Enlace Judío México – El liderazgo de Mahmoud Abbas se salvó de pagar una millonaria compensación a familias afectadas por ataques terroristas palestinos hace más de una década gracias a la decisión que ha tomado la Corte Suprema de EE.UU.
La Corte Suprema de EE.UU. se negó este lunes a asentar un pago de 655.5 millones de dólares del bolsillo de la Autoridad Palestina (AP) y la Organización de Liberación de Palestina (OLP) para compensar a 11 familias estadounidenses afectadas por ataques terroristas en Israel.
La Corte desechó escuchar la apelación de las familias proveniente del fallo de un tribunal inferior de 2016 que anuló el laudo del jurado obtenido en una demanda bajo la Ley Antiterrorista, una que permite a las víctimas estadounidenses de terrorismo reclamar daños y perjuicios en los tribunales de los EE.UU.
Las familias habían intentado responsabilizar a la AP y la OLP por seis tiroteos y atentados entre 2002 y 2004 en el área de Jerusalén durante la Segunda Intifada. Los ataques mataron a 33 personas, incluidos varios estadounidenses, e hirieron a más de 450. Los ataques fueron atribuidos a las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa y Hamás.
El demandante principal, Mark Sokolow, su esposa y sus dos hijas resultaron heridas en un atentado suicida de 2002 en Jerusalén. En 2015, después de un juicio de seis semanas, un jurado federal en Manhattan sentenció una compensación a las familias por 218.5 millones de dólares, que se triplicó automáticamente a 655.5 millones de dólares bajo la Ley Antiterrorista. Las familias dijeron que el fallecido presidente de la OLP, Yasser Arafat y sus agentes organizaron rutinariamente pagos a los atacantes y a las familias de los militantes que murieron. La AP y la OLP han dicho que condenaron los ataques y acusaron que los responsables fueron individuos que actuaron por cuenta propia.
En 2016, la segunda Corte de Apelaciones del Circuito de EE.UU., con sede en Nueva York, ordenó que se desestimara la demanda civil. El tribunal de apelaciones dijo que los ataques ocurrieron “completamente fuera” del territorio de los EE.UU. y como tal no encontró evidencia de que los estadounidenses fueran blanco. Como resultado, los tribunales estadounidenses en materia federal no tienen jurisdicción para conocer los reclamos, dijo la corte de apelaciones.
Los abogados de los demandantes dijeron que la decisión del tribunal de apelaciones “acaba con la Ley Antiterrorista” al limitar severamente los casos que pueden ser escuchados en los tribunales de los EE.UU. Argumentaron que el Congreso redactó la ley específicamente para aplicar a los ataques que tuvieron lugar fuera de los EE.UU. en aquellos en los que ciudadanos estadounidenses resultaron heridos o asesinados, independientemente de si los estadounidenses fueron específicamente blanco o no.
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