Vida y muerte en Caracas

Enlace Judío México e Israel.- Rafael Acosta Arévalo murió por heridas después de ser colgado de un árbol y golpeado.

MARY ANASTASIA O´GRADY

Una prominente abogada venezolana de derechos humanos acusó la semana pasada que Rafael Acosta Arévalo, un capitán retirado de la armada venezolana, fue torturado hasta morir a fines de junio por miembros del servicio de contrainteligencia militar del dictador Nicolás Maduro.

Tamar Sujú dijo que Acosta fue vendado, colgado de un árbol y golpeado ferozmente. Ella dijo también que sus captores lo obligaron a jugar a la ruleta rusa mientras se balanceaba en el aire.

Un informe forense filtrado muestra heridas consistentes con sus afirmaciones. Pero el oficial de 50 años condecorado, quien fue dispensado honorablemente en el año 2007, puede haber sufrido mucho más antes de morir en las pocas horas del 29 de junio. Él estaba en una cafetería en Caracas el 21 de junio con otros ocho oficiales retirados cuando todos ellos fueron arrestados, posiblemente bajo sospecha de conspirar contra el régimen. Maduro sin dudas quiso enviar un mensaje al ejército.

Michelle Bachelet, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, visitó Venezuela en junio. El jueves su oficina dio a conocer un informe sobre derechos humanos en el país desde enero del 2018. Las conclusiones, puestas dentro del registro de la ONU,muestran lo que grupos humanitarios han estado documentando por años: Venezuela es un pozo de brutalidad patrocinada por el Estado.

El informe es un acontecimiento bienvenido en un país que ha estado importando la barbarie del régimen de Castro por dos décadas. Pero no contiene ninguna mención de Cuba, la cual entrena y maneja la vigilancia para el espantoso aparato de seguridad estatal de Venezuela. Esta omisión, muy evidente en un informe que de otra manera sería iluminador, plantea dudas acerca de la seriedad del trabajo de la comisionada.

El informe incluye una mirada a 135 casos de individuos detenidos. En su mayoría, “hombres y mujeres que fueron sometidos a una o más formas de tortura, trato o castigo cruel, inhumano o degradante, incluyendo choques eléctricos, sofocación con bolsas plásticas, submarino, golpizas, violencia sexual, privación de agua y alimento, posiciones tensionantes y exposición a temperaturas extremas.”

La comisión encontró que “las fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia …recurren de forma rutinaria a tales prácticas para extraer información y confesiones, intimidar, y castigar a los detenidos.”

Es bien sabido que estos “servicios” están compuestos de cubanos y venezolanos. Un congresista venezolano alegó que el coronel cubano Eliader Martínez es el jefe de la brigada de tortura en Venezuela y solicitó una investigación internacional.

Las familias de los hombres asesinados por las fuerzas especiales de la policía nacional, conocidas como FAES, “describieron todas un modus operandi similar”, según el informe de la ONU. Los agentes “llegarían en camionetas pick-up sin chapas patente y bloquearían los puntos de la zona. Estaban vestidos de negro, sin ninguna identificación personal, con pasamontañas cubriendo sus rostros.” Los matones del gobierno fueron descriptos “irrumpiendo en casas, tomando pertenencias [de las víctimas], y ejerciendo violencia de género contra mujeres y niñas, incluyendo desnudez forzada. Ellos separarían a los hombres jóvenes de los otros familiares antes de dispararles.”

El asesinato de Acosta ocurrió después de que la ONU terminó su trabajo, pero tiene las características de un asesinato hecho en La Habana. Una semana después de su arresto, el paradero de Acosta era desconocido. Su viuda, Waleska Pérez, me dijo por teléfono el jueves que poco después que él desapareció ella presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington y presentó un pedido de habeas corpus en la corte venezolana. Ninguna oficina respondió.

A las 10 p.m. del 28 de junio Acosta fue llevado ante un juez, aunque no había sido acusado de ningún delito. Él no podía levantar sus brazos, ponerse de pie, asentir con la cabeza o hablar, según la Sra. Pérez. Sus ojos daban vueltas en la cabeza.

Incluso el juez nombrado por el régimen quedó espantado ante la visión del acusado golpeado, quien ordenó fuera enviado de inmediato a un hospital pequeño, pobremente equipado, cerca de Fuerte Tiuna, donde murió horas después.

El informe forense filtrado muestra, según se informa, 16 costillas rotas, una nariz rota y hemorragia en el cerebro. La Sra. Pérez me dijo que él no podía pararse porque las plantas de sus pies habían sido mutiladas.

La Sra. Pérez dice que lo que sucedió a su marido es emblemático de los incontables abusos de derechos humanos de Venezuela. Ella busca justicia para ella y sus hijos. Pero necesita recuperar su cuerpo para probar lo que le fue hecho a él, y el régimen está amenazando con cremarlo. Ella ha apelado a la Sra. Bachelet en busca de ayuda pero no ha recibido una respuesta.

La dictadura quiere que el público crea que Acosta fue asesinado por agentes delincuentes. Pero eso delata el terror persistente y generalizado descripto en el informe de la ONU y en la cobertura mediática diaria. Algunos días después que muriera el capitán de la armada, un chico de 16 años estaba marchando con su madre en el Estado de Tachira para quejarse por una escasez crónica de gas propano para cocinar. Él fue cegado de forma permanente por la policía nacional que disparó una salva de balas de goma a su cara. Mientras tanto, los paraderos de los otros ocho arrestados junto a Acosta siguen siendo desconocidos.

La represión venezolana no es ningún accidente. Es dirigida desde La Habana. Tal vez la Sra. Bachelet pueda investigar eso.

Fuente: The Wall Street Journal
Traducido por Marcela Lubczanski para Enlace Judío México