Enlace Judío México e Israel.- El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo el jueves que la pandemia de coronavirus es “una crisis humana que se está convirtiendo rápidamente en una crisis de derechos humanos”, informa The Times of Israel.
El jefe de la ONU dijo en un mensaje de video que existe discriminación en la prestación de servicios públicos para abordar COVID-19 y que existen “desigualdades estructurales que impiden el acceso a ellos”.
Guterres dijo que la pandemia también ha visto “efectos desproporcionados en ciertas comunidades, el aumento del discurso de odio, los ataques contra grupos vulnerables y los riesgos de respuestas de seguridad duras que socavan la respuesta de salud”.
Advirtió que con “el creciente etno-nacionalismo, populismo, autoritarismo y un retroceso contra los derechos humanos en algunos países, la crisis puede proporcionar un pretexto para adoptar medidas represivas con fines no relacionados con la pandemia”.
La policia prepara un avion no tripulado para localizar residentes que no cumplan con la orden de quedarse en casa implementada debido a la pandemia de coronavirus en Szolnok, Hungria, 13 de abril de 2020. (Janos Meszaros / MTI a través de AP)
En febrero, Guterres hizo un llamado a la acción a países, empresas y personas para ayudar a renovar y revivir los derechos humanos en todo el mundo, presentando un plan de siete puntos en medio de las preocupaciones sobre el cambio climático, los conflictos y la represión.
“Como dije entonces, los derechos humanos no pueden ser una ocurrencia tardía en tiempos de crisis, y ahora enfrentamos la mayor crisis internacional en generaciones”, dijo.
El secretario general dijo que publicaría un informe el jueves sobre cómo los derechos humanos deben guiar la respuesta al virus y la recuperación de la pandemia. Ni él ni el informe mencionan países o partes responsables de violaciones de derechos humanos.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, habla con The Associated Press en Lahore, Pakistan, el 18 de febrero de 2020. (AP Photo / K.M. Chaudhry)
Guterres dijo que los gobiernos deben ser “transparentes, receptivos y responsables”, y enfatizó que la libertad de prensa, las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y el “espacio cívico” son esenciales.
El informe dice que los gobiernos también deben tomar medidas para mitigar los peores impactos de COVID-19 en el empleo, los medios de vida, el acceso a los servicios básicos y la vida familiar.
Guterres dijo que cualquier medida de emergencia, incluidos los estados de emergencia, debe ser “legal, proporcionada, necesaria y no discriminatoria, tener un enfoque y duración específicos y adoptar el enfoque menos intrusivo posible para proteger la salud pública”.
“Es posible que se necesiten poderes de emergencia, pero amplios poderes ejecutivos, rápidamente otorgados con una supervisión mínima, conllevan riesgos”, advirtió el informe. “Las respuestas de seguridad duras socavan la respuesta de salud y pueden exacerbar las amenazas existentes para la paz y la seguridad o crear otras nuevas”.
El informe dice que la mejor respuesta es proporcional a la amenaza inmediata y protege los derechos humanos.
“El mensaje es claro: las personas, y sus derechos, deben estar al frente y al centro”, dijo Guterres.
A medida que los gobiernos de todo el mundo promulgan medidas de emergencia para mantener a las personas en casa y evitar la pandemia, algunos no están contentos de que se publiquen sus pasos en falso. Otros están aprovechando la crisis para silenciar a los críticos y reforzar el control.
“COVID-19 plantea amenazas importantes para la seguridad del gobierno y del régimen, ya que tiene el potencial de exponer la mala gobernanza y la falta de transparencia en los problemas que afectan a todos los ciudadanos en un país determinado”, dijo Aim Sinpeng, profesor asistente de ciencias políticas en la Universidad de Sydney.
“Como la pandemia es un problema mundial y está constantemente en las noticias de todo el mundo, los gobiernos tienen más dificultades para controlar los mensajes al público sin exponer lo poco / cuánto hacen en comparación con otros países del mundo”, dijo en una entrevista por correo electrónico.
En Camboya, donde el Primer Ministro Hun Sen ha estado en el poder durante 35 años, el grupo de derechos humanos LICADHO ha documentado 24 casos de personas detenidas por compartir información sobre el coronavirus.
A una periodista local, a la derecha, le controlan la temperatura para cubrir un evento en Phnom Penh, Camboya, el 28 de marzo de 2020. (Foto AP / Heng Sinith)
Incluyen cuatro partidarios del opositor Partido de Rescate Nacional de Camboya disuelto.
Human Rights Watch también informó el arresto y el interrogatorio de una niña de 14 años que expresó temores en las redes sociales sobre los rumores de casos positivos de COVID-19 en su escuela y en su provincia. El grupo retuvo más detalles para salvaguardar la privacidad de la niña.
El primer ministro de Hungría, Viktor Orban, pudo haber sido el más hábil en la explotación de la crisis de salud.
El Parlamento de su país le otorgó el poder de gobernar indefinidamente por decreto, sin las restricciones de las leyes existentes o las restricciones judiciales o parlamentarias. Un aspecto de la ley aparentemente aprobado para hacer frente al coronavirus exige penas de prisión de hasta cinco años para los condenados por difundir falsedades o hechos distorsionados durante la emergencia.
“Los problemas de salud globales causados por COVID-19 requieren medidas efectivas para proteger la salud y la vida de las personas”, reconoció la comisionada del Consejo de Europa para los Derechos Humanos, Dunja Mijatovic. “Esto incluye combatir la desinformación que puede causar pánico y malestar social”.
Pero dijo, “lamentablemente algunos gobiernos están usando este imperativo como pretexto para introducir restricciones desproporcionadas a la libertad de prensa. Este es un enfoque contraproducente que debe detenerse. Particularmente en tiempos de crisis, necesitamos proteger nuestras preciosas libertades y derechos”.
El primer ministro hungaro, Viktor Orban, responde a un parlamentario independiente durante una sesion de preguntas y respuestas del Parlamento sobre una votacion para aprobar la legislacion que extiende el estado de emergencia y le otorga al gobierno poderes extraordinarios para promulgar medidas para contener la propagacion del nuevo coronavirus. 30 de marzo de 2020. (Zoltan Mathe / MTI a traves de AP)
Los legisladores en Filipinas aprobaron el mes pasado una legislación especial que otorga poderes de emergencia al presidente Rodrigo Duterte.
Duterte, ya criticado por una guerra brutal contra las drogas que ha dejado miles de muertos, ha sido ferozmente beligerante hacia los críticos. La nueva ley hace que “difundir información falsa sobre la crisis de COVID-19 en las redes sociales y otras plataformas” sea un delito punible con hasta dos meses de cárcel y multas de hasta 1 millón de pesos ($ 19,500).
Al menos dos reporteros han sido acusados por la policía de difundir información falsa sobre la crisis.
“Se teme que Duterte use su mayor autoridad para sofocar el disenso y atacar aún más a (sus) enemigos políticos”, dijo Aries Arugay, profesor asociado de ciencias políticas en la Universidad de Filipinas.
Egipto expulsó a un corresponsal del periódico británico The Guardian por un informe que cita un estudio que cuestionó el recuento oficial de casos de coronavirus. Irak suspendió las operaciones de la agencia de noticias Reuters por tres meses e impuso una multa de aproximadamente $ 20,800 por informar que el número real de infecciones y muertes fue mucho más de lo que el gobierno reconoció. Reuters mantuvo su historia.
En Serbia, la policía detuvo brevemente a la periodista Ana Lalic, quien escribió sobre la falta de equipo de protección y las condiciones “caóticas” en un gran complejo hospitalario. El centro clínico dijo que su artículo “perturbó al público y lastimó la imagen de la organización de salud”.
El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte con el presidente Reuven Rivlin (invisible) en la residencia del presidente en Jerusalen el 4 de septiembre de 2018. (Ohad Zwigenberg / Pool / Yedioth Ahronoth / Flash90)
El gobierno también cerró sus conferencias diarias de noticias sobre coronavirus para periodistas y les pidió que enviaran sus preguntas por correo electrónico. Dijo que está destinado a detener la propagación del virus, pero los grupos de derechos y los medios independientes lo denunciaron como una forma de censura.
Un estado de emergencia invocado a fines de marzo otorga al Primer Ministro de Tailandia, Prayuth Chan-ocha, poderes extraordinarios para luchar contra COVID-19, incluida la censura de los medios.
Según los informes, más de una docena de personas en Tailandia fueron arrestadas por cargos relacionados con la difusión de información errónea sobre el coronavirus.
Los mejores expertos en salud pública de Tailandia merecen crédito por sus sinceros esfuerzos para contrarrestar la desinformación, dijo Joel Selway, profesor asociado de ciencias políticas en la Universidad Brigham Young, quien ha publicado un libro sobre política y políticas de salud en los países en desarrollo.
“Esto no significa que el gobierno liderado por Prayuth no se aprovechará de esto para aplastar a los opositores políticos”, agregó.
La crisis actual también ha llevado a la propagación del antisemitismo. A principios de esta semana, Moshe Kantor, presidente del Congreso Judío Europeo, dijo a los periodistas que “desde el comienzo de la pandemia COVID-19, ha habido un aumento significativo en las acusaciones de que los judíos, como individuos y como colectivos, están detrás de la propagación del virus o se están beneficiando directamente de él”.
“El lenguaje y las imágenes utilizadas identifican claramente un renacimiento de las ‘libelos de sangre’ medievales cuando los judíos fueron acusados de propagar enfermedades, envenenar pozos o controlar economías”.
Reproducción autorizada con la mención siguiente: ©EnlaceJudío