(JTA) — Una asesora para las comunidades mundiales del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo en un artículo de opinión que los críticos de la ley del Estado-nación que fue aprobada el mes pasado en la Knéset a menudo están “equivocados y desinformados”.
“Las acusaciones sobre los efectos de la nueva ley sobre la democracia israelí no tienen conexión con el contenido real o el contexto de la ley”, escribió Sara Greenberg en un artículo de opinión en el diario The Jerusalem Post.
Greenberg escribió que Israel ya tenía leyes para proteger las libertades individuales y definir las ramas del gobierno, y que la “naturaleza abierta, libre y democrática de Israel estaba consagrada en la ley”, pero que no había “definición de la identidad y el propósito del Estado” antes de la aprobación de la ley del Estado-nación.
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La nueva Ley Básica, que tiene un estatus casi constitucional, no “contradice o reemplaza las leyes básicas que protegen y garantizan los derechos individuales de todos los ciudadanos, independientemente de su origen étnico, religión o de género”, escribió.
Dirigiéndose a aquellos que dicen que la ley infringe la libertad religiosa, Greenberg dijo que “se relaciona sólo con los derechos nacionales del pueblo judío y no aborda cuestiones religiosas ni prescribe una religión oficial”.
Dijo que aunque el hebreo ha sido definido por la Ley Básica como el idioma oficial del estado, la nueva ley por primera vez consagra el árabe como un idioma con “estatus especial” y también establece que “el estatus dado al idioma árabe antes de esta ley entre en vigor no se dañará”. Esto significa que el árabe seguirá apareciendo en las señales de tráfico y la moneda de Israel, y en otros documentos nacionales.
Sobre la preocupación por establecer comunidades sólo para judíos, Greenberg dijo que la Corte Suprema de Israel hasta ahora sólo ha permitido sólo el establecimiento de comunidades no judías y que una cláusula en la legislación tenía la intención de corregir la disparidad. Finalmente, la sección fue eliminada de la legislación.
Finalmente, sobre el asunto de la Diáspora Judía, dijo que la ley menciona explícitamente que “el Estado actuará dentro de la Diáspora para fortalecer la afinidad entre el Estado y los miembros del pueblo judío” y que el lenguaje elegido para referirse a las actividades en la Diáspora sólo era para “evitar una situación antidemocrática en la cual un ‘derecho’ constitucional obligaría efectivamente al Gobierno israelí a tomar decisiones basadas en cómo serían percibidas en el exterior”.
Greenberg concluyó: “En una democracia fuerte y vibrante, con una prensa libre y abierta, no es sorprendente que haya un animado debate sobre una nueva ley básica”.
El martes, los líderes árabes israelíes presentaron una petición ante la Corte Suprema contra la ley del Estado-nación. Entre los firmantes figuraban el Comité de Supervisión Árabe Superior, el organismo que agrupa a las organizaciones árabe-israelíes; legisladores en la Lista Árabe Conjunta de la Knéset; y el comité de jefes y alcaldes árabes del consejo, informó The Times of Israel.
La petición dice que la ley es “racista, sumamente dañina para los Derechos Humanos fundamentales y contraviene las normas internacionales de Derechos Humanos, especialmente aquellas que prohíben las leyes que constituyen una constitución racista”. Es al menos el tercer reclamo legal presentado ante la Corte Suprema sobre la ley.
En una entrevista con la Radio del Ejército, la ministra de Justicia, Ayelet Shaked, advirtió sobre un intento de la Corte Suprema de anular la ley, diciendo que no tiene la autoridad para revocar una Ley Básica por motivos constitucionales.
“Tal movimiento causaría un terremoto entre diferentes autoridades”, dijo Shaked.
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