Los votantes, no la Policía o los tribunales, deben decidir el futuro de Netanyahu

Enlace Judío México e Israel.- Criminalizar la relación matizada y desordenada entre los medios de comunicación y los políticos es una pendiente resbaladiza que pone en peligro a la democracia y a la libertad de la prensa de Israel.

ALAN M. DERSHOWITZ

Cuando estuve por última vez en Israel para asistir a la inauguración de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén, quedé sorprendido por cuantos desafíos enfrentaba el Primer Ministro Benjamín Netanyahu y cómo estaba lidiando con ellos. Además de los enfrentamientos fronterizos con Hamás, Siria y Líbano, Netanyahu debe confrontar las ambiciones nucleares de Irán, el impacto continuado de la decisión estadounidense de mudar su embajada a Jerusalén, la propuesta anticipada de paz sobre la que se está trabajando en la Casa Blanca, y la controvertida ley básica que ve a Israel como el estado-nación del pueblo judío.

Al mismo tiempo, él hizo un progreso diplomático significativo en África, América del Sur y Asia — e incluso entre los vecinos árabes suníes que comparten un temor a un Irán nuclear.

Netanyahu está enfrentando estos desafíos y otros más recientes — incluidos los políticos locales — con su característica tenacidad, astucia y preocupación primordial por la seguridad de Israel. Ya sea que uno concuerde o no con las políticas de Netanyahu, es difícil no admirar sus esfuerzos y resultados.

Lo que es bastante destacable es que él está haciendo todo esto mientras enfrenta muchas investigaciones penales. La cuestión en el centro de estas investigaciones parece trivial contra el contexto de las crisis existenciales que está enfrentando Israel, especialmente de un Irán cada vez más inestable, determinado a adquirir un arsenal nuclear.

La primera prueba, también conocida como causa 1000, involucra regalos de cigarros y champaña que recibió Netanyahu de amigos cercanos. Todos reconocen que los amigos tienen permitido dar vino y cigarros a los amigos, aun si el receptor es el primer ministro. La acusación es que Netanyahu tomó demasiados de tales regalos e hizo demasiados favores a cambio. ¿Pero cuánto es demasiado? La ley no lo dice. Es una cuestión de grado. Pero las cuestiones de grado no deben ser la base para enjuiciamiento penal. La ley debe ser clara — incluso cuantitativamente clara — para que todos puedan saber dónde está la línea y no la crucen. Hoy en Israel no hay línea clara en lo que hace a regalos de amigos. Tampoco hay precedentes inequívocos. Es un tema de discreción de la fiscalía.

Nadie debe ser acusado de un delito a menos que haya cruzado deliberadamente una línea clara y violado llanamente un estatuto penal serio. Derribar a un primer ministro elegido debidamente sobre la base de una aplicación expansiva y sin precedentes de un estatuto penal amplio y expandible hace peligrar la democracia. Creo firmemente que el criterio apropiado para la acusación penal no se ha cumplido en la causa de los cigarros y champaña contra Netanyahu.

Las otras investigaciones (nombradas 2000 y 4000) presentan peligros aún mayores para la gobernancia democrática y libertades civiles. La segunda investigación incluye conversaciones, grabadas por un asistente de Netanyahu, entre el primer ministro y el editor de un diario israelí, mientras que la causa 4000 se enfoca en los vínculos de Netanyahu, cuando él fue ministro de comunicaciones, con un magnate de las telecomunicaciones que controlaba un importante sitio noticioso israelí.

En ambos casos, el primer ministro está siendo investigado esencialmente por tratar presuntamente de presionar a los medios — con largos historiales de atacarlo a él y a su familia — para que sean más justos. El editor de Yedioth Ahronoth, Arnon (Noni) Mozes, está siendo investigado por buscar la aprobación de legislación que habría recortado a su competidor principal, Israel Hayom, un diario gratuito respaldado por Sheldon Adelson. Al final, Netanyahu se opuso a la legislación, optando por ir a elecciones anticipadas en el 2014 en vez de permitir que sea aprobada, y Mozes continuó las críticas hacia él y su familia.

En la causa 4000, Netanyahu está siendo investigado por buscar cobertura más justa del sitio noticioso Walla, a cambio de apoyar decisiones regulatorias hechas por funcionarios públicos.

Así que con lo que nos quedamos es con una exploración de los motivos: En el caso de Yedioth, ¿intentó Mozes lograr que el primer ministro apoye legislación prometiendo terminar o reducir los ataques mediáticos? ¿Creyó Mozes que el primer ministro de hecho cambiaría su fuerte oposición a la legislación por apoyo fuerte? ¿Netanyahu tenía realmente intención de cambiar su oposición por apoyo, o estuvo meramente jugando con él, como hacen los políticos? ¿El primer ministro realmente creyó que el editor cambiaría su largo historial de ataques por apoyo? Si Netanyahu creyó que estaba haciendo algo delictivo al discutir estas cuestiones, ¿por qué él hizo que su jefe de gabinete grabe las conversaciones en la causa de Yedioth y no borre las cintas?

En el caso de Walla, las preguntas son similares, involucrando especulación concerniente al estado mental de los participantes.

Estos son el tipo de preguntas que se debe dejar a escritores y lectores al decidir por quién votar y a cuál medio suscribir. No son el tipo de preguntas que fiscales y policía deben tener el poder de preguntar a los funcionarios electos y magnates de medios de comunicación como parte de una investigación penal.

La relación entre la política y los medios de comunicación — y entre políticos y editores – es demasiado matizada, sutil y compleja como para estar sometida a la mano dura de la ley penal.

Muchos votos por parte de políticos son ideados, en parte –sea consciente o inconscientemente — para reunir cobertura favorable de los medios de comunicación y para conseguir otros resultados en favor propio. En muchos casos, un artículo publicado por un periodista, redactor o editor es también calculado en algún grado para promover el interés propio — ya sea económico, político o relacionado a la carrera. Empoderar a los fiscales para investigar estas motivaciones mixtas es empoderarlos para ejercer control no democrático sobre instituciones cruciales de la democracia.
Consideren la ley Israel Hayom propuesta que está en el centro de la causa 2000. Más de 40 miembros de la Knesset apoyaron la ley, a pesar de sus problemas constitucionales obvios, acerca de los cuales he escrito.

¿Todos ellos lo hicieron únicamente por motivos altruistas? ¿O al menos algunos de ellos permitieron que el temor a la cobertura negativa o la perspectiva de cobertura positiva por parte de Yedioth — el beneficiario principal de la ley propuesta — inclinara la balanza en favor de su apoyo? ¿Deben ser empoderados los fiscales y la policía a preguntar bajo juramento a todo miembro de la Knéset que apoyó el proyecto de ley para investigar sus motivaciones? ¿Deben ser empoderados para preguntar a los periodistas que posteriormente publicaron informes favorables acerca de estos partidarios?

Este es el “desfile de horribles” que puede seguir a partir de las actuales investigaciones al primer ministro y los editores.

En el clima político contemporáneo, en el cual grandes empresas de medios de comunicación — sea Yedioth, Walla, The New York Times, Time-Warner, Bloomberg, Fox, Yahoo, Facebook o Google — hacen más que informar las noticias, habrá más y más regulación de sus actividades por parte del gobierno.

Estas empresas de medios buscarán influenciar el discurso político que afecta su resultado final, mientras ellas informan simultáneamente sobre él.

En algunos casos, los votos positivos serán recompensados con cobertura positiva, y los votos negativos con cobertura negativa. Esa es – ha sido y será siempre — la naturaleza de la política y su relación con aquellas instituciones que informan sobre ella. “Rasca mi espalda y yo rascaré la tuya” es tan israelí como el falafel y tan estadounidense como la tarta de manzana.

Los votantes y lectores tienen el derecho, quizás el poder, de promover más visibilidad y responsabilidad de aquellos por quienes votan y aquellos cuyas noticias leen o ven. Pero la policía y los fiscales no deben entrometerse en esta relación compleja, desordenada y con matices entre la política y los medios de comunicación, excepto en casos de corrupción financiera clara e inequívoca mucho más allá de lo que es alegado en los casos en curso.
Entonces, permitan que Netanyahu continúe su importante obra. Si a los israelíes no les gusta lo que él está haciendo, pueden votar contra él. Si no les gusta cómo están informando los diarios o sitios noticiosos particulares, ellos pueden suscribir a medios diferentes. Pero criminalizar estas diferencias políticas es hacer peligrar la democracia y la libertad de la prensa.

Carta abierta del Prof. Dershowitz al Fiscal General de Israel:

Según informes de prensa, usted está a punto de acusar al Primer Ministro con cargos relacionados con sus relaciones con los medios. En mi opinión, cualquiera de tales cargos haría peligrar, como lo señalé en el artículo adjunto, la democracia y la libertad de la prensa. Ese es el motivo por el cual le estoy escribiendo esta carta abierta. Tales cargos abrirían una caja de Pandora de la cual fluiría un desfile de horribles. Todo funcionario de gobierno–legisladores, jueces, fiscales, oficiales de policía, administradores–que buscó cobertura positiva en los medios, y luego hizo algo que ayudó a los medios de comunicación, tendría que ser investigado.

En el asunto de Yedioth Ahronoth, más de 40 miembros de la Knéset y miembros del gabinete votaron en favor del diario, mientras que el Primer Ministro Netanyahu mató efectivamente el proyecto de ley y fue a elecciones. Muchos de estos miembros de la Knéset luego recibieron cobertura positiva en Yedioth Ahronoth. Pero no fueron investigados. Sólo el Primer Ministro, quien mató el proyecto de ley, está siendo acusado.

Esta disparidad ilustra la enorme discreción que tienen los fiscales al acusar selectivamente a presuntos violadores de esta herramienta fiscal de composición abierta.

No hay ningún principio limitante para esta intromisión abierta de la ley penal dentro de la relación delicada, y protegida legalmente, entre los funcionarios de gobierno y los medios de comunicación.

Cualquiera de tales cargos daría a las fuerzas de la ley demasiado poder para ordenar a los medios de comunicación y a los funcionarios que ellos cubren cómo relacionarse entre sí. En una democracia, la crítica a la relación entre los medios y el gobierno debe ser dejada a los votantes y no a los fiscales. Yo lo insto a usted, Sr. Fiscal General, a considerar las consecuencias peligrosas para la democracia y la libertad de la prensa si usted sigue adelante con estas acusaciones contra el Primer Ministro.

Respetuosamente,
Alan Dershowitz

Fuente: Haaretz
Traducido por Marcela Lubczanski para Enlace Judío México.