Enlace Judío México e Israel.- Con la propuesta de ley consistente en poner las decisiones emergidas del Legislativo sobre la Suprema Corte, se abriría una peligrosa puerta para el abuso y el desacato a muchos de los principios sobre los que se fundó el Estado de Israel.
Es ya un lugar común señalar la importancia que para el cabal ejercicio de la democracia tienen la separación de Poderes y el efectivo funcionamiento de los pesos y contrapesos. En ese sentido, el Poder Judicial, con la institución de la Suprema Corte de Justicia a la cabeza, constituye un instrumento clave para evitar los muy posibles excesos, transgresiones y atentados a derechos consagrados a los que suelen recurrir el Ejecutivo y el Legislativo cuando aspiran a imponer leyes y políticas afines a intereses no legítimos, cuya naturaleza socava y contradice los principios básicos mismos de la vida democrática.
Como ejemplo de estas situaciones protagonizadas por líderes con pulsiones autocráticas, están el presidente turco, Erdogan, y el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, conocidos ambos por su talante abiertamente autoritario. Ellos han maniobrado con gran habilidad durante sus mandatos para despojar a sus respectivas supremas cortes de los dientes necesarios para fungir como dique contra las aspiraciones autocráticas de quien ocupa el puesto del Ejecutivo y además posee mayoría parlamentaria a su favor. Por desgracia, en nuestro mundo actual en el que proliferan los populismos de toda laya, se muestra cada vez con más frecuencia esa tendencia a controlar, domesticar o anular la función esencial para la cual existe la instancia de la Suprema Corte.
Uno de los casos más recientes se dio en Israel durante la semana que termina. En pleno proceso de formación del próximo gobierno, encabezado de nueva cuenta por Benjamin Netanyahu, estalló el escándalo: el propio Netanyahu, con apoyo de uno de sus socios en la futura coalición, el partido Derecha Unida de corte extremadamente radical, anunció una propuesta de ley consistente en poner las decisiones y regulaciones emergidas del Legislativo, por encima de la Suprema Corte. En otras palabras, el Poder Judicial quedaría neutralizado en sus funciones básicas, con la posibilidad de que leyes y políticas aberrantes que atenten contra derechos humanos o contra principios esenciales de la democracia, se aprueben e implementen sin obstáculo importante que lo detenga.
El motor principal para la ejecución de esa maniobra es, sin duda, la necesidad de Netanyahu de blindar a su persona contra el muy posible enjuiciamiento que deberá enfrentar en el futuro, luego de que el fiscal general, Avichai Mendelblit, lo acusara hace casi tres meses de los delitos de fraude, soborno y abuso de confianza. La jugada del premier y sus aliados apunta a evitar que la Suprema Corte le quite la inmunidad. En otras palabras, obtener el fuero está siendo la causa de la embestida contra el Poder Judicial, pero de paso, si quienes lo impulsan lo consiguen, habrán desmantelado uno de los mecanismos más fundamentales del funcionamiento democrático del sistema político israelí. Más aún cuando Israel no posee una constitución, sino tan sólo leyes básicas que de algún modo cumplen con ese papel.
Es así como, en adelante, todo podría ser posible. Las decisiones de una mayoría legislativa apoyada por el primer ministro en turno, por arbitrarias o atentatorias que fueran, tendrían oportunidad de imponerse con relativa facilidad. Tanto en lo que se refiere a asuntos relacionados con el conflicto palestino-israelí, o con la relación entre religión y Estado, o respecto al trato a las minorías y los refugiados, por citar tan sólo algunas áreas, se abriría una peligrosa puerta para el abuso y el desacato a muchos de los principios sobre los que se fundó el Estado de Israel.
La alarma ya ha sonado. En el bloque de la oposición a Netanyahu, las protestas no se han dejado esperar. Tanto el general Benny Gantz, contendiente por la primera magistratura en las recientes elecciones, como los generales Yalón y Ashkenazi, han denunciado, en consonancia con múltiples instancias de la sociedad civil, lo que está ocurriendo, calificándolo como un gravísimo atentado contra la democracia. La propia presidenta de la Suprema Corte del país, la magistrada Esther Hayut, hablando el martes pasado en un foro en Nuremberg, Alemania, recordó, a título de advertencia para muchas naciones, que hoy coquetean con el plan de instalar autocracias y apuntalar sistemas liberales, lo ocurrido en Europa en la década de los años treinta del siglo pasado, cuando en procesos políticos similares y al amparo de fervores populistas y ultranacionalistas, se destruyeron por esa misma vía del debilitamiento de los poderes judiciales, los contrapesos que podían haber puesto un alto a la entronización de las dictaduras de aquellos tiempos cuyas “hazañas”, por desgracia, bien conocemos.
Fuente:excelsior.com.mx
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