(JTA) – Quienes sintonizaron esta semana con el segundo día de transmisiones en vivo de la Corte Suprema se sorprendieron: en un caso sobre ONG, financiación del VIH-SIDA y prostitución, la discusión inesperadamente derivó en el apoyo de Estados Unidos al derecho de Israel a existir.
RON KAMPEAS
El caso presenta a un grupo de ONG que se resisten al requisito de la administración Trump de oponerse explícitamente al tráfico sexual y la prostitución como condición para recibir fondos para combatir el VIH / SIDA en el extranjero de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Las ONG argumentan que el requisito viola las libertades de expresión e inhibe su capacidad de llegar a quienes necesitan su ayuda.
Durante el interrogatorio de los abogados de las ONG, Kavanaugh trajo a colación a Israel.
“Supongamos que el gobierno de Estados Unidos quiere financiar ONG extranjeras que apoyan la paz en Medio Oriente, pero solo si las ONG reconocen explícitamente a Israel como estado legítimo”, dijo Kavanaugh en la audiencia del martes. “¿Está diciendo que Estados Unidos no puede imponer ese tipo de restricción de discurso a las ONG extranjeras afiliadas a organizaciones estadounidenses?”
El abogado de las ONG, David Bowker, no se equivocó: sería constitucionalmente ‘kosher’ (apto) para Estados Unidos exigir que tales afiliados extranjeros reconozcan a Israel.
“No interpreto eso como que requiera la afirmación de una creencia”, dijo Bowker. “Más bien se trata de reconocer un hecho de que Estados Unidos ha establecido una cierta relación diplomática con Israel. Y el gobierno de los Estados Unidos puede decir cuál es esa relación para los Estados Unidos”.
La pregunta de Kavanaugh podría verse como un reflejo del papel cada vez más importante que el bienestar de Israel ha asumido en el pensamiento político conservador dominante en las últimas dos décadas. Al mismo tiempo, la respuesta de Bowker fue notable porque llega en un momento en que muchas ONG y sus aliados políticos de izquierda se han resistido a los esfuerzos para vincular la ayuda del gobierno con los asuntos relacionados con Israel.
Durante años, personalidades y grupos pro-Israel han estado trabajando para marginar a grupos e individuos que se oponen a la existencia de Israel como estado judío. Recientemente se han realizado esfuerzos en el Congreso para hacer que la ayuda estadounidense a grupos no gubernamentales esté supeditada al rechazo del boicot a Israel. Además, algunas de las partes involucradas en los argumentos han luchado por leyes estadounidenses que inhibieran los boicots a Israel o sus asentamientos en Judea y Samaria.
Algunos de los grupos y personalidades que aparecen en este caso de la Corte Suprema han estado involucrados en batallas políticas sobre la política de Estados Unidos con respecto a Israel. El acusado principal es Alliance for Open Society International. Su grupo matriz, Open Society Foundations, fundado por el multimillonario judío George Soros, ha financiado a J Street, el grupo político liberal judío de Medio Oriente que se ha opuesto a leyes estadounidenses que interfieran en la libertad de expresión sancionando a los boicoteadores de Israel (J Street se opone a los boicots a Israel).
Foto del 3 de mayo de 2020, la Corte Suprema al anochecer en el Capitolio en Washington (AP Photo / Patrick Semansky)
Un grupo que presenta un informe amicus en apoyo de la administración Trump es el Centro Americano de Derecho y Justicia (ACLJ), un grupo conservador. Uno de los abogados que ACLJ nombró para el caso es Jay Sekulow, un abogado privado principal de Trump durante las recientes audiencias de juicio político que fundó ACLJ y lo convirtió en una plataforma para el activismo de derecha pro-Israel.
En 2013, el tribunal dictaminó que las ONG estaban protegidas por las libertades de expresión. El argumento actual, iniciado por la administración Trump, es si esas libertades se extienden a los socios y afiliados extranjeros de los grupos en Estados Unidos.
El martes fue el segundo día en que la Corte Suprema transmitió el audio de sus procedimientos en tiempo real, un cambio histórico realizado por el tribunal superior debido a la pandemia de coronavirus. Las audiencias solo habían estado disponibles en tiempo real para las personas dentro del edificio de la Corte Suprema, y el audio tardó días en publicarse en su sitio web. Los jueces y los abogados participaron llamando desde ubicaciones remotas.
De la traducción (c)Enlace Judío México
Prohibida su reproducción
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