La Declaración de Independencia de Israel es la Ley del Estado-Nación

Enlace Judío México – A menos que la Knéset entre en razón en el último momento, Israel erradicará sus principios fundacionales, y con ellos la razón de ser de su propia existencia.

NOEMI HAZAN

La propuesta de Ley Básica: “Israel: El Estado-Nación del Pueblo Judío”, que se someterá a votación final esta semana, busca redefinir a Israel de acuerdo a un molde etnocéntrico judío a expensas de todos sus ciudadanos, revocando los principios de libertad, justicia, paz e igualdad anunciadas en su documento fundacional. Con la adopción de esta ley, ninguna redacción o simple revisión podrá reparar el daño a la imagen de Israel, y a su esencia misma.

Innumerables intentos de elaborar una Constitución para el Estado de Israel desde su creación hace 70 años han fallado debido a que ninguna de las versiones han logrado alcanzar el consenso mínimo requerido. Por lo tanto, una serie de leyes básicas que definen las estructuras y normas del país han servido como marco constitucional para los ciudadanos de Israel, proporcionando los parámetros para la revisión judicial y la legislación en curso.

En los últimos años, desde que los diputados Avi Dichter y Zeev Elkin presentaron por primera vez el proyecto de ley “Estado-Nación del Pueblo Judío” en 2011, se han discutido, debatido, revisado y finalmente abandonado varias alternativas. El objetivo de las diversas versiones ha sido codificar el carácter judío del Estado de Israel y otorgarles un peso constitucional. Al parecer, independientemente del desacuerdo actual sobre sus disposiciones y la inestable situación de seguridad, el primer ministro Netanyahu insiste en llevar a cabo estos esfuerzos esta semana y ha presionado a sus socios de la coalición para encontrar formas de concretar un acuerdo sobre formulaciones impugnadas con el fin de adoptar esta ley básica en su totalidad.

El problema del proyecto de ley en su totalidad es que sólo aborda el carácter judío de Israel: no menciona en absoluto sus fundamentos democráticos, el ethos de igualdad que lo ha guiado desde su fundación o la quinta parte de su población que no es judía. A finales de la segunda década del siglo 21, la coalición gobernante planea retroceder en los valores que le han permitido a Israel mantener su diversidad social y su vitalidad política ante las continuas amenazas a su seguridad.

La propuesta ha recibido mayor atención en la víspera de la votación (e incluso mientras se escriben estas líneas), principalmente en lo referente a las cláusulas más atroces que se han discutido en el comité especial establecido para redactar la versión final de la ley. Las cláusulas se centran en varios temas clave, el más flagrante es el permiso otorgado en la penúltima redacción del párrafo 7(b) “para el establecimiento de comunidades con una sola religión o nacionalidad”, que legalizaría la exclusión de los árabes ciudadanos de Israel, que constituyen más del 20% de la población y reclaman sólo el 2.1% de su tierra, de cientos de asentamientos comunitarios judíos, desafiando directamente los fallos de la Corte Suprema. Otros grupos podrían sufrir la misma discriminación.

La redacción moderada de esta cláusula, acordada ayer en las negociaciones entre Naftali Bennett y Benjamín Netanyahu, haría del asentamiento judío un valor nacional: “El Estado ve el desarrollo del asentamiento judío como un interés nacional y tomará medidas para alentar, avanzar y implementar este interés”. Este ajuste verbal, ahora dirigido más deliberadamente contra los árabes, sigue oliendo a prejuicio y mantiene un olor racista que será muy difícil de disipar.

Existe una cuestión similar en el párrafo 7(a) del proyecto de ley, que permite que “todos los residentes de Israel, independientemente de su religión o nacionalidad, mantengan su cultura, educación, legado, idioma e identidad”. Detrás de este lenguaje aparentemente neutral existe la posibilidad de que determinados grupos (como los ultraortodoxos, por ejemplo) puedan desistir de una educación básica para sus hijos, de continuar prácticas perjudiciales hacia mujeres o no creyentes o de excluir a negros o judíos orientales con impunidad. El pluralismo desprovisto de tolerancia y respeto mutuo recibe fácilmente protección constitucional.

Otro problema se relaciona con la degradación del estatus oficial del idioma árabe, protegido por la ley desde los días del mandato británico. En la última versión del párrafo 4 de “Israel: El Estado-Nación del Pueblo Judío”, se otorgará al árabe un estatus especial, pero sólo en relación con los servicios del gobierno. Esto, claramente, no solamente cambia el status quo; también es una ofensa directa a la identidad, la cultura y el patrimonio de la minoría nacional más grande de Israel.

Varias otras cláusulas también están en disputa, incluido el intento de agregar el término “religioso” al párrafo 1(b) que actualmente establece que “el Estado de Israel es el Estado-nación del pueblo judío, en el que cumple su derecho natural, cultural e histórico a la autodeterminación”. No hace falta decir que muchos israelíes seculares se sienten incómodos con esta interpretación, que difiere de los derechos “naturales e históricos” establecidos en la Declaración de Independencia. Otros han expresado sus reservas sobre el párrafo 3, que establece que “Jerusalén entera y reunificada” es la capital de Israel. Y han surgido más dudas sobre el párrafo 6, que se centra en la relación de Israel con el mundo judío (pero, ante la insistencia de los partidos religiosos, en la práctica excluye a la gran mayoría de los judíos de la diáspora, que se adhieren a corrientes liberales).

De hecho, un examen más detenido de casi cada oración del proyecto de ley despierta incomodidad – si no un desacuerdo absoluto – en ciertos segmentos de la sociedad israelí. En las últimas semanas, árabes y judíos, seculares y religiosos, nuevos inmigrantes y veteranos, mujeres y personas desfavorecidas, judíos en Israel y la diáspora, ashkenazim y Mizrahim, han expresado su descontento con algunas de sus disposiciones.

Figuras públicas clave han expresado abiertamente sus objeciones: desde Benny Begin, Tzipi Livni y Dan Meridor (todos vástagos de los fundadores del Likud) hasta Natan Sharansky y el presidente Reuven Rivlin, que comparten la misma orientación nacionalista (pero no sus desviaciones ultranacionalistas). Los juristas han cuestionado su constitucionalidad así como sus ramificaciones. Los líderes de la judería mundial han rechazado algunas de sus disposiciones. Miles de organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos individuales han expresado su mayor desagrado, incluso han salido a la calle para mostrar su disgusto. Y, a pesar de la ira que han despertado en los círculos del gobierno, los líderes democráticos en Europa y Norteamérica han advertido enérgicamente contra esta medida, citando el daño incalculable que traerá a la posición de Israel en el mundo democrático.

La propuesta es defectuosa. No sólo en sus detalles sino también en su conceptualización general: presenta una descripción estrecha, introspectiva y excluyente de Israel, opuesta a la visión abierta del país y sus aspiraciones articuladas por sus arquitectos hace 70 años. Esta es una legislación mediocre, deformada, superflua, extraordinariamente divisiva y, de hecho, autodestructiva que marcará a Israel con una marca de Caín que será difícil, si no imposible de arrojar en un futuro previsible. Ningún temor, oportunismo político, manipulación heurística o inseguridad puede justificar su imposición, bajo una coacción inmensa, en contra de los deseos expresos de gran parte de la población israelí y en desafío a sus fundamentos democráticos.

La identidad israelí no puede construirse a través de una legislación tan profundamente cuestionada. Deberá ser el resultado colectivo de los esfuerzos conjuntos de sus ciudadanos. Desde 1948, la Declaración de Independencia de Israel, la culminación del sueño sionista, ha cumplido este propósito (aunque los repetidos esfuerzos para afianzarlo en la ley han fracasado miserablemente). El proyecto de ley “Estado-Nación del Pueblo Judío” resta valor a este texto constitutivo y a sus bases ideológicas. Altera de manera irreparable las normas de Israel, socava su democracia -la principal fuente de su fortaleza a lo largo de los años – y confunde su futuro. Para que Israel siga siendo, de hecho y en espíritu, la patria nacional del pueblo judío, tiene que esforzarse por asegurar de todas las maneras posibles, en palabras de sus fundadores, “la completa igualdad de los derechos políticos y sociales a todos sus habitantes, sin diferencia de credo, raza o género” para las generaciones futuras.

Fuente: The Times of Israel / Reproducción autorizada con la mención: © EnlaceJudíoMéxico

Las opiniones, creencias y puntos de vista expresados por el autor o la autora en los artículos de opinión, y los comentarios en los mismos, no reflejan necesariamente la postura o línea editorial de Enlace Judío.