Enlace Judío México.- La creciente estrella política Ayelet Shaked acaba de confirmar el quinto y el sexto jueces de la Corte Suprema de Israel en su breve mandato como ministra de Justicia.
ALEX TRAIMAN /JNS.org
En una anomalía histórica, en el lapso de solo dos años, seis jueces diferentes de la Suprema Corte de los 15 que se sientan en el tribunal alcanzaron la edad obligatoria de jubilación a los 70 años o se retiraron por motivos personales.
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Shaked solo aprovechó la oportunidad de hacer lo que ningún gobierno de derecha pudo lograr en las siete décadas desde que se fundó el estado: cambiar fundamentalmente la composición de la Suprema Corte de Israel.
Cuatro de los seis nuevos jueces son significativamente más conservadores en sus enfoques que sus predecesores.
Durante décadas, la corte de Israel ha sido ampliamente conocida como una de las cortes más activas en el mundo occidental; algunos también afirman que es el cuerpo de gobierno con los poderes más amplios y el menor control de esos poderes.
La corte regularmente anula la legislación aprobada por la Knéset. No obligada por las interpretaciones de una constitución -puesto que Israel no tiene una- la alta corte procede a juzgar los casos que selecciona de acuerdo con un conjunto limitado de leyes básicas, además de su propio conjunto de ethos autodeterminado, a menudo establecido sobre una base de caso por caso.
Hasta la amplia reforma de Shaked, la corte se ha repuesto de manera rutinaria a través de un proceso de auto-selección que avanzaba las candidaturas de jueces de ideas afines. La heterogénea corte de Israel a menudo representaba a una minoría izquierdista de élite que dictaminó en contra de los sentimientos del público israelí en cuestiones críticas.
En opinión de algunos, el tribunal favorecía rutinariamente, por ejemplo, las peticiones formuladas por una red de organizaciones no gubernamentales peligrosas que reciben financiación del Fondo Nuevo Israel.
En los últimos años, la corte también ha retrasado avances comerciales críticos hechos por el gobierno, y ha trabajado para perjudicar las capacidades del gobierno para tratar cuestiones difíciles de soberanía judía en los territorios israelíes de Judea y Samaria en disputa.
En 2016, la corte sentó un precedente en la política israelí al dictaminar que un contrato de suministro de gas natural por 10 años firmado entre el gobierno y las compañías de energía Noble y Delek, el conglomerado responsable de explotar los recursos naturales de gas de Israel, era ilegal porque el acuerdo bloqueó el precio del gas durante todo el período.
En ese momento, el acuerdo brindaba las condiciones necesarias para obtener la inversión extranjera y los conocimientos necesarios para convertir a Israel, que una vez carecía de recursos, en un exportador de energía. El fallo casi descarriló la asociación del gobierno con Noble y Delek, que ya había invertido miles de millones de dólares en la infraestructura de gas de Israel.
En ese momento, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que “la decisión del Tribunal Supremo amenaza seriamente el desarrollo de las reservas de gas del Estado de Israel”, señalando en ese momento que “es probable que el gas permanezca en las profundidades del mar, y los cientos de miles de millones de shekels no llegarán a los ciudadanos de Israel“. Criticó duramente al tribunal, afirmando que Israel era “visto como un estado con excesiva interferencia judicial en la que es difícil hacer negocios“.
La anulación del acuerdo por parte de la corte envió un mensaje directo a las corporaciones multinacionales dentro y fuera del sector energético global de que un contrato firmado con el gobierno de Israel no valía el papel en el que estaba impreso, a menos que el tribunal sintiera a su juicio que dicho contrato era en beneficio de los mejores intereses del país.
Además del hecho de que no existía un precedente para tal decisión, que de otro modo parecía estar fuera de los límites de la autoridad del tribunal, tampoco había un mecanismo legal para revocar o impugnar el fallo del tribunal.
Escuchando peticiones sobre uno de los asuntos diplomáticos y de seguridad más delicados que enfrenta el estado, el tribunal ha dictaminado una y otra vez a favor de los demandantes representados por los elementos izquierdistas más extremistas de Israel que los asentamientos de viviendas no construidas en terrenos registrados en el estado deben ser demolidos, incluso cuando las casas están dentro de las fronteras establecidas desde hace tiempo de comunidades judías.
El tribunal se ha negado a aceptar la idea de que las disputas de propiedad de esta naturaleza podrían resolverse por dinero o por otros medios, ya que los reclamantes palestinos no pueden vender sus propiedades a los judíos o recibir una compensación bajo amenaza de muerte. Al tribunal le interesa poco que, en casi todos los casos, la tierra en la que se construyeron las casas nunca sea entregada a reclamantes palestinos por consideraciones de seguridad.
En varios asentamientos de Judea y Samaria, montones de escombros -los restos de casas una vez estuvieron llenos de niños judíos- se encontraban a pocos metros de las casas al otro lado de un borde de propiedad invisible e irrelevante. Otras comunidades de la cima de la colina han sido completamente removidas, solo para ser reconstruidas por el gobierno como nuevas entidades a veces a menos de unos pocos kilómetros de distancia, en tierras estatales. El efecto neto de las poblaciones en la empresa de asentamientos de Israel aparentemente no se ve afectado por cada decisión, mientras que cada demolición hace titulares internacionales con fotos y videos que envían un mensaje al mundo de que Israel construye derechos dentro de las áreas que controla militar y administrativamente en la única provincia en el mundo históricamente llamada Judea (y Samaria) – son irrelevantes e ilegales.
Al explicar el absurdo de uno de los casos de demolición inminentes a un alto asesor de Netanyahu hace varios años, el asesor me dijo que si bien el gobierno estaba totalmente de acuerdo con los hechos sobre el terreno presentados por los propietarios, hechos que no interesaban demasiado al tribunal – la administración no pudo impugnar el fallo a menos que una “bala de plata” legal pudiera penetrar y desinflar el veredicto del tribunal.
Los legisladores han recibido opiniones legales a favor de leyes que legalizarían oficialmente los asentamientos existentes y detendrían la práctica de demoler el hogar judío existente. Sin embargo, la amenaza de que el tribunal revoque dicha legislación y no se pronuncie de acuerdo con la opinión de la comunidad internacional sobre los asentamientos de Israel impide que se apruebe dicha legislación.
La exitosa y sorprendente iniciativa de Shaked para cambiar la composición de la Suprema Corte es una gran victoria para el público de Israel y tendrá un profundo efecto en la capacidad del gobierno para promover la voluntad del público que los votó (y no los jueces) en el cargo.
Al igual que la nominación de Donald Trump al juez del Tribunal Supremo Neil Gorsuch, la confirmación del gobierno de Netanyahu de seis (sí, seis) nuevos jueces no solo disminuirá la influencia de los elementos de extrema izquierda de Israel y armonizará la corte con la voluntad del público en general sino que se ubicará entre los mayores logros de esta coalición gobernante.
Alex Traiman es el director general de JNS.
Fuente: The Algemeiner – Traducción: Silvia Schnessel – Reproducción autorizada con la mención: ©EnlaceJudíoMéxico
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