Enlace Judío.- El diario español Libertad Digital se hace eco de una propuesta del PP de Madrid para un proyecto de ley que impida que las asociaciones antisemitas cobren subvenciones del estado.
El proyecto está pensado básicamente en aquellas asociaciones o grupos antisemitas que montan campañas de boicot a Israel, lo que se conoce como movimiento BDS (boicot, desinversión, sanciones), a los que el PP propone impedir que se financien con dinero público.
Recientemente, el antisemitismo en Madrid ha cargado las primeras planas de los medios por un acto furiosamente antisemita que tuvo lugar en el cementerio de La Almudena, lo que ha impulsado al PP a registrar este martes en la Asamblea de Madrid una propuesta para intentar que las asociaciones y colectivos que promueven el antisemitismo no puedan recibir subvenciones no sólo en la región sino en toda España.
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Se trata de una Proposición de Ley de Iniciativa Legislativa de la Asamblea de Madrid ante el Congreso de los Diputados, es decir, una propuesta que, de aprobarse en la cámara regional madrileña, tendrá que ser considerada y votada en el parlamento nacional, dice Camilo Jordà en su artículo del diario digital.
La propuesta presentada en Madrid coincide con el extraño y aberrante acto nazi, pero lleva meses preparándose y para ello se ha tenido en consideración la opinión y la experiencia de asociaciones y expertos y está pensada sobre todo para aquellos colectivos que fomentan y desarrollan campañas de BDS contra Israel, que incluso han llevado a muchos ayuntamientos de España a promover políticas de discriminación contra Israel que en la mayor parte de las ocasiones han sido fulminadas por los tribunales.
Si finalmente la iniciativa fuese aprobada en la Asamblea de Madrid y después en el Congreso implicaría modificar varias leyes que serían necesarias para que “se imposibilite que puedan recibir ayudas, contratos o subvenciones públicas aquellas entidades que realicen prácticas discriminatorias por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, haciendo hincapié en el antisemitismo”, continúa Jordà.
Concretamente, para lograr su objetivo se propone la modificación de la Ley 35/2003, de 27 de noviembre, General de Subvenciones, la Ley 9/2017 de 8 noviembre, de Contratos de Sector Público; y de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación.
La Proposición que ha registrado este miércoles el Partido Popular de Madrid recuerda que España es uno de los países que se ha adherido a la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional de Recuerdo del Holocausto (IHRA por sus siglas en inglés), y que según este código la “demonización deshumanizante” que se encuentra en las “iniciativas de exclusión” de Israel, “sus empresas y ciudadanos” que suponen las iniciativas BDS “nada tienen que ver con la crítica legítima contra cualquier Estado, sino que buscan criminalizar de modo generalizado al judío colectivo, el Estado judío, el único Estado judío” del mundo.
Los populares recuerdan también las numerosas ocasiones en las que “los tribunales de Justicia” españoles ya han sentenciado “que esos intentos son inconstitucionales y discriminadores”, por lo que concluye que “resulta inaceptable que esas y otras posturas antisemitas encuentren cobijo en las instituciones de todos” y, muy especialmente, “que esas actividades reciban financiación pública”.
La Proposición se ha presentado este martes en el registro de la cámara regional madrileña y, dado su carácter y su contenido, los promotores esperan que la mesa de portavoces acepte que se tramite como lectura única, con lo que se votaría en el pleno el próximo día 18. De no aprobarse esa fórmula de tramitación se haría como una ponencia en una comisión y luego se aprobaría en el seno de la misma comisión, en un plazo más largo y que no es posible determinar aún.
Una vez aprobada en Madrid, pasaría al Congreso de los Diputados, donde cada mes se toma en consideración una de estas proposiciones de una de las cámaras regionales de España. No hay plazo para ello, pero finalmente se sometería a debate y votación en el pleno del Congreso, en una sesión en la que participarían tres diputados de Madrid que defenderían el proyecto, en un trámite similar al que se sigue, por ejemplo, con los nuevos estatutos autonómicos.
Fuentes populares han asegurado a Libertad Digital que esperan que la propuesta reciba el apoyo, al menos, de sus socios en el gobierno regional de Ciudadanos y también de Vox, un partido que siempre se ha situado con mucha claridad en la defensa de Israel y frente a todo tipo de prácticas discriminatorias y antisemitas.
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