Enlace Judío México e Israel.- Con 56 votos a favor se aprobó el dictamen que establece que ningún funcionario podrá ganar más que la jefa de Gobierno.
El Congreso capitalino aprobó la ley de austeridad que retoma la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para regular el uso del gasto público en dependencias, órganos y entes de gobierno para evitar los dispendios de servidores públicos.
En ella se establecen candados sobre sueldos, viajes, recepción de regalos, seguros de gastos médicos, contratación de escoltas, adquisición de vehículos, entre otros.
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Con 56 votos a favor se aprobó el dictamen que establece que ningún funcionario podrá ganar más que la jefa de Gobierno, incluidos los titulares de órganos autónomos. No obstante, dicho candado será aplicable sólo a quienes sean de nuevo ingreso.
Sólo hubo una reserva al artículo 111 a fin de que se mantengan los seguros médicos y de vida para funcionarios que desempeñan labores de seguridad, protección civil y de emergencias.
Al fundamentar el dictamen, Guadalupe Morales recordó que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico estima que la corrupción le cuesta a México entre 5 y 10 por ciento del Producto Interno Bruto.
La legislación, resultado de 13 iniciativas en la materia presentadas por los diputados, incluyen restricciones para viajes al extranjero, uso y adquisición de vehículos oficiales y recepción de regalos.
En el caso de las salidas del país, sólo podrá realizar cada funcionario un viaje oficial al año, excepto la jefa de Gobierno, a quien se le autorizarán los viajes necesarios en el Congreso.
Quienes realicen viajes deberán entregar al Congreso un informe sobre el propósito de éste, así como de los gastos y resultados del mismo en los 15 días posteriores.
En lo que respeta al uso personal de bienes como telefonía, fotocopiado, alimentación, inmobiliario, pasajes, congresos deberán de ser para uso exclusivo de las dependencias y no personal o para terceros.
En caso de que sea así deberá retribuir el doble del costo, además de enfrentar posibles responsabilidades de orden civil o penal.
En tanto, para la adquisición de vehículos no podrán costar más de tres mil 300 veces la unidad de medida, es decir, 265 mil pesos y sólo se autorizarán vehículos más costososque requieran ser blindados y los cuales serán para uso exclusivo de funcionarios que por su labor requieran mayor seguridad, como la procuradora o el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Asimismo, se adicionó un artículo 63 bis a la ley de responsabilidades administrativas de la Ciudad de México, en el cual se establece que el servidor público cae en remuneración ilícita cuando aprueba el pago de una remuneración no autorizado por la ley o quien reciba pago indebido sin reportarlo dentro del plazo señalado.
Con información de:heraldodemexico.com.mx
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