Enlace Judío México.- Mientras que Israel usa la “detención administrativa” como herramienta de lucha contra el terrorismo, la Autoridad Palestina (AP) mantiene a gente en prisión sin contemplar la celebración de juicio, silenciando las voces discordantes y lanzando una seria advertencia sobre aquellos que osen lanzar alguna crítica, por leve que sea, a Mahmoud Abbas u otros dirigentes palestinos.
KHALED ABU TOAMEH
Mientras están detenidos en Israel, tienen derecho a ver a su abogado, recibir visitas y apelar su encarcelamiento, pero a los palestinos detenidos por la Autoridad Palestina les son negados los derechos básicos. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos obsesionadas con(tra) Israel parecen desinteresarse de este hecho.
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Es particularmente inquietante que, mientras los líderes palestinos actúan como un régimen tiránico, la respuesta de la comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos sea el silencio permanente y la indiferencia. Aquellos que gritan contra las medidas de seguridad de Israel anti-terroristas harían un mejor servicio a los palestinos si abriesen su boca para criticar como los Derechos Humanos son dilapidados bajo la Autoridad Palestina.
La Autoridad Palestina, que vive subsidiada por Occidente, se burla de su sistema judicial y viola sistemáticamente los derechos humanos y libertades públicas. En un mundo en el que cualquier miembro de la camarilla de Abbas puede firmar una orden de arresto contra un palestino, los palestinos solo pueden seguir soñando con tener un país de ley y orden.
Durante años, los palestinos y sus partidarios han condenado a Israel por arrestar a presuntos terroristas sin juicio. Resulta, sin embargo, que la Autoridad Palestina (AP) permite que altos mandatarios palestinos puedan ordenar el arresto de cualquier palestino, independientemente de la naturaleza de la ofensa que esa persona supuestamente haya cometido.
Israel mantiene presuntos terroristas en “detención administrativa” sobre la base de orden militar israelí número 1651, relativa a disposiciones de seguridad, encarcelamiento de combatientes ilegales y reglamentos de defensa, una ley que reemplaza las leyes de emergencia del Mandato británico de Palestina (1920-1948).
Vale la pena señalar que los ciudadanos israelíes, y no sólo los palestinos, han estado en “detención administrativa” en las últimas décadas. Esto significa que Israel no distingue entre palestinos e israelíes cuando se trata de luchar contra el terrorismo.
Y mientras eso se producía, la Autoridad Palestina ha llevado a cabo detenciones ilegales y arbitrarias contra su propio pueblo, sus propias leyes. Una vez más, el doble rasero de los palestinos y sus admiradores internacionales quedan al descubierto.
Durante más de una década, la Autoridad Palestina ha estado encarcelando palestinos durante meses sin prever juicio siquiera, simplemente basándose en una orden militar firmada por un responsable designado directamente por Mahmoud Abbas.
Mientras que Israel usa la “detención administrativa” como herramienta de lucha contra el terrorismo, la Autoridad Palestina (AP) mantiene a gente en prisión sin contemplar la celebración de juicio, silenciando las voces discordantes y lanzando una seria advertencia sobre aquellos que osen arrojar alguna crítica, por leve que sea, a Mahmoud Abbas u otros dirigentes palestinos.
La AP argumenta que sus “detenciones administrativas” se están llevando a cabo dentro del marco de la ley y tienen un carácter meramente preventivo de seguridad pública y prevención de la violencia.
Mientras están detenidos en Israel, tienen derecho a ver a un abogado, recibir visitas y apelar su encarcelamiento, pero a los palestinos detenidos por la Autoridad Palestina les son negados los derechos básicos. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos obsesionadas con Israel parecen desinteresarse de este hecho.
Entonces, ¿cómo funcionan las “detenciones administrativas” de la Autoridad Palestina?
De acuerdo con defensores y abogados palestinos pro-derechos humanos, un gobernador palestino o un alto funcionario está autorizado a emitir órdenes de arresto contra cualquier palestino, por el motivo que le plazca.
Aunque todavía no está claro sobre qué base pueden actuar con tal arbitrariedad, expertos juristas apuntan a que la práctica está basada en una Ley jordana de 1954. Aunque la ley fue derogada hace muchos años, la Autoridad Palestina sigue valiéndose de ella para utilizarla contra su propio pueblo.
El abogado y juez palestino Daoud Dirawi dijo que la práctica de detener a palestinos siguiendo las órdenes de Abbas y otros funcionarios era “ilegal” e “inconstitucional”. Señaló que el Tribunal Supremo de Justicia de Palestina ha fallado en contra de esta práctica.
“El encarcelamiento ilegal es un delito castigado por la ley”, explicó Dirawi. “Este es uno de los ataques más peligrosos a las libertades públicas”.
El Centro Palestino para la Independencia de la Judicatura y la Profesión Jurídica (Musawa) dice que ha recibido muchas quejas de palestinos sobre las detenciones ilegales de la Autoridad Palestina, señalando que las detenciones fueron “inconstitucionales” y constituyen una grave violación de los derechos humanos.
El año pasado, la Facultad de Derecho de la Universidad An-Najah, la universidad palestina más grande de Cisjordania, celebró un seminario dedicado a las “detenciones administrativas” de la Autoridad Palestina.
El Dr. Muayad Hattab, decano de la facultad, dijo que la mayoría de los expertos legales palestinos estaban de acuerdo en que las detenciones sin juicio constituían una violación de la leyes y la Constitución palestina. También señaló que los tribunales palestinos habían fallado reiteradamente en contra de dicha práctica.
El abogado palestino Ala Al-Badarneh, que realizó un estudio sobre las “detenciones administrativas” de la Autoridad Palestina, descubrió que la mayoría de los encarcelamientos se llevaron a cabo sin conocimiento por parte del gobernador que había firmado la detención.
“Incluso cuando el gobernador tiene conocimiento de la detención, el detenido no es llevado ante él. El gobernador niega a menudo tener conocimiento de la detención cuando así es requerido por la familia del detenido. Según la ley jordana, los detenidos debe ser llevados ante el gobernador, pero esto no sucede con las detenciones efectuadas por la Autoridad Palestina”.
Al-Badarneh también señaló que las “detenciones administrativas” se efectúan bajo la evaluación de las fuerzas de seguridad palestinas, pero nunca se menciona al alto funcionario o miembro del Gobierno que las ordena.
En algunos casos, los gobernadores palestinos y altos funcionarios, que se han convertido de facto en agentes de la ley, recurren a “detenciones administrativas” para eludir el cumplimiento de las órdenes judiciales.
Un ejemplo: un Juzgado puede ordenar la liberación de un detenido, pero éste aún puede permanecer entre rejas si un dirigente u oficial de la Autoridad Palestina firma una orden de arresto.
Tomemos, por ejemplo, el caso de Mahmoud Asideh de Nablus, la ciudad palestina más grande de Cisjordania. Tras permanecer 37 días detenido, un Juzgado ordenó su liberación. Sin embargo, para evitar la implementación de las órdenes judiciales, las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina le arrestaron, por orden del gobernador de Nablus. Otro detenido, Anas Judallah, también de Nablus, permaneció preso aunque un juzgado decretó su puesta en libertad.
En 2016, el periodista palestino Ragheed Tabasiyeh estuvo preso durante 17 días por orden del gobernador de la ciudad cisjordana de Kalkilya. Tabasiyeh dijo que fue interrogado sobre la naturaleza de su trabajo periodístico y el partido para el que estaba trabajando. Finalmente fue liberado sin cargos.
Sólo durante en diciembre de 2017, grupos pro-palestinos han recibido quejas de siete palestinos que habían sido presos por orden de las altas esferas. Dos de los detenidos fueron liberados, pero cinco de ellos siguen detenidos y sin aviso de juicio.
Numerosas voces palestinas denuncian que la AP está usando las detenciones administrativas principalmente como una herramienta contra sus oponentes políticos, intentando silenciar a los críticos, y no como una medida de precaución para prevenir crímenes, como afirma la propia Autoridad Palestina.
Khalil Assaf, director de la Asociación Independiente de Palestinos en Cisjordania, denunció la práctica como un crimen y dijo que su objetivo principal era silenciar a los críticos de la Autoridad Palestina. Refiriéndose al presidente Mahmoud Abbas, Assaf se preguntó:
“¿Cómo puede él, que está al frente de la Autoridad Palestina, pedir a los palestinos que acaten esa misma ley que él viola permanentemente? La violación de la ley por parte de cualquier persona es inaceptable. Y detener a personas arbitrariamente, por caprichos de los dirigentes de la AP, es un crimen castigado por la ley”.
La Autoridad Palestina, que vive subsidiada por Occidente, se burla de su sistema judicial y viola sistemáticamente los derechos humanos y libertades públicas. En un mundo en el que cualquier miembro de la camarilla de Abbas puede firmar una orden de arresto contra un palestino, los palestinos solo pueden seguir soñando con tener un país de ley y orden.
Es particularmente inquietante como los líderes palestinos actúan como un régimen tiránico y la respuesta de la comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos sea el silencio permanente y la indiferencia. Aquellos que gritan contra las medidas de seguridad de Israel anti- terroristas harían un mejor servicio a los palestinos si abriesen su boca para criticar como los Derechos Humanos son dilapidados bajo la Autoridad Palestina.
Khaled Abu Toameh, Periodista árabe-israelí de The Jerusalem Post, Gatestone Institute, NBC News.
Fuente: Gatestone Institute
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