Enlace Judío – La Sala de Cuestiones Preliminares I de la Corte Penal Internacional dio luz verde este viernes a la fiscal del tribunal para que pueda avanzar con una investigación por presuntos crímenes de guerra sobre individuos de Israel y de grupos terroristas palestinos en los últimos siete años.
Los jueces Peter Kovacs de Hungría, Marc Perrin de Brichambaut de Francia y Reine Alapini-Gansou de Benin aceptaron las conclusiones de la investigación preliminar de diciembre de la fiscal Fatou Bensouda de que existe una base para investigar crímenes de guerra en Judea y Samaria (Cisjordania), Gaza y Jerusalén Este, informó el periódico Haaretz.
En específico, los jueces determinaron que el tribunal sí tiene jurisdicción en los territorios palestinos, aceptando la noción de Palestina como un Estado para fines de la potencial investigación y rechazando el argumento sostenido por el gobierno de Israel de que la Corte Penal Internacional carece de tal autoridad para fijar ello.
Bensouda anunció a fines de 2019, después de emitir una serie de advertencias, que había una base para iniciar una investigación contra individuos de Israel y de grupos terroristas palestinos por sospechas de crímenes de guerra en los territorios desde 2014, a raíz de una petición de la Autoridad Palestina. Desde entonces, Jerusalén ha rechazado tajantemente la intención de Bensouda.
No obstante, para poder avanzar una investigación, Bensouda pidió al tribunal que se pronunciara sobre la cuestión de su jurisdicción territorial en Judea y Samaria, Gaza y Jerusalén Este. Lo hizo porque Israel argumenta que solo los países con soberanía pueden otorgar a la Corte Penal Internacional una jurisdicción penal y que el asunto es una disputa política.
Besouda escribió en 2019 que “según la información disponible, existe una razón para creer que se cometieron crímenes de guerra en el contexto de las hostilidades de 2014 en Gaza“, refiriéndose a la Operación Borde Protector.
También escribió que la información disponible muestra que “las Fuerzas de Defensa de Israel lanzaron intencionalmente ataques desproporcionados en relación con al menos tres incidentes en los que la Corte Penal Internacional se ha centrado [en]”, que intencionalmente condujeron a muertes y un número significativo de heridos.
“Hay una base razonable para creer que… miembros de las autoridades israelíes han cometido crímenes de guerra al trasladar a civiles israelíes a Cisjordania“, dijo Bensouda, y agregó que “a pesar de los llamados claros y duraderos de que Israel cese sus actividades en los territorios palestinos [que han sido] consideradas contrarias al derecho internacional, no hay indicios de que terminarán. Por el contrario, hay indicios de que no sólo pueden continuar, sino que Israel puede tratar de anexar estos territorios”.
En relación con Gaza, escribió: “La fiscalía considera además que el alcance de la situación podría abarcar una investigación de los delitos presuntamente cometidos en relación con el uso por miembros de las FDI de medios no letales y letales contra personas que participan en manifestaciones que comienzan en marzo de 2018 cerca de la valla fronteriza entre la Franja de Gaza e Israel, lo que presuntamente provocó la muerte de más de 200 personas, incluidos más de 40 niños, y miles de heridos”.
La fiscal agregó que existe “una base razonable para creer que miembros de Hamás y grupos armados palestinos cometieron crímenes de guerra” durante la Operación Borde Protector, incluyendo “dirigir intencionalmente ataques contra civiles y bienes de carácter civil, utilizando a personas protegidas como escudos” y tortura..
En su fallo, la Sala recordó que la Corte Penal Internacional no es constitucionalmente competente para determinar asuntos de la condición de Estado que obligarían a la comunidad internacional.
Al pronunciarse sobre el alcance territorial de su jurisdicción, la Sala, dijo el organismo en un comunicado, no está resolviendo una disputa fronteriza bajo el derecho internacional ni prejuzgando la cuestión de las fronteras futuras. El fallo de la Sala tiene como único propósito, argumentaron, definir la competencia territorial de la Corte Penal Internacional.
La Sala examinó la solicitud de Bensouda, así como las presentaciones de otros Estados, organizaciones y académicos que participaron como amicus curiae y grupos de víctimas.
Palestina, señaló la Sala en su decisión, ha acordado someterse a los términos del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y tiene derecho a ser tratado como cualquier otro Estado parte en los asuntos relacionados con la implementación del Estatuto.
Tras la sentencia de la Sala, el asunto ahora regresa a manos de Bensouda para decidir si seguirá adelante con una investigación sobre presuntos crímenes de guerra. Según su fallo de 2019, se espera que sí lo haga.
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