Clasificación de archivos del atentado a la AMIA: una nueva farsa

Enlace Judío México e Israel – El atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) fue un ataque terrorista con coche bomba que sufrió esta asociación en Buenos Aires, Argentina, el 18 de julio de 1994, con un saldo de 85 personas muertas y 300 heridas, el mayor ataque contra objetivos judíos después de la Segunda Guerra Mundial.

La comunidad judía en Argentina tiene casi 200 mil personas, más del 80 por ciento viven en la ciudad de Buenos Aires, representa la sexta mayor del mundo. El de la AMIA fue el segundo atentado registrado en Argentina tras el perpetrado en 1992 contra la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992, en el que murieron 29 personas.

En 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner y después de 12 años de investigación, el fiscal especial a cargo de la investigación del atentado, basado en los informes de los Secretaría de Inteligencia de Argentina (SI), de los estadounidenses e israelíes, acusó formalmente a el gobierno de Irán de aquél entonces, y de planificar el atentado, y a la organización terrorista Hezbolá, su brazo armado en el Líbano, de ejecutarlo. Irán negó estar relacionado con el ataque. 

La Justicia argentina imputó a 8 funcionarios iraníes y un ciudadano libanés de ser los autores contra los que ordenó alertas rojas de captura de la Interpol. En septiembre de 2003, uno de los acusados, el exembajador iraní en Argentina, Hadi Soleimapour, fue detenido en Gran Bretaña acusado de haber participado en el atentado, pero la Justicia británica rechazó su extradición y fue liberado.

Durante los primeros años de la investigación, la Justicia argentina, con el apoyo del gobierno del presidente Carlos Menem (de origen libanes y musulmán) encubrió el atentado armando una causa para imputar falsamente a expolicías de la provincia de Buenos Aires y llevarlos a juicio. El llamado “primer juicio” (2001-2002) fue contra 22 acusados de la conexión local y haber facilitado la camioneta de explosivos. Durante el juicio, los presidentes Eduardo Duhlde y Néstor Kirchner eximieron a los agentes de inteligencia de su deber el secreto de las operaciones al momento de declarar como testigos, a dos de los tres fiscales, altos funcionarios del gobierno de Menem y la SI. El 2 de septiembre del 2004, el tribunal dictó sentencia absolviendo a todos los acusados y ordenó su liberación.

El presidente Kirchner creó una fiscalía especial para el caso AMIA y designó para dirigir a la misma al fiscal Alberto Nisman. En 2006 Nisman después de examinar detalladamente toda la causa, aseguró tener nuevas pruebas. Entonces el nuevo juez de la causa por el atentado volvió a ordenar la captura de los 7 exfuncionarios iraníes y un miembro operativo de Hezbolá acusados por la fiscalía.

En 2013 el Congreso argentino ratificó un memorándum de entendimiento Argentina-Irán, firmado por el gobierno argentino, con el supuesto fin de destrabar la causa estableciendo un mecanismo para tomar indagatoria a los iraníes acusados en su país. Sin embargo, en enero de 2015 Nisman presentó una denuncia contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el canciller argentino (de origen judío) Héctor Timerman y otros funcionarios, considerando que el memorándum constituía un plan delictivo orientado a encubrir a los iraníes en la causa.

En este contexto, el lunes 18 de enero de 2015, horas antes de presentarse ante el Congreso para informar sobre la denuncia y poco antes de iniciarse el juicio por encubrimiento, Nisman fue encontrado muerto de un disparo en la cabeza en su departamento de Buenos Aires. La muerte de Nisman, cuya investigación no ha concluido 5 años después, al inicio de 2020, ha estado en el centro de una disputa política en Argentina. No obstante, hay evidencias de que fue asesinado para que no hiciera pública la acusación contra Cristina Fernández, quien desde el 10 de diciembre del 2019 se desempeña como vicepresidenta de la República.

Cristina Fernández empezó a enfrentar problemas judiciales en la recta final de su presidencia (2007-2015), empero, se cancelaron y multiplicaron desde que dejó el poder. La exmandataria tiene hoy 6 causas abiertas, entre ellas 4 por presuntos casos de corrupción, por los que también han sido procesados sus hijos, exaltos cargos de su gobierno y empresarios afines. Cristina Fernández, no pudo ser detenida por tener fuero de Senadora, negó todas las acusaciones y se declaró una perseguida política.

En la denuncia explosiva que hizo Nisman contra la presidenta Cristina Fernández de firmar el memorándum de entendimiento con Irán, mencionó que lo hizo a cambio de impunidad para los sospechosos iraníes del ataque a la AMIA. En medio de la conmoción social, la justicia archivó la causa que volvió a reabrirla con el presidente Macri, sin resultado.

Por otra parte, cabe destacar que pocos meses después de la muerte de Nisman, se inició el “segundo juicio“ de la AMIA, preparado por Nisman, en el que el principal acusado era el expresidente Menem. El juicio tuvo escasa cobertura por la prensa. El 28 de febrero de 2019 se dictó sentencia siendo condenado por encubrimiento y corrupción el exjuez de la causa, Juan Carlos Galeano, el exjefe de la Inteligencia, Hugo Anzorreguy, y otros funcionarios de Estados. Empero, al expresidente Menem la Justicia “le hizo los mandados”.

En este contexto, de una “Justicia viciada” en Argentina, el presidente Alberto Fernández en funciones a partir de diciembre de 2019, anunció el primero de marzo de 2020 que ordenará desclasificar información de inteligencia relacionada con el atentado de la AMIA en 1994 “que permanece impune”, Alberto Fernández señaló “que tras 26 años del atentado ordenará a la Agencia Federal de Inteligencia, desclasificar los testimonios secretos blindados por agentes de inteligencia en los juicios en que fuera investigado el hecho y la responsabilidad de funcionarios del Estado en el encubrimiento del mismo”.

Familiares de las víctimas de la AMIA de la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA) señalan que después de prometer un punto final “para los sótanos de la democracia”, en vez de abrir los archivos y entregarlos a una comisión investigadora independiente, el gobierno se encamina “a dar vuelta a la página” y poner punto final a cualquier posible investigación, reafirmando su intención de seguir manipulando el tema del atentado para preservar el sistema judicial, “corrupto y podrido”.

Asimismo, otros familiares de las víctimas, dirigentes comunitarios y expertos que debaten el decreto presidencial, afirman que ya existen tres decretos previos, disponiendo medidas similares. Se considera que los familiares víctimas del atentado se exponen a vivir una nueva frustración. No hay optimismo. El nuevo decreto  quedará como un anuncio como los que hicieron anteriormente, con las desclasificaciones y no sirvieron para nada.

En el 2005, el entonces presidente Kirchner dictó la resolución 119 para que el Sistema de Inteligencia abriera sus archivos a las partes de la causa, medida que está vigente. Luego su sucesora Cristina Fernández de Kirchner firmó el decreto 395 del 2015 en el que se dispuso la desclasificación de la documentación como lo solicitó la Unidad Fiscal de la AMIA, tras el crimen de Nisman, que fuera remitida en custodia a la referida unidad fiscal mediante resolución de la exsecretaria de Inteligencia de la presidencia de la nación.

En el mismo sentido, el expresidente Mauricio Macri firmó el decreto 229 del año 2017, que dispuso la descalificación de la totalidad de las noticias, informes y resoluciones que no fueron dispuestas por el artículo 395.

En este ámbito surge la duda sobre el nuevo decreto del presidente Alberto Fernández ¿A quién se le va a dar la información y si se va entregar lo proporcionado por los servicios extranjeros, de EUA, de Israel y de otros países? Hay que mencionar que “por compromisos internacionales, el Estado Argentino no puede difundir secretos enviados por servicios de inteligencia de otros países”.

Por su parte, el extitular de los Servicios de Inteligencia de Argentina y exdiputado peronista, Miguel Ángel Toma, piensa que la clave es saber si el decreto del presidente Alberto Fernández va a desclasificar el informe AMIA producido por la Secretaría de Inteligencia del año 2002, sobre el que se basa Nisman para acusar a Irán como autor intelectual del atentado. Este informe, “más el documento de Nisman de 2013 sobre la expansión terrorista de Irán en América Latina y la reunión del exfiscal de la AMIA con el conductor suicida, Ibrahim Hussein Berro, con los informes valiosos que dan el contexto”. Miguel Ángel Toma considera que el decreto del presidente Alberto Fernández debería incluir también la causa contra Cristina Fernández, por el supuesto encubrimiento de Irán en el atentado, que señaló Nisman en 2015.

Desde Menem a la fecha todos los gobiernos han borrado de una u otra manera los hechos para que se desviara el camino de la verdad. Cuando Alberto Fernández asegura que le interesa develar lo sucedido en la AMIA, solo crea una nueva cortina de humo. 

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