Enlace Judío México.- El 15 de marzo de 2018, el Comité de la Knéset aprobó los principios de la Ley Básica que define al Estado de Israel como el “estado nación del pueblo judío”. El Parlamento tendrá que desarrollar y aprobar la versión final del texto en las próximas semanas. Para el presidente del Comité, Amir Ohana, es “la Ley de todas las Leyes”. Por su parte, el ministro de Turismo, Yariv Levin, lo llamó un “proyecto emblemático del sionismo” que “pondrá a Israel nuevamente en marcha, es decir, el estado nación del pueblo judío”.
BERNARD RAMAS-MUHLBACH
Por el contrario, la diputada palestina de la Knéset Aida Touma Suleiman criticó el proyecto de ley por la flagrante institucionalización de un régimen de apartheid (sic).
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Entre las principales medidas, “el árabe” ya no será un idioma oficial del estado judío (junto con el hebreo, un principio tomado de la versión propuesta por Avi Dichter en 2011). El derecho a la autodeterminación está reservado únicamente al pueblo judío y Jerusalén es su capital. En términos de migración, el texto retiene los principios previamente adoptados, a saber, que la misión de Israel es reunir a los exiliados y otorgar el derecho de retorno a los miembros de la comunidad judía que quieran establecerse allí.
Sin embargo, el propósito esencial de la Ley del Estado-nación judío es corregir la contradicción de la Ley Básica de 1992 sobre “Dignidad y Libertad Humana” que definió al Estado de Israel como Estado judío y democrático”.
Basados en la Ley de 1992, grupos palestinos de Israel que afirman defender los “derechos humanos” han pedido a los tribunales que Israel respete la noción de igualdad.
De manera similar, el diputado palestino de la Knéset, Azmi Bishara, había comprendido perfectamente la debilidad del sistema institucional israelí, ya que la Ley de 1992 era susceptible de convertirse en el instrumento legal para la destrucción del Estado judío. Luego, junto con un grupo de diputados palestinos de la Knéset, publicó un documento llamado “Una visión para el futuro” en el que se exige que Israel se transforme en una “democracia cívica”, es decir, “una democracia consensual” donde todos los ciudadanos tendrían los mismos derechos. El Servicio de Policía Shin Bet tuvo que intervenir públicamente llamando al documento “subversivo” y asegurando “contrarrestar” cualquier proyecto en esa dirección.
El caso Kaadan (de nuevo) saca el problema a la luz: un ciudadano palestino de Israel, Adel Kaadan (árabe israelí) había demandado ante el Tribunal Supremo de Israel que se le permitiera vivir en una de las comunidades exclusivamente judías de Israel. Fue rechazado por un comité de admisiones que le bloqueó el acceso a la comunidad. Sus abogados luego alegaron discriminación contra los palestinos en Israel que no podían establecerse en el lugar de su elección.
El gobierno de Netanyahu tuvo que intervenir en 2011 para resolver el problema proporcionando una base legal para estos “comités de admisión”.
Además, la Ministra de Justicia Ayelet Shaked invocó el caso Kaadan para justificar la adopción de la Ley del Estado Nación Judío: “Es normal que una comunidad judía sea, por definición, solo judía”. Por lo tanto, anunció que emprendería una “revolución constitucional” para desafiar la Ley Básica de Libertad y Dignidad Humana de 1992 con el fin de “volver a encarrilar el tren, descarrilado hace un cuarto de siglo” .
Judíos etíopes. (Fuente: Europe-Israel)
La Ministra de Justicia luego vinculó el Proyecto de Ley del Pueblo Judío con otras revisiones que tiene intención de hacer, incluida la Ley Básica sobre los poderes del Tribunal Supremo. Con la Ley de 1992, “las decisiones judiciales en los últimos 20 años se han referido a valores universales y no al carácter judío del estado”. A partir de ahora, el Tribunal Supremo de Israel ya no podrá actuar como legislador y decidir sobre la norma aplicable (violando así el principio de separación de poderes). Se referirá solo a la judeidad del estado.
Por supuesto, para los palestinos en Israel (a los que el estado judío se refiere históricamente como “árabes israelíes”), la Ley Estatal de Nación Judía evitará que Israel se convierta en una democracia normal al estilo occidental. Además, debería alentar la anexión de los territorios de la Zona C de Cisjordania (bajo el control civil, administrativo y militar de Israel bajo los llamados acuerdos de paz Israel-Palestina, llamados de Oslo). Por lo tanto, los críticos del proyecto, judíos o no, critican el texto con el argumento de que el Estado de Israel no será “judío y democrático”, sino que se convertirá en una “etnocracia no democrática”.
No es así. La Ley del Estado Nación del Pueblo Judío es solo una aplicación del “Derecho de los pueblos a la autodeterminación”: el pueblo judío es libre de decidir su marco institucional y las orientaciones filosóficas de su sociedad, sin interferencia de terceros que no pertenecen a la nación judía.
En este punto, la presencia de “diputados palestinos” que se sientan en la Knéset es una aberración perfecta que la nueva ley debería regular, prohibiéndola. Israel aplicará entonces la norma vigente en las democracias occidentales: los no nacionales no pueden ser electores o elegibles durante las elecciones nacionales. Solo lo serán en eecrutinios locales. Por supuesto, los miembros de la Knesset palestinos siempre aportarán sus conocimientos y dominio del funcionamiento democrático de las instituciones, para ayudar a la Autoridad Palestina (en la zona A y B de la Margen Occidental) y el Gobierno de Ismail Haniyeh (en la banda de Gaza) para aplicarlos en los territorios que controlan.
Del mismo modo, y gracias a la Ley del Estado Nación del pueblo judío, Israel podrá definir quiénes son sus miembros, a saber, aquellos cuya madre es judía o aquellos que se han convertido al judaísmo, así como el Código Civil francés define quién es francés o cómo es posible adquirir la nacionalidad francesa.
Con respecto a la presencia en el territorio, Israel podrá extender la Ley del 8 de marzo 2018 (eliminando el título de residencia permanente de los palestinos y su expulsión en caso de incumplimiento del deber de lealtad respecto de Israel) a cualquier persona, judía o no, que socave los intereses superiores de la Nación judía.
Por último, el estado de Israel podrá ofrecer a los judíos de la diáspora (que lo deseen), subordinándola respecto a las condiciones que decida, en beneficio de la ciudadanía israelí, ya que son parte de la Nación judía y que Israel es su Estado nación. La nacionalidad es, de hecho, el vínculo legal que vincula a un individuo con su Estado, cualquiera que sea su lugar de residencia. (Así como aquellos a quienes Israel llama “árabes israelíes” son palestinos para las instituciones palestinas).
Por lo tanto, el primer ministro Benjamin Netanyahu ya no tendrá que esperar a que los palestinos reconozcan a Israel como Estado judío, sino simplemente tomar nota de ello. Del mismo modo, el estatus de Jerusalén y su judeidad ya no estarán sujetos a discusión (ni tampoco el carácter palestino de Ramallah, Jenin o Tulkarm).
Curiosamente, el gobierno francés tuvo oportunidad de hablar sobre el proyecto de Ley que define a Israel como “el hogar nacional del pueblo judío” (OJ Senate 17/01/2018 p 22).
Después de haber indicado “que no corresponde a Francia pronunciarse sobre las discusiones de los parlamentarios extranjeros”. Del mismo modo, probablemente sería difícil para nosotros aceptar la opinión de otros estados en nuestros propios debates”, el Secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Europa, dijo que el texto generaba preocupación por Francia (sic).
La primera sería el riesgo de discriminación contra la población árabe. Que Francia se tranquilice: Israel distinguirá, como Francia, a los nacionales, a los no nacionales en situación regular y a los no nacionales en situación irregular. Los árabes israelíes estarán en la segunda categoría y no serán discriminados.
La segunda preocupación sería la conformidad de este proyecto con la solución de dos estados, y el riesgo de discriminación entre ciudadanos judíos y árabes como un obstáculo. No es así. Los palestinos siempre pueden decidir crear un estado palestino en los territorios de la zona A y B de Cisjordania, y otro en la Franja de Gaza, ya que esta es la realidad geopolítica. Los árabes israelíes podrán registrarse en las listas electorales palestinas y participar en las elecciones nacionales palestinas.
La tercera preocupación de Francia es Jerusalén. El Secretario de Estado acaba de mencionar (de forma evasiva) que la posición de Francia era constante y el Presidente de la República había planteado ciertos puntos con el primer ministro israelí, en particular el de la “colonización” (sic). Jerusalén ha sido la capital de Israel desde su nacimiento, y los asentamientos judíos están ubicados en el Área C de Cisjordania. No hay colonización.
En conclusión, se indica que “el clima es tenso en este momento y es mejor mirar dos veces antes de estirarlo un poco más”. En este punto, recordamos al gobierno francés que el clima es tenso desde el 15 de mayo de 1948, cuando los estados árabes de la región declararon la guerra a Israel (el día de su nacimiento), ya que las tensiones continuaron cuando la Carta de la OLP de julio de 1968 instituyó al pueblo palestino y se propuso a destruir la entidad sionista sobre una base nacional, y que finalmente, fueron revividos con la Carta de Hamás de 1987 que ordenó a los palestinos destruir Israel, por mandato de Alá. Para el 70º aniversario de su nacimiento, Israel debería honrar su vocación histórica, por mucho que le pese a los palestinos y a la comunidad internacional.
Fuente: Europe – Israel – Traducción: Silvia Schnessel – Reproducción autorizada con la mención siguiente: ©EnlaceJudíoMéxico
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