Historia de la complicada abolición del Tribunal del Santo Oficio en el reino de España
La Inquisición Española -nunca olvidemos que hubo otras de idéntica índole en otros países- a lo largo del S XVIII comenzó a manifestar cambios : por ejemplo, ya no se colgaban de las paredes de las iglesias mantas con los nombres de las familias conversas desde 1747 y el último Auto de Fe perpetrado tuvo lugar en Sevilla en 1781, contra una mujer que decía tener revelaciones divinas y tenía contactos sexuales con sus confesores. Aunque continuaban las delaciones, las acusaciones y las condenas de otro tipo. Ya no había judaizantes, ni protestantes ni moriscos -los tres grandes grupos de sus objetivos, así que ahora se dedicaban a los blasfemos, los curanderos, los bígamos, los sodomitas etc. Así que, con los nuevos aires de la época de la Ilustración, la monarquía borbónica, de manos del Conde de Floridablanca, (Carlos III) se proponía reformar -que no abolir- la Inqusición. Y luego, Godoy y Jovellanos (Carlos IV) tuvieron también en mente amagos de reforma de esta innoble institución eclesiástica.
Pero entonces, Napoleón Bonaparte convence a Godoy, el ministro de Carlos IV para conquistar Portugal cuando lo que quería era conquistar España. En Bayona, carlos Iv y su hijo, Fernando VII, abdican de los derechos de la Corona de España en favor de Napoleón, que luego los cede a su hermano José Bonaparte -Pepe Botella. Se redacta una constitución bonapartista , la cual representa la primera abolición de la Inqusición lo que crea reacciones contrarias. Más tarde se ratifica en los Decretos de Chamartín. Su objetivo era por razones propagandísticas: se presentaba ante los franceses y ante toda Europa como el libertador de los pueblos oprimidos por el fanatismo religioso. Además les confiscó las propiedades.
La segunda abolición tiene lugar en Cádiz, con el decreto de 28 de febrero de 1813 de las Cortes de Cádiz, en el marco de la redacción y promulgación de la Constitución de las Cortes de Cádiz -popularmente conocida como La Pepa. El deabte entre liberales y conservadores fue largo, pero a favor de la abolición.
Aunque por poco tiempo, porque en 1814 regresa a España Fernando VII, decretando la nulidad de la Constitución de las Cortes de Cádiz, que considera ilegales, restableciendo el Consejo de la Inquisición, nombrando al obispo de Almería como nuevo inquisidor general. Esta rehabilitación ya estaba muy mermada en su poder, aunque segía persiguiendo con saña a los masones o por ejemplo interrogar a Francisco de Goya sobre las intenciones de pinturas como La Maja Desnuda.
El 20 de mayo de 1818 falleció el inquisidor general Mier y Campillo y fue sustituido en el cargo, por el obispo de Tarazona Jerónimo Castillón y Salas, que sería el último inquisidor general, porque tras el triunfo del pronunciamiento de Riego y el restablecimiento de la Constitución de 1812 en marzo de 1820, la Inquisición fue abolida .
Fernando VII muere en 1833 y eso genera un conflicto con la sucesión: por un lado, su hermano, Carlos, pretende el trono (empezando para ello la primera guerra carlista) y por el otro, la esposa de Fernando VII, María Cristina de Borbón y Dos Sicilias, que quiere que reine su hija, Isabel , de sólo tres años. Mª Cristina será la regente hasta la mayoría de edad de Isabel II. Para asegurarse el apoyo de los liberales en la entronización de su hija, firma sin problemas un decreto de Fco. Mnez. de la Rosa por el cual se suprimía la Inquisición “definitivamente”
El decreto lo publicó la Gaceta de Madrid el 17 de julio de 1834. Ese mismo día por la tarde estalló en Madrid un motín anticlerical : los anticlericales hacen responsable de la epidemia de cólera a las órdenes religiosas, como franciscanos, dominicos y jesuitas, que tanto habían colaborado con la Inquisición a lo largo de su historia. El resultado fue la matanza de frailes en Madrid de 1834 —más de 70 religiosos fueron asesinados.
Años más tarde, septiembre de 1868, con la Revolución de La Gloriosa, que depone a Isabel II, las cosas también cambian para los judíos: el General Prim decreta que los judíos “son libres de entrar en nuestro país y ejercer libremente el culto, así como a los miembros de todas las religiones”.
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