Enlace Judío – El gobierno de Joe Biden manifestó este viernes su rechazo a la decisión de la Corte Penal Internacional que deja la puerta abierta para una investigación sobre individuos de Israel por presuntos crímenes de guerra.
En un comunicado, el Departamento de Estado norteamericano afirma que tal y como lo sostuvo EE. UU. en 2015, cuando la Autoridad Palestina se unió al Estatuto de Roma, que da base a la Corte Penal Internacional, “no creemos que los palestinos califiquen como un Estado soberano y, por lo tanto, no están calificados para membresía como Estado o participar como Estado en organizaciones o entidades internacionales, o conferencias”.
La calificación de Palestina como Estado y la posibilidad de que la Corte Penal Internacional extienda su jurisdicción a los territorios de Judea y Samaria (Cisjordania), Gaza y Jerusalén Este fueron los puntos sobre los que versó la reciente decisión del tribunal.
Además, el gobierno de Biden manifestó una preocupación por la potencial jurisdicción sobre Israel que la Corte Penal Internacional podría ejercer luego de esta decisión, en vista de que el país, como EE. UU., no ha ratificado el Estatuto de Roma.
“Nos preocupan seriamente los intentos de la Corte Penal Internacional de ejercer su jurisdicción sobre personal israelí. EE. UU. siempre ha asumido la posición de que la jurisdicción del tribunal debe reservarse para los países que lo consientan o que sean remitidos por el Consejo de Seguridad de la ONU“, concluyó la dependencia.
El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, aseguró al respecto: “Continuaremos manteniendo el fuerte compromiso del presidente Biden con Israel y su seguridad, incluyendo la oposición a acciones que busquen ir en contra de Israel de forma injusta”.
La anterior administración del expresidente Trump anunció en junio del año pasado que impondría sanciones económicas y de viaje para empleados de la Corte Penal Internacional ligados a una investigación sobre tropas norteamericanas en Afganistán.
La decisión de Trump fue elogiada por el gobierno del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que desde que la fiscal de la Corte Penal Internacional anunció su intención de lanzar una investigación, ha rechazado tajantemente la posibilidad de ello y acusa al tribunal de tener un sesgo político contra el Estado judío.
La Corte Penal Internacional está “obsesionada con realizar cacerías de brujas contra Israel, EE. UU. y otras democracias que respetan los derechos humanos”, dijo en ese momento Netanyahu.
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