Triple Frontera: narcoterrorismo y la presencia de Hizbalá

Enlace Judío México.- Oriente Medio se ha caracterizado por el surgimiento de movimientos revolucionarios y grupos fundamentalistas que desarrollan operaciones de gran alcance fuera de las fronteras de su región. Un ejemplo de esto es Hizbalá. El grupo surgió en Líbano a partir de una serie de hechos políticos y sociales a mediados de 1982 con la intención de motivar un sentimiento proiraní radical en la región y, fundamentalmente, con el fin de establecer en Líbano una República Islámica desde la cual hacer frente a toda influencia extranjera en la zona.

GEORGE CHAYA

El ideario fundamentalista de la organización se basa en la preservación del islam chiíta en Oriente Medio y en la expulsión de todo aquello que ponga en riesgo su cultura y religión. Hizbalá emitió su manifiesto fundacional en 1985, donde juró lealtad al líder supremo de Irán, Ayatollah Ruhollah Khomeini, y comenzó a profundizar al establecimiento de un régimen islámico, demandó la expulsión de EEUU, Francia e Israel de territorio libanés, y propugnó abiertamente la destrucción del Estado israelí. En esta línea, los miembros del grupo han intentado cumplir su juramento por medios violentos que expandió a nivel internacional durante más de treinta y cinco años.

A través de su ideario político fundacional, Hizbalá ejecutó acciones terroristas en varios continentes. El grupo también desarrolló capacidades de combate y guerrilla en la década de los noventa convirtiéndose en un actor estratégico de Oriente Medio, capaz de influir en el curso de la paz y la guerra en la región.

A nivel organizativo, Hizbalá ha evolucionado significativamente. La capacidad de influencia del grupo fundamentalista se ha consolidado en su región de origen y se ha expandido por todo el globo estableciendo puntos de control por medio de factores como la financiación, el manejo de información y la propagación de su ideología, logrando conseguir gran cantidad de adeptos a sus ideales.

El grupo ha distribuido sus células por todo el mundo logrando ampliar la esfera de su actuación geográfica. Entre los continentes de sus principales puntos de establecimiento de redes, reclutamiento y actividades ilícitas se destaca América Latina. Hizbalá estableció una presencia significativa en la Triple Frontera (TF) entre Argentina, Brasil y Paraguay, donde utiliza negocios locales, el tráfico de drogas y las redes de contrabando con el objetivo de recaudar y lavar fondos para operaciones terroristas en distintos puntos del globo. Gran parte de la población siria y libanesa habitante de la zona, así como nativos, se han incorporado al grupo o apoyan sus redes.

El crimen transnacional organizado y ejecutado por células de Hizbalá en la TF, así como los planes y la ejecución de ataques terroristas desde la zona, genera una mayor vulnerabilidad para la seguridad de Argentina, Brasil y Paraguay. Su amenaza es constante y latente, como lo evidenciaron los atentados de Buenos Aires en 1992 y 1994 donde la justicia argentina sindica al grupo terrorista como ejecutor de los mismos.

Hizbalá es la organización terrorista islámica con mayor implantación en Latinoamérica. En consecuencia, para hacer frente a un problema conjunto en la región se hace necesario conocer y poner en concordancia las perspectivas de los diferentes actores estatales sobre el fenómeno, como también la forma adecuada para combatir la amenaza en la importancia de establecer acuerdos de cooperación entre gobiernos.

La operatividad de Hizbalá en la TF se extendió rápidamente a través de todo el continente dadas las implicaciones de su establecimiento y el riesgo generado para los países de la región. Luego de los ataques terroristas en Buenos Aires, la TF comenzó a ser configurada desde lo discursivo “como un espacio sin ley”, donde la ilegalidad y la amenaza narco-terrorista son su rasgo esencial. Es así que la región queda incluida dentro de lo que se considera las nuevas amenazas a la seguridad por todos los delitos que allí se cometen, pero con especial atención a la amenaza terrorista que se supone está presente.

A partir de los atentados de 2001, EEUU comenzó a desarrollar estrategias de contención a las amenazas terroristas islamistas (incluyendo la región latinoamericana), es allí donde se visibiliza y focaliza la presencia de Hizbalá en la región. Debido a las modernas herramientas utilizadas por los terroristas para operar criminalmente, surgió el término “nuevas amenazas” donde los crímenes no tradicionales así como las amenazas cibernéticas, deben ser el blanco de combate.

Por medio de operaciones multilaterales por parte de los países involucrados, la zona es objeto de prevención y persecución de ilícitos en el marco conjunto de varios gobiernos. La percepción de los tres Estados afectados directamente por el grupo islámico coincide con la de EEUU, por lo cual, teóricamente, la lucha contra la amenaza sería más fácil de ganar. Sin embargo, no ha sido así y el riesgo es evidente y latente para los tres Estados debido a las operaciones que Hizbalá efectúa desde allí.

El principal enlace entre la red libanesa de Hezbollah y el dinero negro de la Triple Frontera lo configura el denominado “Clan Barakat”. Assad Ahmad Barakat era, hasta su detención en Brasil y posterior extradición a Paraguay, el jefe de finanzas de Hezbollah en Latinoamérica. Regentaba un centro comercial en Ciudad del Este, que usaba como cobertura para su participación en diversas actividades ilegales cuyos beneficios revertía hacia el grupo terrorista.

Las actividades ilegales en la región fueron descubiertas en varias oportunidades por los organismos estatales de la zona, sin embargo, la respuesta a estos crímenes no cumplió del todo con los requerimientos. No es suficiente coordinar acciones por medio de diálogos en la conformación de grupos conjuntos de trabajo entre los países afectados, se hace necesario contar con los recursos y capacidades, de lo contrario los resultados que se obtengan no serán perdurables ni efectivos realmente.

La amenaza militar implica un recurso a la capacidad material y efectiva de las fuerzas de una nación para garantizar la integridad del territorio frente a fuerzas que pretendan quebrar la unidad del Estado. Para alcanzar un objetivo duradero y establecer orden en la región es necesario tener planes y medidas consensuadas de acuerdo a las capacidades profesionales y a los recursos económicos y humanos necesarios. Los tres Estados de la Triple Frontera observan, por ejemplo, las políticas financieras y económicas desde perspectivas diferentes. Así, Paraguay no cuenta con una ley contra el terrorismo que castigue el envío de remesas destinadas al terrorismo. Los límites financieros y económicos para controlar el envío de remesas por parte de las personas que habitan la región, son débiles o inexistentes, esto facilita el flujo de grandes cantidades de dinero tanto lícito como ilícito a través de sus fronteras.

Al contrario, Brasil cuenta con políticas regulatorias más rígidas y estables. Con esto, se contrarresta en gran medida la salida de remesas por esa parte de la frontera. “El Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF), órgano del Ministerio de Hacienda de Brasil controla el movimiento financiero e intenta rastrear las remesas vinculadas con el financiamiento del terrorismo, el narcotráfico y otras actividades ilícitas, y el control de los contenedores que desembarcan en el puerto de Santos.

La aplicación de tales medidas en una zona tan difícil de controlar físicamente genera un nivel de control más propicio para luchar contra la amenaza. Las diferentes percepciones sobre la amenaza o la forma de combatirla hace que el trabajo conjunto sea dificultoso o esté distorsionado por las actuaciones individuales. En este sentido, uno de los principales obstáculos para construir respuestas multilaterales y multisectoriales a los problemas de seguridad de la TF, ha sido la diversidad de intereses de los tres países de la región.

Los intereses comerciales y económicos de Paraguay se contraponen con los intereses de seguridad de Argentina, y esto genera niveles de voluntad y decisión política diferentes. Las percepciones están guiadas en gran medida por los intereses de los afectados con el riesgo, por lo que cada actor tiene diversas formas de evaluar y tomar medidas frente a la coordinación de acciones. Aunque la planeación de estructuras determinadas de forma conjunta y el consenso de percepciones y opiniones frente a una amenaza determinada son componentes claves para enfrentarla y neutralizarla, y eso es algo que no está siendo coordinado por parte de los tres Estados.

La aparición de un riesgo como factor de inestabilidad, así como los intereses divergentes son obstáculos para establecer políticas y métodos conjuntos. La presencia de Hizbalá en la TF generó inconvenientes para crear políticas de seguridad conjuntas en la zona. La complejidad del fenómeno, las características del actor criminal, la evasión sobre los escasos controles estatales y las operaciones innovadoras de los terroristas, han sido elementos desestabilizadores para los Estados, pero para Hizbalá son aspectos que garantizan la vigencia del grupo dentro del hemisferio.

La atención por parte de los Estados al problema y la amenaza allí presente efectivamente existe, hay preocupación compartida por el Grupo 3 + 1 (Argentina, Brasil, Paraguay y Estados Unidos) sobre financiamiento proveniente de fuentes licitas e ilícitas en la región de la TF a organizaciones terroristas estuvo bien abordado. No obstante, esta preocupación no ha generado grandes cambios dentro de las políticas de la región. En los últimos dos años se profundizaron los controles, los esfuerzos fueron coordinados, las reuniones resueltas, pero los resultados no fueron suficientes en la lucha contra este fenómeno. Un ejemplo del intento de coordinación de acciones llevada a cabo por los integrantes de la zona fronteriza es que los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay acordaron reforzar la seguridad en la zona de la Triple Frontera y coordinar acciones para detectar posibles células terroristas que podrían operar en esa región, al igual y combatir el narcotráfico y el contrabando.

Así quedó establecido por las tres naciones, cuyos miembros de los gobiernos mantienen contactos fluidos con el fin de establecer un plexo de seguridad que permita contrarrestar los efectos de la presencia de Hizbalá en la región. En la zona se llevaron a cabo una serie de investigaciones, estudios, foros y seminarios que demostraron la inclemente problemática regional. Los funcionarios de seguridad de los tres gobiernos saben que es necesario e imprescindible el aumento del presupuesto y el mejoramiento de los mecanismos de cooperación transfronterizos y la estimulación del trabajo en conjunto por medio de canales de cooperación en un mismo sentido. Las políticas coordinadas en la Triple Frontera se realizaron, sin embargo, los resultados no fueron satisfactorios para neutralizar allí la presencia de Hizbalá.

El Departamento del Tesoro de los EEUU identificó a nueve personas y dos entidades que han proporcionado apoyo financiero y logístico a la organización terrorista Hizbalá. Los designados se localizan en el Área de la Triple Frontera de Argentina, Brasil y Paraguay y han provisto servicios financieros y de otro tipo a Assad Ahmad Barakat, el terrorista que había sido identificado en 2002, mucho antes de su detención. Allí se entienden las razones y el por que las actividades ilícitas de Hizbalá en la Triple Frontera por medio de sus células encargadas de la recaudación de fondos para financiación de acciones terroristas siguen vigentes después de varios años de su aparición en la zona y más allá de la implementación de medidas estrictas para combatirlos.

Las políticas temporales no han alcanzado, los objetivos para la neutralización deben ser claros, el trabajo debe ser constante y ejecutado por profesionales con los conocimientos específicos y los recursos económicos y legales necesarios. A falta de ello, y sin consensos estatales estables y duraderos frente a la amenaza, será muy difícil la neutralización final del problema. Los Estados, por más que lo intenten, en el siglo XXI no pueden trabajar aislados de los demás, especialmente de los Estados vecinos. Las políticas de seguridad y control fronterizo deben ser coordinadas, estipuladas con tiempo suficiente para su aplicabilidad y, deben ser consecuentes con los intereses de los actores para conformar un verdadero bloque que logre alcanzar el objetivo propuesto.

El fortalecimiento de las fronteras es imprescindible para poner en marcha estrategias de análisis e inteligencia que fortalezcan las políticas de seguridad y prevención contra el flagelo del terrorismo islamista. No basta con fortalecer una de las tres fronteras porque las restantes quedaran expuestas a todas las actividades ilícitas realizadas por los terroristas. En primer lugar, la coordinación de intereses debe pensarse en términos de ganancias para los Estados vulnerables. Por eso se debe concretar en orden jerárquico sobre cuáles son los intereses estatales -y la afectación para el resto de la nación- de la propuesta de un determinado plan o política a desarrollar.

Teniendo en cuenta esto y acudiendo a la teoría en términos estrictos para crear políticas de seguridad en la confrontación con el narco-terrorismo y los ilícitos que de él se desprenden, es necesario “identificar la amenaza y las consecuencias que esa amenaza trae para los actores que se ven afectados”. Después de eso, se debe establecer una hoja ruta para fijar el funcionamiento y curso a seguir en la confrontación con las organizaciones criminales.

Sin embargo, todo esto es observado por los gobiernos como un camino a seguir a través de la teoría, pero no en la realidad. Los esfuerzos por establecer un curso de acción en la práctica -y no solo en la teoría- que pueda controlar la penetración del terrorismo islamista en la frontera, a diferencia del combate contra el narcotráfico, que si ha mostrado aciertos y éxitos, no han sido completamente exitosos, en ningún momento se creó una estrategia estatal profesional y conjunta. Los intentos por hacerlo perdieron cabida en la realidad por varias razones, entre ellas, la falta de disposición de los actores estatales para concretar y llevar a la practica la estrategia que se necesita y por desconocer lo básico, es decir la esencia de la amenaza.

Fuente: Infobae