Enlace Judío México e Israel.- A menos que Washington ataque al grupo más eficazmente, éste puede sobrevivir a la presión sobre Teherán.
EMANUELE OTTOLENGHI
Hezbolá está sintiendo el dolor de la campaña de máxima presión del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump sobre Irán, según se informa. Teherán, después de todo, contribuye en unos u$s700 millones con el presupuesto anual estimado de aproximadamente u$s1,000 millones del grupo designado terrorista por Estados Unidos. A medida que las sanciones aprietan a Teherán, supuestamente está fluyendo menos dinero hacia Hezbolá como resultado.
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Pero es improbable que las sanciones contra Irán causen que Hezbolá vaya a la quiebra, porque el grupo libanés ingresa un estimado de u$s300 millones anuales de fuentes independientes, incluidos los producidos del crimen transnacional, aunque la cifra verdadera es probablemente mucho más elevada. En el tráfico de cocaína en explosión en Latinoamérica, miembros de Hezbolá y asociados proveen a los carteles servicios confiables de lavado de dinero.
A menos que la administración Trump comience a interrumpir estos flujos de dinero, Hezbolá vivirá para luchar otro día más.
Hezbolá ya ha mostrado que puede sobrevivir a las sanciones duras contra Irán.
Entre los años 2006 y 2014, la comunidad internacional levantó gradualmente un régimen de sanciones formidable para presionar a Teherán hacia concesiones nucleares. Pero esas sanciones tuvieron poco impacto sobre la capacidad de Hezbolá de consolidar su control sobre la política interna de Líbano mientras libra la guerra en la puerta de al lado en Siria. Irán, de hecho, aumentó sus contribuciones a pesar de las sanciones. El presupuesto de Hezbolá también se expandió a lo largo de esos años porque las dos décadas previas, Hezbolá había diversificado sus fuentes de ingreso a través de esquemas financieros ilícitos en Latinoamérica.
Washington no ha hecho esfuerzos consistentes para hacer frente a esta amenaza. Por temor a hacer descarrilar las negociaciones nucleares con Irán, el gobierno del ex presidente estadounidense Barack Obama finalizó Project Casssandra, una operación de ocho años dirigida por la Administración de Control de Drogas (DEA) destinado a combatir la creciente confabulación de Hezbolá con carteles de droga. La administración Trump prometió volver su atención nuevamente a las operaciones latinoamericanas de Hezbolá, pero hasta ahora no ha emitido ni sanciones ni acusaciones contra aliados de Hezbolá en Latinoamérica.
Sin dudas, Washington no ha estado ocioso en tomar como blanco a Hezbolá fuera de Latinoamérica. Desde enero del 2017, el Departamento del Tesoro ha sancionado a docenas de líderes, agentes, asociados de Hezbolá, y sus negocios. El Departamento de Justicia nombró a Hezbolá una de las principales cinco organizaciones transnacionales que amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos. También estableció dos fuerzas de tareas de Hezbolá para revisar la decisión de Obama de no buscar acusaciones a los traficantes de droga de Hezbolá y entablar acciones judiciales por los delitos financieros de Hezbolá. El Congreso, por su parte, aprobó nuevas sanciones a Hezbolá en octubre pasado, dando al presidente autoridad más expansiva para enjuiciar a los facilitadores financieros de Hezbolá.
Además, las pruebas en curso de las operaciones latinoamericanas de Hezbolá están devengando resultados importantes. La administración Trump ha indicado que un testigo clave de los crímenes financieros de Hezbolá en el hemisferio occidental, el ex jefe de la inteligencia venezolana Hugo Carvajal, puede enseguida estar compartiendo “un tesoro” de información con las autoridades estadounidenses. La relación sombría entre Venezuela, Irán, y Hezbolá se expandió durante el mandato de Carvajal. Él fue arrestado en España en abril y está esperando la extradición a Estados Unidos bajo cargos de droga según una acusación presentada originalmente en el 2011. Sin embargo, los fiscales estadounidenses no tienen que esperar a las revelaciones de Carvajal para comenzar a atacar los esquemas de lavado de dinero latinoamericanos de Hezbolá.
La evidencia firme respecto a las redes financieras ilícitas de Hezbolá ya está al descubierto, a veces gracias a fuentes improbables. Una es Ayman Joumaa, el capo de uno de los esquemas de lavado de dinero más grandes de Hezbolá, al cual la DEA investigó como parte de Project Cassandra.
La DEA creía que Joumaa, usando al Banco Libanés Canadiense y una vasta red de negocios, lavó u$s200 millones mensuales para carteles de droga colombianos y mexicanos. La investigación culminó en la acusación a Joumaa en el 2011 y en acciones de decomiso civil contra el Banco Libanés Canadiense y una serie de concesionarias de coches usados en Estados Unidos. La red de Joumaa usó supuestamente a empresas estadounidenses para comprar coches usados y volver a venderlos en África Occidental como parte de un medio complicado de lavar dinero de drogas de regreso a los carteles.
Joumaa aún tiene que enfrentar a la justicia de Estados Unidos. En su lugar, en el 2017, él buscó que el Departamento del Tesoro quite su designación. Como parte de este intento, él documentó voluntariamente cientos de transacciones entre empresas en su mayoría venezolanas de propietarios libaneses y proveedores asiáticos, con los pagos pasando a través de casas de cambio de dinero sancionadas en Líbano. Joumaa creyó muy probablemente que los documentos enviados probarían su inocencia. De hecho, este vertedero de documentos incluye nombres y detalles personales de propietarios de empresas, números de cuentas bancarias, y otra información útil para mapear su red y ver en qué medida podría estar operando aun. (Joumaa perdió su intento y sigue sancionado.)
La evidencia de los crímenes de Hezbolá está también disponible en negocios no terminados del mismo caso del Banco Libanés Canadiense que implicó a Jocuma. Hezbolá aprovechó 300 concesionarias de coches usados radicadas en Estados Unidos en su esquema de lavado de dinero exportando vehículos a África Occidental. Pero las acciones contra la red del banco afectaron sólo a 30 negocios.
La mayoría de los 270 restantes están operando aun. Un procesamiento de Project Cassandra del 2015 confirma que incluso después de la desaparición del Banco Libanés Canadiense, Hezbolá estaba todavía lavando vastas sumas de dinero a través de concesionarios de coches en Benin. El rastro del dinero aún está caliente, casi una década más tarde. Pero el Departamento de Justicia no ha tomado ninguna acción adicional.
Y hay poca duda que el Departamento del Tesoro piensa que los esquemas de lavado de dinero están aún vigentes. En abril, el departamento sancionó a Chams Exchange Company, una casa de cambio en Líbano. Según el informe de prensa, Chams lavó dinero en favor de organizaciones de tráfico de drogas en todo el mundo—incluyendo transferencias de Brasil, Colombia, y Venezuela—para beneficio de carteles de droga latinoamericanos, tales como La Oficina de Envigado. Según el Departamento del Tesoro, Joumaa era uno de los clientes de Chams Exchange. El departamento tomó como blanco el punto de ingreso del dinero de Hezbolá en Líbano—una medida importante y una que tomó repetidamente en el pasado. Pero no se ha tomado ninguna acción seria hasta ahora para interrumpir los flujos de dinero de Hezbolá en sus puntos de inicio en Latinoamérica, ni sus numerosos facilitadores financieros han sufrido alguna consecuencia por sus acciones en curso. Estos pueden incluir a nacionales brasileños libaneses que están operando en la Zona de Triple Frontera de Argentina, Brasil, y Paraguay.
La Zona de la Triple Frontera es un centro de lavado de dinero y actividades de tráfico de drogas. Y la administración Trump la ha nombrado como un área de interés significativo para las finanzas terroristas de Hezbolá. La presencia de Hezbolá allí está bien documentada y está creciendo. Sin embargo, Estados Unidos no ha sancionado a ningún agente o facilitador de Hezbolá en la Zona de la Triple Frontera en más de una década, a pesar de evidencia, descubierta por la prensa paraguaya en noviembre del 2018, de esquemas de lavado de dinero a gran escala con base en la Zona de Triple Frontera beneficiando supuestamente a Hezbolá.
Las acusaciones también han sido muy lentas en llegar.
Washington también ha fallado en obtener alguna condena por finanzas terroristas, aun cuando muchos de los esquemas de lavado de dinero en cuestión continúan pasando a través de Estados Unidos. Estos planes, sin embargo, presentan no sólo preocupaciones de finanzas terroristas, lo cual sería suficientemente malo. Ellos constituyen una amenaza para la integridad del sistema financiero de Estados Unidos.
Hay abundante evidencia de que las autoridades de EE.UU podrían usar su influencia para ir tras Hezbolá más eficazmente.
Washington tiene múltiples caminos que podría tomar para esto. Primero, el gobierno de Trump debe desatar al Departamento de Justicia contra las redes de Hezbolá. Para hacer eso, el departamento tiene que tener más recursos dedicados a la campaña: más abogados, más analistas, más intérpretes, más agentes de campo, preferiblemente con habilidades idiomáticas que incluyan no sólo español y portugués sino árabe también. Llamar a algo una fuerza de tareas no puede compensar por la escasez de personal y recursos.
Segundo, la administración Trump debe imponer sanciones, procesamientos, y otras acciones prohibitivas contra actores malignos en vez de dejarlos en el campo, como a menudo defienden los funcionarios de inteligencia, en la esperanza que puedan volverse informantes. Fuentes confidenciales dentro de la comunidad de inteligencia en Latinoamérica se han quejado a la Fundación para la Defensa de las Democracias que el Departamento de Estado ha vetado numerosas órdenes de arresto contra agentes de Hezbolá. Si esto fuera cierto, debilitaría seriamente los objetivos de seguridad nacional de EEUU.
Tercero, Estados Unidos debe empezar a atacar a los facilitadores de Hezbolá. Si países como Paraguay no pueden o no limpian sus sistemas político y bancario, Estados Unidos debe presionar a los foros internacionales como la Fuerza de Tareas de Acción Financiera para ponerlos en la lista negra. (El estatus de Paraguay en el organismo regional de la fuerza de tareas está actualmente bajo revisión.) El Departamento del Tesoro puede designar también a instituciones financieras usadas por Hezbolá como entidades de interés primario por lavado de dinero en virtud de la Sección 311 del Acta Patriota. Esta es la misma medida que usó Obama para tomar como blanco al Banco Libanés Canadiense en el 2011.
La presión combinada de la designación de la Sección 311 y la prosecución penal estadounidense fue finalmente responsable por forzar al banco a limpiar su acto.
Cuarto, la administración Trump podría tomar como blanco jurisdicciones extranjeras enteras en Latinoamérica, tal como la Zona de la Triple Frontera, como zonas de interés, muy de la misma forma en que Washington castigó anteriormente al sistema bancario de Irán por su rol en financiar el terrorismo y proliferación.
Quinto, Estados Unidos debe negar o revocar las visas de funcionarios latinoamericanos que se salen del camino para involucrarse con Hezbolá o que obstaculizan a la justicia estadounidense. Algunas élites políticas y económicas latinoamericanas pueden asociarse con criminales, pero también adoran a Estados Unidos como un lugar para estudiar, vacacionar, y hacer compras. Esto ofrece enorme influencia a Washington. A veces, la humillación pública puede ser más eficaz que un proceso judicial.
Por último, Estados Unidos debe reforzar el impacto de sus designaciones terroristas contra los financistas de Hezbolá en Latinoamérica atacando también a las empresas locales que los ayudan. Los individuos sancionados están aún comerciando y viajando con pocos problemas. Si el Departamento del Tesoro comenzara a imponer regularmente multas y designaciones contra empresas locales que facilitaron tales actividades, es más probable que ellas corten sus vínculos con Hezbolá.
La administración Trump está aplastando con éxito la economía de Irán. Pero a menos que extienda su campaña de presión máxima a las múltiples fuentes de ingresos de Hezbolá, el satélite terrorista de Teherán retendrá su capacidad de atacar los intereses estadounidenses mientras continúa recaudando fondos para sus necesidades propias.
*Emanuele Ottolenghi es un miembro principal en la Fundación para la Defensa de las Democracias.
Fuente: Foreign Policy
Traducido por Marcela Lubczanski para Enlace Judío México
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