Enlace Judío México e Israel – Mediante un decreto presidencial, el gobierno argentino ordenó la “desclasificación absoluta de la totalidad de la información y documentación relacionada con el atentado perpetrado contra la AMIA, su encubrimiento y delitos conexos existente en todas las dependencias de la Administración Pública Nacional”.
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, desde el pasado jueves otorgó el carácter público a los documentos relacionados con el atentado perpetrado en 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que dejó 85 muertos, reportó la agencia local Telam.
Aunque resguardando la identidad de los agentes que declararon en los procesos, así como la información relativa a representantes de otros países, en particular sobre la identidad de los agentes de inteligencia extranjeros.
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Fernández había anticipado la medida durante su discurso de apertura de las sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa argentina el pasado 1 de marzo.
Tras “26 años del atentado a la AMIA, ordenaré a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI, servicio secreto) desclasificar los testimonios secretos brindados por agentes de inteligencia en los juicios en los que fuera investigado el hecho y la responsabilidad de funcionarios del Estado en el encubrimiento del mismo”, dijo el domingo el mandatario.
El ataque explosivo al centro comunitario judío ubicado en el céntrico barrio de Once de Buenos Aires fue el peor atentado que sufrió Argentina en su historia y es atribuido por la Justicia al entonces gobierno iraní y al partido libanés Hezbolá, aunque aún no se ha dictado sentencia.
Ocurrió dos años después del atentado contra la embajada de Israel en la capital argentina, con un saldo de 29 muertos.
La Justicia argentina atribuye la autoría del ataque a la AMIA a Irán, con el expresidente Akbar Hasemí Rafsanyani, fallecido en enero de 2017, y el exministro de Exteriores Alí Akbar Velayatí entre los sospechosos, pero aún no se ha logrado la detención de los imputados.
“Resulta imperioso comenzar un trabajo definitivo sobre la información relacionada al citado atentado y su encubrimiento, disponiendo medidas de carácter urgente, a fin de impulsar un proceso de transparencia y publicidad en el manejo de información existente en el ámbito estatal”, indica la resolución.
El decreto destaca que mantener documentos clasificados de carácter no público relacionados con el accionar de los organismos de inteligencia o de cualquier organismo vinculado a la investigación del atentado “resulta contrario a la búsqueda de la verdad”.
Finalmente el dictamen invita a las autoridades correspondientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Corte Suprema de Justicia de La Nación a dictar normas en similar sentido para garantizar la puesta en marcha de este decreto.
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