Enlace Judío México e Israel.- La ONU celebró este jueves el Día Mundial de los Refugiados, una forma de poner en el centro de la discusión a un fenómeno que afecta directamente a 70,8 millones de personas en el planeta, e indirectamente a muchas más, por las consecuencias que genera en los países receptores.
DARIO MIZRAHI
Al menos 25 personas por minuto tuvieron que dejar sus casas en 2018, huyendo de la guerra, de la violencia y del hambre, según el informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). El promedio de desplazados por día ascendió a 37.000 el año pasado.
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El organismo estima —haciendo cálculos conservadores— que en todo el mundo hay 70,8 millones de personas desplazadas. La mitad son niños, de los cuales unos 111.000 están solos, sin sus familias.
Es una problemática en aumento: en la actualidad hay cerca del doble de desplazados que hace 20 años y sólo en 2018 se incorporaron 2,3 millones a la lista. El objetivo de declarar este jueves 20 como Día Mundial de los Refugiados es poner el foco en este drama humanitario y en sus devastadoras consecuencias sociales, económicas y políticas.
Si bien no todos los desplazados son refugiados, son distintos estatus en el marco de un fenómeno común. De acuerdo con los parámetros del ACNUR, son propiamente refugiados quienes huyeron de su país por causa de conflictos políticos, guerras o persecuciones, pidieron asilo y fueron aceptados por otro estado. En este momento hay 25,9 millones de individuos en esa condición.
El estadio previo es el de los solicitantes de asilo, aquellos que también tuvieron que dejar su nación, pero están a la espera de que les permitan quedarse en donde se encuentran o de que los envíen a otra parte. Son 3,5 millones.
El resto son los desplazados internos, personas que debieron abandonar sus hogares, pero en lugar de exiliarse buscaron refugio en otras regiones de su país. Son 41,3 millones.
El 67% de los refugiados provienen de cinco países. En el tope está Siria, de donde ya se fueron 6,7 millones. Luego vienen Afganistán (2,7 millones), Sudán del Sur (2,3 millones), Myanmar (1,1 millones) y Somalia (900.000).
Las otras dos categorías tienen a América Latina en el centro. La novedad de los últimos tres años fue el colapso político y económico de Venezuela, que provocó uno de los mayores éxodos de la historia de la región. En 2018 se convirtió en el país con mayor número de solicitantes de asilo: 341.800.
“Venezuela atraviesa una grave crisis de masivas violaciones de derechos humanos que se evidencian en, además de la inseguridad jurídica y personal, la violencia institucional y la represión a la protesta, en la pérdida de la calidad de vida, la falta de acceso a los derechos a la alimentación adecuada y a la salud. Ante este panorama, los flujos de movilidad humana hacia otros países se han incrementado sustancialmente. Más de 4 millones de personas dejaron Venezuela escapando de las violaciones de derechos humanos, la mayoría desde 2015. Es el éxodo más grande en la historia reciente de nuestra región y una situación de emergencia gravísima, comparable a países que viven conflictos armados internos hace muchos años”, explicó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina (AIA), consultada por Infobae.
Filippo Grandi, titular del ACNUR, presentó el informe con los últimos datos de la organización este miércoles en Berlín. En su discurso, hizo un especial énfasis en la situación latinoamericana, que no solía ocupar las primeras páginas en estos reportes. “Tenemos una crisis en una región del mundo que hasta hace unos pocos años creíamos que había logrado una relativa estabilidad”, dijo.
La huida de los venezolanos obligó a las naciones vecinas a coordinar esfuerzos. “Para atender la situación de personas migrantes y refugiadas venezolanas, once estados suscribieron en septiembre de 2018 la Declaración de Quito sobre ‘movilidad humana de nacionales venezolanos en la región’, seguida de un plan de acción acordado en noviembre por ocho estados: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. El Proceso de Quito y su plan de acción son una oportunidad para operacionalizar el principio de responsabilidad compartida y ofrecer una respuesta regional integral con enfoque de derechos humanos a la situación de las personas que huyen de Venezuela, fortaleciendo y mejorando los mecanismos alternativos a la condición de refugio, como son los permisos de residencia temporal”, dijo Belski.
Aunque el país que mayor cantidad de venezolanos recibió es Colombia, la mayoría de las solicitudes de asilo se realizaron en Perú. Allí se hicieron 190.500 de las 341.800. El dato revela que el número de potenciales refugiados entre los migrantes es muy superior, pero muchos permanecen en una situación informal, invisibles para las autoridades estatales.
“Algunas noticias son desalentadoras —continuó la directora de AIA—. En Perú, el segundo país receptor de migrantes y refugiados venezolanos (más de 728.000 personas) después de Colombia (que ya recibió más de 1,2 millones), el Gobierno adoptó recientemente una lamentable medida restrictiva que consiste en solicitar visa humanitaria a los ciudadanos que quieran ingresar al territorio nacional. Estas restricciones migratorias generan mayor vulnerabilidad a quienes huyen de la inseguridad, del hambre y de la falta de oportunidades”.
El segundo país de origen en cantidad de solicitantes de asilo a nivel mundial es Afganistán, con 107.500. Lo sigue Siria, con 106.200, lejos del pico de 409.900 que tuvo en 2015. Luego vienen Irak, con 72.600, y la República Democrática del Congo, con 61.100.
El país con más desplazados internos es Colombia. Alrededor de 8 millones de personas fueron forzadas a dejar todo y empezar una nueva vida en otra parte como resultado del medio siglo de conflicto armado. En segundo lugar está Siria, con 6,1 millones, y tercero Congo, con 4,5 millones.
También es dramático lo que ocurre en América Central, particularmente en Honduras, Guatemala y El Salvador, que se convirtieron en expulsores de personas por la violencia del crimen organizado. “Allí se observan acciones de bandas armadas, que evocan a lo que algunos grupos armados, gubernamentales o no, hacen en otros países”, dijo Grandi.
Una crisis humanitaria y política
Sería incompleta y probablemente desacertada cualquier descripción de lo que implica tener que dejar todo lo que uno tiene para salvar su vida, y tratar de seguir adelante en un lugar que no conoce, que muchas veces es completamente hostil. La de los refugiados es, antes que nada, una crisis humanitaria.
Pero sería un error desconocer la dimensión política y económica del fenómeno, por lo que genera la llegada masiva de personas a otros países. Siempre hay ciudadanos convencidos de que es necesario recibirlas y ayudarlas en lo que se pueda. Pero también están los que se oponen y temen que los refugiados traigan consigo problemas. Por eso, reclaman a sus gobiernos que no los dejen entrar y que expulsen a quienes ya ingresaron.
La dirigencia política tiene que hacer un delicado equilibrio entre cumplir con las obligaciones de su país como miembro de la comunidad internacional y dar respuesta a la crisis humanitaria, pero sin descuidar a sus bases de sustentación política. Algunos líderes tratan de hacerlo. Pero otros aprovechan los miedos de la población y agitan consignas xenófobas para ganar elecciones y acumular poder.
Cuatro de cada cinco refugiados viven en países vecinos al de origen. El que más recibe es Turquía, que alberga actualmente a 3,7 millones. No llama la atención, considerando que comparte frontera al sur con Siria e Irak, dos de las naciones que más personas expulsaron en los últimos años.
En segundo lugar está Pakistán, con 1,4 millón, seguido de Uganda (1,2 millón) y Sudán (1,1 millón). El único país desarrollado que entra al top cinco es Alemania, con 1,1 millón.
Grandi destacó la política migratoria de la canciller Angela Merkel, quien pagó un alto costo político por la decisión de abrir las fronteras alemanas a cientos de miles de solicitantes de asilo. “No estoy acostumbrado a dar un puntaje, pero creo que en este caso debemos felicitar a Alemania por lo que hizo. La canciller fue muy valiente”, sostuvo el Alto Comisionado.
Su caso fue bastante excepcional. En Italia, uno de los países que mayor cantidad de personas recibió desde el Mediterráneo, gobierna desde el año pasado una coalición que tiene como ministro del Interior a Matteo Salvini, que empezó a oponerse al arribo de refugiados, al punto de rechazar el ingreso de barcos humanitarios que rescatan a migrantes naufragados.
Los países del sur del continente reclaman a los del norte que haya compensaciones económicas y un reparto equilibrado de la cantidad de refugiados que acepta cada uno. Sin embargo, todos los intentos de la Unión Europea de acordar un esquema conjunto fracasaron.
“La crisis de refugiados ha tenido un impacto muy importante en todo el mundo por sus características y su magnitud —dijo Belski—. Principal e inicialmente en Europa, y luego en otros continentes. Ha generado reacciones disímiles entre los gobiernos e incluso entre los propios ciudadanos de un país o de un país en relación a otro. Muchos gobiernos han reaccionado con rechazo, instalando narrativas negativas en torno a estas poblaciones, con discursos irresponsables y xenófobos que hacen a estas poblaciones directamente responsables de los problemas sociales que tienen en sus propios países”.
Más allá del avance de la extrema derecha en muchas regiones del mundo, también se pueden encontrar en todas partes respuestas solidarias. Son muchas las personas dispuestas a ayudar y hay distintas organizaciones no gubernamentales que trabajan para canalizar esos esfuerzos.
“Por ejemplo —contó Belski—, en Argentina existe el Programa Siria y otros programas similares de patrocinio comunitario en algunos países como Irlanda, Nueva Zelanda o España, inspirados en un exitoso modelo canadiense que lleva más de 40 años en práctica. A través de estas iniciativas, las personas que van a ser patrocinadoras tienen que suscribir un acuerdo con su gobierno por el que se comprometen a recaudar los fondos necesarios para apoyar a las personas refugiadas por un periodo determinado, que suele ser 12 meses, y asumen la responsabilidad de ayudar en los asuntos logísticos como buscar alojamiento, matricular a los niños y niñas en la escuela, y hacer posible el acceso a la atención médica”.
Fuente:infobae.com
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