Política antiinmigrantes

Enlace Judío México.- Las repetidas declaraciones del presidente Trump sobre la inmigración ilegal a EUA, principalmente de mexicanos y centroamericanos, forman parte de una política de criminalizarlos, calificándolos de delincuentes, traficantes de drogas, violadores, entre otros señalamientos, y que supuestamente representan un riesgo para la seguridad de EUA. Detrás de esta óptica aberrante está un profundo sentimiento racista, escondido por un falso nacionalismo, que impulsan diferentes grupos de supremacistas blancos, Trump no está solo.

LEÓN OPALÍN PARA ENLACE JUDÍO MÉXICO

En abril pasado Trump adoptó medidas de “tolerancia cero” a la inmigración ilegal, separando a los niños que acompañan a sus padres cuando entran a EUA por la frontera sur de ese país; los menores fueron encerrados en jaulas en condiciones deplorables.

Con la nueva medida, la Fiscalía presenta cargos penales contra cualquier adulto que ingrese en forma ilegal a EUA; inmediatamente se le traslada a un centro de detención y, en caso de ir acompañado de un hijo, éste pasa a depender del Departamento de Salud y Servicios Sociales. En EUA, cuando los inmigrantes son detenidos por su estatus legal, tienen derecho a comparecer ante un magistrado, que decide si debe ser expulsado o, si por el contrario, puede permanecer en el país porque tiene también derecho a tramitar una petición de asilo.

De marzo a mayo del 2018 más de 50 mil personas fueron detenidas por cruzar ilegalmente la frontera de México hacia EUA, aproximadamente 15.0% llegaron como familias y 8.0% como menores no acompañados. En este ámbito, entre el 19 de abril y el 6 de junio, 1995 menores fueron separados de sus padres, entre ellos niños mexicanos. De aquí que el Gobierno mexicano, a través de su canciller, Luis Videgaray, condenó la nueva política de “tolerancia cero” del Gobierno de Donald Trump y la calificó de cruel, inhumana y violatoria de los derechos humanos.

“Conforme a nuestros principios constitucionales no podemos ser indiferentes ante un hecho que claramente representa una violación a los derechos humanos y que pone en situación de vulnerabilidad a niños menores, algunos incluso con discapacidad”, consignó.

Videgaray hizo un exhorto al Gobierno de Trump para que reconsidere esta política y se le dé prioridad al bienestar de los menores. También el canciller hizo un llamado a la comunidad internacional y a los organismos como la ONU para que emitan un posicionamiento claro sobre esta medida. Sobre una posible repatriación a México de ciudadanos de países como Honduras, El Salvador y Guatemala que ahora permanecen en EUA, aclaró que aunque en su país no se criminaliza a los inmigrantes, no se aceptará una repatriación de los extranjeros a México.

Las protestas en EUA y en el mundo frente a la inhumana medida de Trump se multiplicaron. “Las historias de niños, algunos de ellos simplemente bebés, separados de sus padres mientras buscan seguridad en EUA son desgarradoras”, acusó la directora ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (Unicef), Henrietta Fore.

A través de un comunicado de prensa, alertó que los niños, sin importar de dónde vienen ni cuál es su estatus migratorio, son niños en primer lugar. “Aquellos que no tuvieron más opción que huir de sus hogares tienen derecho a estar protegidos, acceder a servicios esenciales y estar con sus familias, como todos los niños.

Durante décadas, subrayó Henrietta Fore, el gobierno de EUA y sus ciudadanos nos han apoyado para ayudar a los niños refugiados, solicitantes de asilo y migrantes afectados por las crisis en todo el mundo.

Por su parte, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Hussein, exigió a EUA, “cesar inmediatamente” la separación forzosa de niños migrantes de sus padres y solicitó al gobierno de ese país ratificar la Convención sobre los Derechos de los niños, con el objetivo de asegurar que los derechos fundamentales de todos los menores, sin importar su estatus legal, esté en el centro de las leyes y políticas nacionales.

El propio secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres consideró que los niños “no deben ser traumatizados” al separarlos de sus padres en su cruce a EUA. Señaló que los refugiados y migrantes deben ser tratados con respeto y dignidad de acuerdo con la legislación internacional vigente. También la esposa del presidente Trump, Melania, pidió a la administración del país “gobernar con el corazón” y abogó por un acuerdo entre demócratas y republicanos para llegar a una ley de inmigración.

Por otra parte, en varias ciudades de EUA se registraron marchas de protesta contra la política de “tolerancia cero” de Trump, asimismo, 16 gobiernos estatales de la Unión Americana se declararon en contra de la aplicación de esta medida. Ante las múltiples críticas que Trump recibió a su política de “tolerancia cero”, el 20 de junio pasado se vio obligado a rescindirla y firmó una orden ejecutiva para detener la separación de los niños inmigrantes de sus padres.

El Ejército de EUA prepara las bases militares de Fort Bliss y Goodfellow en Texas, para albergar a los inmigrantes; aunque no se detalló la capacidad de los alberges, ni para quién serán destinados, si para niños o familias de inmigrantes.

En un aparente cambio de discurso, Trump dijo que no le gusta ver familias separadas, empero, insistió “debemos mantener fuertes nuestras fronteras o seremos invadidos por el crimen, por personas que no debieran entrar al país; cuando alguien entre debemos inmediatamente, sin jueces, ni casos en los tribunales, llevarlo de vuelta al lugar donde vino. Nuestro sistema es una broma en lo que se refiere a buena política de inmigración y ley y orden”.

En este ámbito, Trump consignó que contratar más jueces para llevar los procesos judiciales de los detenidos en la frontera representa un costo mayor y retrasa la deportación, lo que no permite desincentivar la migración.

Los republicanos esperan que se dé un acuerdo con los demócratas sobre una ley migratoria que financie el muro y detenga la separación de niños de sus padres en la frontera. Existen dos proyectos legislativos impulsados por los republicanos, en los que se plantea continuar con el reforzamiento de la frontera, con la construcción del muro fronterizo y detener la política de tolerancia cero.

Uno ofrece 25 mil millones de dólares para el muro a cambio del acceso a la ciudadanía para los indocumentados que llegaron al país de niños, conocidos como dreamers; el otro, no permite a los jóvenes indocumentados acceder a la ciudadanía e incluye polémicas propuestas, como el uso obligatorio por parte de las empresas de un programa informático para verificar el estatus migratorio de sus empleados.

En febrero, el Senado ya votó sobre cuatro proyectos legislativos de inmigración, pero todos fueron rechazados, incluida una propuesta bipartidista que proponía regularizar a 1.8 millones de indocumentados; sin embargo, tras el fracaso en el Senado, el debate pasó a la Cámara baja.

La última vez que el Congreso aprobó una reforma migratoria que permitió la regularización de indocumentados fue en 1986, bajo el gobierno de Ronald Reagan.

La política de Trump contra los inmigrantes ha causado daños irreparables a las familias. El Papa Francisco ha señalado que “salvar la vida de quien escapa de la guerra y de la miseria es un acto de humanidad”, es lo último que haría Trump.