Enlace Judío México e Israel – Un panel de la Corte Suprema de Justicia de Israel canceló este lunes la demolición planificada de la casa de un palestino acusado del homicidio de un soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) a principios de este año, informó el sitio The Times of Israel.
En cambio, el tribunal solo permitió al Ejército israelí sellar una habitación del departamento donde vive Nazmi Abu Bakr, de 49 años. Abu Bakr fue acusado en junio de matar al sargento de 21 años Amit Ben-Ygal, al arrojarle un ladrillo mientras el soldado participaba en una operación en la aldea de Yabed, en Cisjordania.
Las FDI ya habían comenzado los preparativos en junio para demoler la casa, lo que llevó a la familia Abu Bakr a presentar una apelación contra la medida.
Los jueces Menajem Mazuz y George Karra decidieron cancelar la demolición, argumentando que la esposa de Abu Bakr y sus ocho hijos, que no participaron en el ataque, todavía viven allí.
La juez Yael Willner estaba a favor de llevar a cabo la medida para que pudiera cumplir su propósito de disuasión contra futuros ataques contra las fuerzas israelíes que operan en Cisjordania.
Mazuz escribió que “no se puede ignorar el grave daño causado a miembros inocentes de la familia, a quienes no se atribuye ninguna participación en el ataque”.
Kara, de acuerdo con Mazuz, escribió que “la justicia llegará al atacante cuando reciba su castigo. Pero las consecuencias de sus acciones no deberían recaer sobre aquellos que no han cometido nada”.
Willner, por su parte, citó “la gravedad del hecho… su fatal y grave consecuencia”, así como “el uso que se hizo de la estructura donde se llevó a cabo el ataque” para argumentar que la orden de demoler la vivienda fue proporcional.
El rechazo a lo dictado por los jueces no se hizo esperar. El padre del soldado asesinado, Baruj Ben-Yigal, publicó un video frente a la tumba de su hijo en el que, llorando, lamenta la decisión judicial.
El primer ministro Benjamin Netanyahu tuiteó en respuesta que el fallo fue “una triste decisión de la Corte Suprema que rechazó nuestra solicitud de destruir la casa del terrorista que mató al soldado Amit Ben-Ygal de las FDI, que era hijo único.
“Exijo celebrar una audiencia adicional con un panel ampliado [de jueces]”, escribió Netanyahu. “Mi política como primer ministro es destruir las casas de los terroristas y tengo la intención de continuar con eso”.
El ministro de Defensa, Benny Gantz, también dijo que estaba entristecido por la decisión.
“Por supuesto que respetaremos todos los fallos del Tribunal Superior, pero el veredicto que canceló la orden de demoler la casa del terrorista… es muy lamentable. Destruir hogares para la disuasión es una herramienta importante en la guerra contra el terrorismo”, escribió en Twitter el ministro de Defensa.
Gantz dijo que ordenó a los funcionarios del Ministerio de Defensa que se comunicaran con el fiscal general de Israel para solicitar otra audiencia.
El ministro de Seguridad Pública, Amir Ohana, un aliado del Likud y crítico de la Corte Suprema, criticó a los jueces por el fallo.
“La decisión de los jueces de no destruir la casa desde la que el asesino arrojó el ladrillo en la cabeza de Amit es una marca de deshonra (otra, y particularmente fea) en la cabeza de la Corte Suprema de Justicia”, tuiteó.
Otros políticos del partido Likud de Netanyahu, como Guideon Sa’ar, también dejaron en claro su desaprobación a la decisión judicial.
Jessica Montell, directora ejecutiva del grupo de asistencia legal HaMoked que presentó la apelación en nombre de la familia Abu, acogió con satisfacción la decisión y dijo en un comunicado que “salvó a una madre inocente y ocho niños de ser arrojados a la calle”.
Montell lamentó que la Corte Suprema no dictara más que la política de demolición de viviendas en general es un “castigo colectivo inválido” de dudosa utilidad para disuadir ataques.
El servicio de seguridad Shin Bet dijo en mayo que Abu Bakr confesó ser quien arrojó el ladrillo que terminó por dejar herido de muerte a Ben-Ygal durante la redada en Cisjordania. Fue arrestado junto con varias otras personas que se creía que estaban en el edificio en ese momento y confesó varias semanas después, según la agencia de seguridad.
Las demoliciones de viviendas son una política que, según las FDI, ayuda a disuadir futuros ataques terroristas. Sin embargo, a lo largo de los años, varios funcionarios de Defensa israelíes han cuestionado la eficacia de la práctica y los activistas de derechos humanos la han denunciado como un castigo colectivo injusto. A menudo se llevan a cabo antes de la condena.
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