Enlace Judío México.- Dinero bajo la mesa para las campañas
El pasado 29 de mayo se presentó el informe Dinero Bajo la Mesa: Financiamiento y Gasto Ilegal de las Campañas Políticas en México. El Informe de 225 páginas fue fruto del trabajo del economista y ex presidente del Instituto Federal Electoral (IFE) y actual director de Integralia Consultores, Luis Carlos Ugalde y la periodista María Amparo Casar, presidente ejecutiva de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, con el apoyo de los investigadores Ximena Mata Zenteno y Leonardo Núñez González.
LEÓN OPALÍN PARA ENLACE JUDÍO MÉXICO
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La realización del informe implicó una investigación documental y hemerográfica (información de periódicos, revistas y otros medios impresos) durante más de un año, con entrevistas a más de 60 actores vinculados a campañas, entre ellos gobernadores, candidatos, estrategas de campaña, asesores, empresarios, funcionarios públicos, encuestadores, directores de medios y periodistas.
El informe “abre una caja de pandora que todos esperamos, pero de la cual nunca se habían dado los cómo son, ni los hechos”, nuestra democracia está cimentada en cientos de miles de millones de pesos que ilegalmente se mueven y alimentan el negocios del voto. Ciertamente, el financiamiento y el gasto ilegal de las campañas políticas es el mayor problema de la democracia electoral mexicana. El sistema generoso de financiamiento público que surge en la reforma electoral de 1996 ha fracasado para prevenir la penetración de dinero “usurero” que fluye a las campañas en busca de beneficios particulares, y, contratos con el nuevo gobierno, permisos para establecimientos mercantiles, acceso al gobierno para influir en regulación favorable y también, para comprar impunidad, cuando un gobierno en funciones desvía recursos para apoyar a candidatos en contienda. De acuerdo al Informe, por cada peso que un candidato a gobernador reporta y que el INE observa, hay 15 pesos más que se mueven “por debajo de la mesa”.
Hay tres mecanismos ilegales de fondeo de campañas: desvió de recursos públicos, contribuciones de particulares y financiamiento del crimen organizado. Como una inversión cualquiera, quien lo hace es por la expectativa de un rendimiento futuro. El gobernante lo hace para apoyar al candidato de su partido o en ocasiones de otros partidos para garantizar la continuidad de su gobierno (el legado), para obtener impunidad o para construir redes de apoyo político que le ayuden a proseguir su carrera política. El empresario o contratista lo hace para obtener acceso al nuevo gobierno en la forma de contratos, permisos o regulación favorable. Y el crimen organizado lo hace para proteger su negocio, sea en la forma de rutas de trasiego de droga, protección de las policías y, recientemente, en contratos de obra pública.
En promedio, los principales candidatos a gobernador gastan más de diez veces el tope legal. Si el tope promedio es de 46.8 millones de pesos, el gasto promedio ejercido es de 470 millones de pesos, con casos superiores y otros inferiores, dependiendo del tamaño de la entidad y su nivel de competitividad electoral.
Las principales modalidades de desvío de recursos públicos son recaudaciones en efectivo que no ingresan a las tesorerías; el uso de facturas apócrifas; las adjudicaciones directas y subcontrataciones forzosas con sobrecostos; los descuentos de nómina, entre otros. Las modalidades de financiamiento privado ilegal implican la comisión de algunos delitos como lavado de dinero, defraudación y evasión fiscal, simulación de operaciones mediante empresas fantasma o fachada entre otras. El dinero a Campaña se entrega en efectivo o en especie, ya sea directamente al candidato o partido, o mediante terceros, usando esquemas de triangulación.
El principal destino del dinero ilegal en campañas es el clientelismo electoral: compra, movilización e inhibición del voto, así como el pago de estrategias de campaña y de cobertura en medios. El financiamiento y gasto ilegal de campañas es un problema sistémico, todos los partidos, en mayor o menor medida, lo practican. Si no se ataca la corrupción en el fondeo de campañas, será imposible combatir la corrupción gubernamental. Las campañas de este año en marcha dejarán una secuela de cuentas por pagar por varios años. Seguir en esta ruta sólo pudrirá aún más los cimientos de la democracia mexicana. El atractivo del dinero debajo de la mesa es que es un negocio, aunque el candidato pierda la elección. Estos mecanismos de “tranza” no solo funcionan en México, también se dan en los países desarrollados.
Limitan operaciones de empresas por violencia
El 28 de mayo pasado la empresa minera canadiense Pan American Silver redujo sus actividades en su mina de plata a cielo abierto “Dolores”, ubicada en el Estado de Chihuahua, por la creciente ola de violencia y crimen, tras incidentes de seguridad en las carreteras que usa para transportar personal y materiales a su mina. La minera informó en un comunicado que solo mantendrá el personal necesario para la seguridad del sitio y para sus actividades operativas.
Asimismo, Coca Cola Femsa, el mayor embotellador de la bebida en el mundo, cerró su centro de distribución en marzo pasado, en Ciudad Altamirano, Guerrero, por el hostigamiento constante que ha tenido de grupos delincuenciales.
También la violencia que se ha manifestado en el estado de Tamaulipas provocó que la empresa Lala cerrara operaciones en Ciudad Mante, al Sur del Estado. El grupo Lala es una de las principales lecheras a nivel nacional y en Latinoamérica. El municipio del Mante, con una población de 125,000, además de las extorsiones y cobros de piso a las empresas, registra ejecuciones y otros delitos; en los primeros cuatro meses del año hubo 31 homicidios dolosos, tres veces más que en todo 2017 y cuatro veces más que en 2016.
El municipio del Mante registra una tasa de 24.8 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, una cifra superior a la tasa nacional y más alta que presentan en los violentos estados de Guerrero, Baja California, Chihuahua y Sinaloa, y solo por debajo de Colima, el estado con mayor tasa de homicidios dolosos en México con 26.7 casos por cada 100 mil habitantes.
Los robos a trenes y camiones de carga se han disparado. Un número importante de transportistas están contratando a guardias armados para que los escolten; los robos a camiones se duplicaron en el 2017 a casi 3 mil. Cada vez es más frecuente el sabotaje a trenes, descarrilándolos para robarlos.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Consejo Coordinador Empresarial de México (CCE) han señalado que la violencia y el crimen en el país han llegado a niveles “nunca antes vistos” y exigen al gobierno que instrumente acciones inmediatas para frenar a la delincuencia. Consideran que la inseguridad ya está causando un severo daño económico, un impacto sobre la capacidad para atraer inversión y generar empleo. La Coparmex menciona que existe el imperativo de que las autoridades no posterguen las reformas para combatir la violencia y que las elecciones no deban ser un pretexto para seguir esperando.
El CCE acusó a los tres niveles de gobierno de ser omisos para proteger a la población e inversionistas, consignó que esto es inaceptable; demandó que no se postergue más la profesionalización de los policías, que se multipliquen los elementos donde sea necesario y se coordinen acciones con las fuerzas armadas cuando las autoridades civiles sean rebasadas por la delincuencia.
Los noticieros en la televisión dedican la mitad de su tiempo o más, a reseñar asesinatos dolosos, ejecuciones, atracos, todos ellos con violencia y crueldad. El escenario cotidiano asemeja al ambiente que prevaleció al final de los veintes y treintas en EUA, cuando las bandas delictivas se convirtieron en gobiernos paralelos; aunque las autoridades de la Ciudad de México niegan que en ésta operen carteles de la droga, resulta evidente, por la información que se da a conocer, que sí existen, y básicamente controlan la distribución de drogas al menudeo, en la que invariablemente participan jóvenes e, incluso, menores de edad.
Justamente, la semana estaba en mi automóvil esperando la luz verde en el sur de la Ciudad (Patriotismo y Félix Cuevas), cuando de repente cruzó la avenida un individuo que me señaló que mi coche tenía una llanta baja; no le hice caso, vi que volteó para constatar si me bajaba para revisar la llanta; inmediatamente otra persona mal encarada me hizo el mismo señalamiento, cuando se prendió la luz verde seguí mi camino. Mediante este truco los delincuentes pretenden que al bajar del vehículo realicen un robo exprés. En Crónicas ya relaté que en dos ocasiones el año pasado me quisieron asaltar.
Frente al entorno de inseguridad en el que vive México, todos los candidatos presidenciales, a gobernadores, senadores y alcaldes, prometen “acabar” con la violencia; esta es una actitud demagógica para obtener votos; terminar con la violencia precisa de inteligencia, policías capacitados y honestos, equipos y armamentos modernos; todo ello demanda de recursos económicos, y leyes que castiguen severamente a los delincuentes. Este será un proceso que requerirá el apoyo de la ciudadanía y se dará en el largo plazo, siempre y cuando exista voluntad política.
Las opiniones, creencias y puntos de vista expresados por el autor o la autora en los artículos de opinión, y los comentarios en los mismos, no reflejan necesariamente la postura o línea editorial de Enlace Judío.
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