(JTA) – Los fiscales de la Corte Penal Internacional han despejado una barrera técnica importante para juzgar a israelíes por presuntos crímenes de guerra contra palestinos.
El viernes, un panel de tres jueces del tribunal con sede en Holanda decidió que el tribunal tiene jurisdicción para investigar a “terroristas israelíes y palestinos”, incluso de Hamas, por presuntos crímenes durante la Guerra de Gaza de 2014 porque la Autoridad Palestina puede ser considerada un estado en el contexto de la corte, informó Associated Press.
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La CPI ha estado examinando un caso presentado por la Autoridad Palestina desde 2015 y la fiscal principal Fatou Bensouda ha dicho que su investigación preliminar sobre la solicitud de abrir un caso indicó que se habían producido crímenes de guerra.
Israel desestimó la acusación y cuestionó la jurisdicción del tribunal, argumentando que el tribunal no está certificado para investigar sus acciones porque se encuentra entre las docenas de países que no han acordado otorgarle jurisdicción al tribunal en su territorio. La Autoridad Palestina, argumentó Israel, también estaba fuera de la jurisdicción del tribunal, ya que no es un estado miembro de las Naciones Unidas.
La CPI, que tiene su sede en La Haya, “solo tiene jurisdicción sobre las peticiones presentadas por estados soberanos. Pero nunca ha habido un estado palestino”, dijo el primer ministro israelí Netanyahu en 2019, después de que Bensouda transfiriera el archivo.
Esto llevó a Bensouda a transferir su expediente sobre la guerra de 2014 a los jueces de la corte para que puedan determinar si la corte tiene la jurisdicción necesaria.
El viernes, un panel de tres jueces determinó que “Palestina califica” como estado. Uno de los jueces discrepó.
La Corte Penal Internacional, que no forma parte de las Naciones Unidas, fue establecida en 2002 por decenas de estados miembros de la ONU que firmaron y ratificaron el Estatuto de Roma.
El estatuto otorga al tribunal el mandato de llevar a juicio a las personas, pero no a los países u organizaciones, que presuntamente han cometido genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, pero que han eludido la justicia porque los poderes judiciales pertinentes en sus países de origen no pueden o no quieren enjuiciarlos debidamente.
Israel ha impugnado una investigación sobre las actividades de sus ciudadanos también porque tiene un poder judicial en funcionamiento. El fallo del viernes no abordó ese desafío de Israel.
El tribunal aún no ha anunciado que está iniciando la investigación de crímenes de guerra que busca Bensouda.
Las personas condenadas por crímenes de guerra por la CPI están sujetas a órdenes de arresto de los países signatarios.
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