Acuerdo Migratorio Turquía-Unión Europea sobre Refugiados

Enlace Judío México.- La Unión Europea (UE) y Turquía durante décadas han mantenido una relación tortuosa, particularmente porque Turquía no respeta los derechos humanos y la libre expresión de sus ciudadanos; el Presidente actual de Turquía, desde agosto del 2014 y previamente primer ministro (2003-2014), Recep Tayyip Erdogan, ha exacerbado la dictadura en ese país. Previamente en 1963, la Comunidad Europea (CEE), antecesora de la UE, firmó un Tratado de Asociación con el Estado turco, llamado Acuerdo de Ankara; destaca que Turquía es, junto a Rusia, China y EUA, uno de los países más importantes para la UE, dada su posición geoestratégica que es fundamental para su seguridad y defensa.

LEÓN OPALÍN PARA ENLACE JUDÍO MÉXICO

Turquía solicitó su adhesión a la UE mucho antes que otros países que ahora ya son miembros de la misma; la adhesión ha sido una herramienta que ha utilizado la UE con el fin de contribuir a la democratización de varios países como España, Portugal y las Naciones del Este Europeo, principalmente, inicialmente este fue uno de los propósitos para admitir a Turquía en la UE; no obstante, una de las principales limitantes para este propósito en el caso de Turquía han sido las diferencias que han existido por parte de las instituciones de la UE y también de sus Estados miembros. En este sentido, no se prevé que Turquía ingrese a la UE en el corto plazo.

En este contexto, a partir de la crisis de los refugiados a Europa en el 2015, cuando ingresaron al Continente más de 1.5 millones de personas, las relaciones entre la UE y Turquía mejoraron.

La desesperación de los Veintiocho (miembros de la UE) por frenar el flujo migratorio los llevó a establecer en marzo del 2016 un acuerdo con Ankara para que todos los inmigrantes irregulares que crucen de Turquía a las Islas Griegas sean devueltos a Turquía; los refugiados cuyas solicitudes se declaren infundadas serán devueltos a Turquía. Por cada sirio que sea devuelto a Turquía otro sirio será reasentado desde Turquía.

El trato incluyó tres condiciones principales para la UE: destinar a Turquía 3 mil millones de euros para atender a los refugiados, eximir a los ciudadanos turcos de la necesidad de visado para viajar a la UE y avanzar el proceso de adhesión de Turquía al club comunitario.

Con la firma de este Acuerdo la UE “se olvidó momentáneamente de la protección de los derechos humanos y la libertad de expresión inexistentes en el régimen de Erdogan”; analistas políticos consideran que el Acuerdo demostró claramente que no siempre los valores y la moral son factores primordiales para una negociación, así el Acuerdo del 2016 representó simplemente que la UE comprara servicios a terceros, Turquía, país que, como se mencionó previamente, no se distingue precisamente por gozar de un pedigrí plenamente democrático, ni por tratar bien a sus minorías. El pacto constata que la UE no tiene una verdadera política migratoria; asimismo, incumple una obligación derivada de la firma de todos sus miembros de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, que impone la necesidad de asistir y proteger a toda persona que atraviesa una frontera internacional huyendo de un conflicto. Los Veintiocho han mostrado una alarmante incapacidad para manejar el problema de los refugiados, han renunciado a contrarrestar las tendencias xenófobas y populistas que proliferan en varios países de la UE, y que se han acentuado con la llegada masiva de refugiados; en su lugar han preferido por apostar con medidas de seguridad, “con barreras tan altas como ineficaces”, por el despliegue de fuerzas policiales, por el restablecimiento de controles fronterizos y hasta el envío de buques de la Organización del Tratado del Norte (OTAN) en aguas del Egeo.

Todas estas medidas no han logrado frenar a los desesperados que viven en un entorno económico incierto o en la guerra; son los que ya no tienen nada que perder y buscan una vida digna.

El acuerdo adoptado incluyó abonar otros 3,000 millones de euros a Turquía en marzo de 2018. Sin embargo, el grave deterioro del Estado de Derecho en Turquía está disuadiendo a los miembros del club comunitario de buscar fondos extraordinarios.

El comisionado europeo de Migración, Dimitrig Avramopoulos, compareció el 14 de marzo pasado para pedir a los Estados “que vayan pensando en suministrar con una nueva dotación al país vecino”. El financiamiento a Turquía para que atienda a los 3.5 millones de refugiados sirios que alberga en su territorio constituye una de las claves que explica el freno brusco de los flujos de llegada a Grecia en los dos últimos años, los registros de 2017 fueron apenas una cuarta parte de los de 2016: Bruselas construyó un esquema para impedir facilitar el dinero directamente a las autoridades turcas para evitar recelos. En su lugar se han ido librando partidas en función de proyectos concretos liderados por ONG y Organizaciones Internacionales.

Turquía se queja de que el dinero llega con cuentagotas y de que no compensa el esfuerzo en sanidad y educación que realizan sus instituciones para asistir a los asilados. Aunque Avramopoulos aseguró que los 3,000 millones anteriores ya están contratados, el pago efectivo va retrasado (faltan más de 1,000 millones por liquidar).

La primera negociación para buscar los 3,000 millones invertidos en los dos primeros años para los refugiados en Turquía fue tortuosa. Algunos Estados tenían dificultades políticas para justificar pagos a un país cuyo cumplimiento de los valores democráticos iba en retroceso. Desde entonces, los roces entre el Gobierno turco y la UE se han agravado. Y Alemania, después de ver a varios de sus ciudadanos encarcelados en prisiones turcas por presunta colaboración terrorista, mantiene serias dudas sobre si hacer ese gesto que, en última instancia, beneficia a las autoridades de ese país. Nadie quiere correr el riesgo de reeditar las imágenes de refugiados llegando sin control a las costas europeas; si Turquía decide relajar la vigilancia. El problema es de más fondo e implica involucrar en el proceso a los países expulsores de gente, voluntad política, y un monto sustancial de recursos para arraigar a la gente en sus lugares de origen.