armas para apoyar la campaña bélica siria.

Presentar cargos por tráfico de drogas contra los más altos líderes de Hezbolá, tales como Safieddine, dejaría al desnudo los lazos tóxicos que vinculan a Hezbolá y a los carteles de drogas a lo largo de Latinoamérica. Si bien ningún país en Latinoamérica reconoce a Hezbolá como una organización terrorista, muchos sienten presión para emprender acciones contra los narcotraficantes. Las revelaciones públicas de criminalidad y tráfico de drogas también dañarían los presuntos principios islámicos de Hezbolá.

¿Por qué, entonces, el Departamento de Justicia no aceptaría presentar cargos contra un prominente criminal de Hezbolá? Es como si, en la década de 1930, el departamento hubiese dicho al FBI que podía procesar a la mafia pero debía dejar en paz a Al Capone. Una cuarta pregunta, y relacionada, a hacer es ¿Por qué, cuando el Departamento de Justicia sí presentó cargos contra otros agentes de Hezbolá, ninguna de las acusaciones identificaba al grupo? ¿Cómo podemos combatir a una organización si no podemos ni siquiera llamarla por su propio nombre?

La quinta pregunta a hacer sobre el Proyecto Cassandra concierne a negocios no terminados del caso del Banco Libanés Canadiense, el cual es conocido como uno de los mayores éxitos en la historia para procesar a redes de financiación terrorista. Pero no fue un éxito sin paliativos: Hezbolá aprovechó 300 concesionarias de coches usados radicadas en Estados Unidos para lavar los ingresos de drogas exportando vehículos a África Occidental. Pero las acciones asumidas contra la red del banco afectaron sólo a 30 negocios debido a la falta de cooperación entre agencias. Eso fue en el 2011. Avance rápido al 2018. La mayoría de los restantes 270 negocios están todavía operando. Imágenes satelitales muestran que los mismos espacios de estacionamiento de África Occidental utilizados por Hezbolá en el 2011 están todavía rebosantes de coches. ¿Por qué el Departamento de Justicia no ha perseguido a una red de empresas criminales de la cual está claramente al tanto?

Responder las cinco preguntas esbozadas más arriba llevará algún tiempo. Mientras ese intento está en marcha, hay otros pasos que el gobierno estadounidense puede tomar contra Hezbolá. Uno es ofrecer recompensas sustanciales por información que lleven al arresto o condena de numerosos líderes prominentes de Hezbolá. El Departamento de Estado hace poco puso un precio multimillonario en dólares sobre las cabezas de dos figuras con sangre en sus manos, pero tienen que ser agregados muchos más nombres a la lista.

El gobierno de EE.UU. puede también designar a Hezbolá como una organización criminal transnacional aun antes de hacer acusaciones contra individuos específicos. Hacerlo ayudaría a movilizar una respuesta más fuerte en el Hemisferio Occidental, en donde Hezbolá hace mucho de su tráfico.

El hecho en cuestión es que Hezbolá es tanto una organización terrorista como un grupo criminal transnacional. Sus distintas actividades — incluidas las caritativas, sociales y educativas — dependen todas de la financiación derivada de empresas criminales. Su liderazgo, de igual manera, es tanto entendido como cómplice en los esfuerzos por parte de sus redes globales para beneficiarse del delito. Recoger información para exponer, interrumpir y enjuiciar a este fenómeno debe ser una prioridad principal, no una reflexión que puede ser sacrificada ante otros fines geopolíticos.

Por último, el éxito de la ejecución de la campaña de aplicación de la ley contra Hezbolá dependerá de entender qué salió mal en el caso de Proyecto Cassandra. Ya sea por plan o negligencia, se debilitó seriamente la herramienta más efectiva que tuvo a su disposición el gobierno de Estados Unidos. Es hora de aprender por qué y de hacer funcionar nuevamente a Proyecto Cassandra.

*Derek Maltz fue el director de la División de Operaciones Especiales de la Agencia de Control de Drogas desde mayo del 2005 a julio del 2014.

*Emanuele Ottolenghi es un miembro principal en la Fundación para la Defensa de las Democracias.

Fuente: Foreign Policy

Traducido por Marcela Lubczanski para Enlace Judío México.