Enlace Judío México.- Ayer debía tener lugar el pleno de investidura del Parlamento de Cataluña. La incógnita respeto a lo que ocurriría era absoluta, dado que el único candidato para presidir la Generalitat era el ex presidente Carles Puigdemont, refugiado en Bélgica y con la amenaza de ir a la cárcel si entra en España.
Puigdemont pretende ser de nuevo presidente de la Generalitat en un choque frontal con el Gobierno y sobre todo con la Justicia, que le persigue por un delito de rebelión y por lo que pesa sobre él una orden de detención e ingreso en prisión.
Para frenar el desafío e impedir una candidatura que tiene en vilo al Gobierno español y la Justicia, el Tribunal Constitucional ha recurrido a fórmulas inéditas, imponiendo limitaciones a la investidura de Puigdemont que pesan no sólo sobre Roger Torrent, recientemente electo presidente del Parlamento catalán, sino también sobre los diputados que se encuentran en libertad provisional bajo fianza. Aunque en JxCat descartan hablar de una alternativa a Puigdemont en la presidencia, cada vez se oyen más voces que sostienen que el apoyo al presidente cesado llegará.
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Estas medidas prohíben al Parlamento de Cataluña investir a un candidato que no está presente y al encontrarse Puigdemont con una causa judicial pendiente, el tribunal le exige que, en caso de acudir presencialmente, debe solicitar una autorización judicial para poder ser investido.
Roger Torrent decidió realizar un movimiento que abrió aun nuevas incógnitas a las ya existentes. Su decisión de dejar el pleno en suspenso ha provocado grietas en el bloque independentista conformado por los partidos JxCat, la CUP y ERC.
Carles Puigdemont había fiado su investidura en el Parlamento catalán a una desobediencia por parte del presidente de la Cámara que no llegó. Roger Torrent optó por jugar una prórroga que quebró la unidad oficial del independentismo.
Hay muchas dudas sobre los tiempos que marcarán la agenda. Para el ex presidente Puigdemont no hay otro candidato posible en estos momentos, pero sus socios empiezan a pensar que no sería mala idea tener un plan B en la recámara.
A pesar de la escenificación de las diferencias durante la jornada de ayer en el Parlamento catalán, unos y otros admiten que deben entenderse si quieren hacer efectiva una investidura. Las líneas de contacto siguen abiertas en diferentes niveles, y las negociaciones sobre la composición del Gobierno catalán y el programa de legislatura están pendientes de la investidura. En medio de la tensión también aparece la amenaza de bloquear la situación para forzar elecciones por parte de JxCat. ERC considera que esa es la peor de las opciones.
Hay críticas respecto al gobierno español que parece optar por cargar la toma de decisiones en el Tribunal Constitucional, alegando que el Ejecutivo podría actuar con más determinación ya que sobre las instituciones catalanas pesa el artículo 155 de la Constitución, que al fin y al cabo supone la suspensión de la autonomía.
20 días como mínimo para resolver
Según fuentes del tribunal, se estima que como pronto se adoptará una decisión en el Pleno del día 19 de febrero. Teniendo en cuenta los diez días de plazo dado a las partes para presentar sus escritos -y que acaba entre el 9 y el 12 de febrero- no hay convocado ningún pleno antes de esa fecha. No hay certeza de que se convoque un pleno extraordinario para resolverlo pero tampoco se descarta ninguna posibilidad.
Fuente: La Vanguardia
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