(JTA) – Un municipio español canceló la invitación a una orquesta israelí y grupo de ballet de su programa cultural de otoño.
Traducción: Silvia Schnessel
Oviedo, diciendo que “las organizaciones israelíes no son queridas” en sus instalaciones, canceló la participación de la Orquesta de Cámara de Netanya y del grupo de ballet la semana pasada, informó el sitio de noticias Israel Valley.
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En 2016, un tribunal administrativo en la ciudad norteña de España dictaminó que una moción en apoyo del movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones, o BDS, contra Israel aprobada a principios de ese año por el Concejo Municipal de Langreo, también en el norte, era discriminatoria y debe ser desechada.
El mes pasado, el Ayuntamiento de Valencia, la tercera ciudad más grande de España, aprobó una moción declarando un boicot a Israel y a Valencia como “zona israelí libre de apartheid“. Una fracción local de la extrema izquierda, el tercer partido más grande de España, promovió el movimiento.
La semana pasada, el líder de Podemos, Pablo Iglesias Turrión, llamó al estado judío un “país criminal” durante una entrevista emitida por la cadena de televisión pública RTVE.
“Tenemos que actuar con más firmeza en un país ilegal como Israel“, dijo Iglesias Turrión, cuyo partido en 2015 ganó el 20 por ciento de los votos en las elecciones generales tan solo un año después de su creación.
Podemos ha pedido un boicot general a Israel y ha acusado a su gobierno muchas veces de aplicar políticas similares al apartheid. Sin embargo, declarar ilegal la existencia de Israel es un nuevo desarrollo.
ACOM, un grupo pro israelí español, dijo que ha iniciado un proceso legal contra Valencia por su voto para unirse al BDS. En los últimos años, las acciones de ACOM han llevado a descartar, anular o suspender 24 mociones para boicotear Israel por parte de los municipios españoles.
Tribunales en España, incluida la Corte Suprema de la nación en dos de sus fallos, han anulado un total de 16 mociones de boicot aprobadas por los municipios. Otros siete municipios cancelaron voluntariamente sus movimientos de boicot bajo amenaza de acción legal por parte de ACOM. La moción de boicot de un municipio fue suspendida por una orden judicial.
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