Tras el primer día de audiencias, la Corte Suprema dice que no vetará al gobierno de Netanyahu

Enlace Judío México e Israel.- Los jueces indican que no están convencidos de que exista un imperativo legal para prohibir que el líder acusado del Likud Benjamin Netanyahu sirva como primer ministro; discutirán su acuerdo de unidad con Gantz el lunes

El Tribunal Superior de Justicia aplazó el domingo una audiencia de siete horas sobre si Benjamin Netanyahu debía permanecer como primer ministro a pesar de su acusación en tres casos de corrupción. Está previsto que emita un fallo más adelante en la semana, pero los jueces insinuaron que los peticionarios no los persuadieron, según información que publica The Times of Israel.

El lunes, el tribunal escuchará más peticiones sobre los aspectos controvertidos del acuerdo de coalición de tres años negociado por Netanyahu y el líder del partido Kajol Lavan, Benny Gantz.

Según ese acuerdo, los primeros seis meses del gobierno se dedicarán principalmente a combatir el nuevo coronavirus que ha infectado a más de 16,000 israelíes y ha devastado la economía.

El acuerdo incluye cambios profundos en el orden constitucional de Israel, algunos de los cuales contradicen las leyes establecidas, la tradición y el precedente.

Entre el martes y el jueves, el enfoque cambiará a la Knéset, donde el acuerdo de coalición cambia tres leyes, dos de ellas Leyes Básicas constitucionales.

Deben convertirse en ley para el jueves, porque esa es la fecha límite para que la Knéset nombre un primer ministro de entre sus filas o convoque nuevas elecciones. Es improbable que la Knéset apruebe el nuevo gobierno si la legislación que garantiza el acuerdo de rotación entre Netanyahu y Gantz no se ha convertido en ley.

Las audiencias del domingo de un panel ampliado de 11 jueces fueron dominados primero por representantes del Likud, Kajol Lavan y las ramas relevantes del gobierno, quienes instaron a la corte a no intervenir en el nombramiento de Netanyahu. Fueron seguidos por los peticionarios, quienes argumentaron que los jueces estaban obligados a intervenir. Las audiencias del Tribunal Superior se transmitieron en vivo.

En un momento de la sesión de la tarde, la Presidenta del Tribunal Supremo, Esther Hayut, presionó a los peticionarios para que proporcionaran una base para su demanda de que un legislador recomendado por la mayoría de sus pares de la Knéset para formar el gobierno no pueda hacerlo.

¡Muéstranos algo! ¡Una ley! ¡Un veredicto! ¡De la [historia] de este país! ¡De [otro lugar] en el mundo! ¡Alguno!” Dijo Hayut. “¡Después de todo, [nos están pidiendo que establezcamos] un precedente global! ¿Quieres que gobernemos sin una base simplemente de acuerdo con tu opinión personal?

A su lado, su adjunto, el juez Hanan Melcer, asintió con la cabeza.

Hayut también criticó a uno de los abogados de los peticionarios, Dapha Holetz-Lechner, por sugerir que “toda la fortaleza” colapsaría si el tribunal no dictaminara a su favor. “Ese reclamo es inapropiado”, dijo Hayut. “Ninguna fortaleza se derrumbará” como consecuencia de la decisión del tribunal.

Suzie Navot, una destacada experta en derecho constitucional, dijo cerca del cierre de la discusión del día que los jueces parecían intimar que no bloquearían a Netanyahu, y parecían transmitir un mensaje de “¿Qué quieren de nosotros? ¿Quieren que legislemos por ustedes? … No es nuestro trabajo. Ese es trabajo de la Knéset”.

Netanyahu, en el poder desde 2009, y el ex jefe militar Gantz se enfrentaron en tres elecciones no concluyentes en menos de un año. Sin que ninguno de los dos fuera capaz de formar una coalición gobernante viable en el parlamento de 120 escaños de Israel, profundamente dividido, acordaron un acuerdo para compartir el poder el mes pasado, diciendo que tenían como objetivo evitar un cuarto voto contrario a todo el espectro político.

Pero el acuerdo enfrenta ocho peticiones que desafían su validez ante el Tribunal Superior de Justicia. Cinco de las ocho, presentadas por grupos de vigilancia anticorrupción y otros, argumentan que los miembros de la Knéset acusados ​​de cargos de corrupción, como Netanyahu, no pueden ser nombrados primer ministro.

Las deliberaciones matutinas en el Tribunal Superior escucharon a los oradores que se pusieron del lado de Netanyahu, aunque por una variedad de razones a veces contradictorias.

“Esta decisión es tan política y compleja, tocando la relación entre la Knéset y el gobierno”, dijo Avital Sompolinsky, en representación del departamento legal de la Knéset, que el tribunal debería “adoptar la opinión de que solo puede ingresar a esta arena sensible y profundamente politizada en los casos más extremos”.

Aner Helman, representante del Fiscal General Avichai Mandelblit, dijo que “en la situación actual, Netanyahu no está descalificado para servir como primer ministro”, incluso cuando enfatizó la seriedad de las acusaciones que enfrenta el primer ministro. Agregó que debido a un conflicto de intereses, Netanyahu tendría que abstenerse de participar en cualquier nombramiento de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, a pesar de que el primer ministro haya argumentado previamente que no estaría en conflicto de intereses.

Y un abogado del partido Likud insistió en que “todo el proceso” de selección de un primer ministro, desde las elecciones de los votantes el día de las elecciones hasta las recomendaciones de los legisladores hasta el nombramiento presidencial”, es un proceso constitucional, no administrativo. No es apropiado que el tribunal intervenga en el juicio constitucional de las personas y los miembros de la Knéset”.

Michael Ravilo, en representación de Netanyahu, argumentó que “habría sido mejor” que el tribunal hubiera desestimado las peticiones de inmediato, en lugar de involucrarse “en estos asuntos políticos”. La voluntad del electorado estaba en juego, argumentó.

“¿Puede este tribunal honorable reemplazar a los votantes?” preguntó Ravilo. “Si examinamos el juicio de los miembros de la Knéset sobre este tema, ¿por qué parar allí? Mañana verificaremos si es razonable asignarle un legislador sin un título universitario o uno que no sea lo suficientemente educado para formar el gobierno”.

“La postura de este tribunal es que todo es juzgable”, afirmó Ravilo, lo que llevó a Hayut a interrumpir de manera fulminante: “Vamos, de verdad. Este tribunal nunca ha declarado eso … Este reclamo populista es muy desafortunado”.

Avi Halevy, en representación del partido Likud, argumentó de manera similar que “los legisladores tenían miedo exactamente del escenario actual: que los burócratas presentarían cargos y frustrarían la voluntad del pueblo”.

El representante de Kajol Lavan, Shimon Brown, dijo que no tomaba a la ligera los cargos de corrupción contra Netanyahu, pero destacó el hecho de que no ha habido un gobierno a tiempo completo durante más de un año y tres elecciones.

Brown argumentó que la corte debería considerar que frustrar el acuerdo de coalición hundiría a Israel en la peor crisis política de su historia.

La corte interrumpió por un receso del mediodía, luego regresó a la 1 p.m. a escuchar los argumentos de los peticionarios contra el regreso de Netanyahu a la presidencia del primer ministro.

Los peticionarios, incluido Eliad Shraga, fundador del Movimiento para un Gobierno de Calidad en Israel, alegaron que las normas públicas y la fe del público en sus representantes electos estaban en juego. Tras señalar que la ley existente requiere que los ministros en funciones renuncien si se los acusa en un caso penal, argumentaron que claramente no debería haber un requisito menor para un legislador que está a punto de establecer un nuevo gobierno.

Era “desmesurado”, argumentó Shraga, “que un hombre como [Netanyahu] vaya por la mañana a la corte para sentarse en el banquillo, y por la tarde se encargue del Gabinete de Seguridad y nos envíe a nosotros y a nuestros hijos a la batalla”.

Los peticionarios argumentaron que existe una laguna en la ley, ya que los legisladores “nunca habían imaginado” que se presentaría una acusación contra la persona encargada de formar un gobierno.

Sin embargo, los jueces dijeron que los legisladores nunca habían visto conveniente prohibir que un acusado criminal formara un gobierno, y que la forma principal de cambiar eso sería a través de la legislación, no de un veredicto judicial.

La profesora de derecho Navot, hablando en el Canal 12 hacia el final de las audiencias del día, dijo que se inclinaba a pensar, dado el “espíritu” de las sesiones y los diversos comentarios de los jueces, que el tribunal no intervendría sobre el tema de si Netanyahu tiene permitido establecer y dirigir un nuevo gobierno.

“Será muy difícil” imaginar que el tribunal determine que la preocupación sobre el tema de la fe del público en sus autoridades de gobierno era tan poderosa como para justificar su intervención, dijo, en un momento en que más de 70 de los 120 miembros elegidos de la Knéset están respaldando un nuevo gobierno liderado por Netanyahu.

Netanyahu fue acusado en enero en tres casos separados de soborno, fraude y abuso de confianza por presuntamente aceptar obsequios inadecuados e intercambiar favores ilegalmente a cambio de una cobertura mediática favorable. Niega haber actuado mal y su juicio comenzará el 24 de mayo.

La ley israelí prohíbe que una persona acusada sirva como ministro del gabinete ordinario, pero no obliga a un primer ministro acusado penalmente a abandonar el cargo a menos que sea condenado con todas las apelaciones agotadas.

La complicación con respecto a Netanyahu es que actualmente no es un primer ministro ordinario. Él ha estado sirviendo como jefe provisional de un gobierno de transicióndurante más de 18 meses de estancamiento político.

Según algunas interpretaciones de la ley israelí, eso hace de Netanyahu un simple candidato para convertirse en primer ministro.

Los opositores del acuerdo sostienen que, por lo tanto, su candidatura debería ser descalificada por las acusaciones.

En un dictamen emitido ante el Tribunal Superior la semana pasada, el Fiscal General Mandelblit, quien acusó a Netanyahu, argumentó que no había base legal para prohibirle dirigir un gobierno.

La opinión del fiscal general dice que si bien “ciertos acuerdos en el acuerdo de coalición plantean grandes dificultades … en este momento no hay motivos para descalificarlo”.

Aconsejó que las disposiciones problemáticas se revisen “en la etapa de implementación”.

Entrevistado en la radio pública el sábado, el ministro de energía y aliado de Netanyahu, Yuval Steinitz, dijo que si el tribunal dictaminaba que Netanyahu no puede servir, equivaldría a “un ataque sin precedentes contra la democracia israelí”.

El acuerdo de coalición Gantz-Netanyahu es “una necesidad, el resultado de tres campañas electorales y un deseo entre los israelíes de evitar una cuarta elección”, continuó.

Si el panel ampliado de 11 jueces dispuestos a escuchar el caso considera inválido el acuerdo de coalición, Israel puede verse obligado a celebrar su cuarta elección en menos de dos años.