¿Una espía española del Mossad en el corazón de Europa?

Enlace Judío.- Una funcionaria del servicio diplomático europeo asegura que ha sido despedida por su condición de judía, tras ser injustamente acusada de trabajar para el Mosad, publica La Vanguardia en un artículo de Jaume Masdeu y Santiago Tarín. 

Cuatro importantes organizaciones judías han acusado a la Unión Europea de antisemitismo. Dos eurodiputados han preguntado en el Parlamento si se discrimina a los judíos. En el epicentro de la polémica se sitúa una funcionaria española del servicio diplomático de la Comisión Europea, que asegura que fue despedida tras ser injustamente acusada, debido a su condición de judía, de espiar para Israel, Turquía y Rusia.

La funcionaria, V., que quiere preservar su identidad, nació en Madrid, pero a los diez años su familia se trasladó a Barcelona. Estudió derecho en París y Bruselas, y en 1996 entró como funcionaria en el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE). Según explican ella misma y su abogado, Manuel Vergara, a La Vanguardia, sus problemas comenzaron cuando en el 2013 fue destinada al equipo encargado de Israel y los territorios palestinos. Ya en las primeras reuniones, asegura, miembros del grupo cuestionaron su idoneidad para el puesto por ser judía. No tardó en ser marginada de reuniones y proyectos.

El Servicio de Acción Exterior niega toda discriminación y dice que fue apartada por una conducta grave.

Pidió el traslado temporal al Parlamento Europeo. Siempre según su versión, fue allí, en una reunión con alguien de recursos humanos, donde se le dijo que su ostracismo se debía a que sus jefes sospechaban que trabajaba para el Mossad, el servicio de inteligencia israelí. La acusación se centraba en la filtración de un documento; un informe que, según V., ni conoció ni tuvo nunca en su poder.

En el 2015 regresó al SEAE, en la división de Turquía, que adquirió relevancia tras el atentado contra la revista francesa Charlie Hebdo, ya que se encargaba de la colaboración antiterrorista. Pero también de ahí fue excluida. V. sufrió un ataque de ansiedad y tuvo que ser atendida por los servicios médicos de la Comisión donde, según su relato, le contaron que de nuevo sus superiores sospechaban que estaba pasando información, esta vez a los turcos.

La guinda del pastel, descubriría más tarde, es que también se le ha imputado colaborar con Rusia debido a un viaje que hizo a Moscú en el 2014. Ella explica que fue a celebrar el cumpleaños de un amigo suyo, un diplomático español destinado en la embajada en Rusia.

Luego fue destinada a otros departamentos de la UE, hasta que la situación derivó en un procedimiento de despido en el 2020. Fue entonces cuando sus abogados descubrieron que había sido sometida a una investigación interna desde el año 2017 hasta el 2019, en la que se le llegó a intervenir el correo electrónico, en el cual, por ejemplo, figuraban los detalles y la causa del viaje a Moscú. Cuando V. solicitó el expediente de estas pesquisas, inicialmente el SEAE negó la existencia de una investigación. Y cuando al fin le entregó el dossier, no estaba completo. No consta la denuncia inicial y en algunos documentos se hace referencia a otros que no figuran en el expediente.

El despido se formalizó en agosto del 2020. Según dice el letrado Manuel Vergara, hay tres causas oficiales. La primera, faltar a su puesto de trabajo, aunque la defensa dice poder acreditar que en los días señalados estaba de viaje oficial con la UE o ya había sido destinada a otro departamento. La segunda, arrogarse un título oficial que no tiene; que se debería a que en una conferencia oficial los organizadores pusieron en la presentación su cargo anterior y no el que tenía en aquel momento. Y, la tercera, desvelar información confidencial. Según su versión, estando en otro encuentro internacional, preparó una conferencia para su jefe y la envió al e-mail de la recepción del hotel donde se hospedaban a fin de imprimirlo.

V., en todo caso, ha sido despedida sin indemnización y sin derecho al paro. Sus abogados estiman que se trata de un claro caso de persecución por ser judía, a pesar de que no ha hecho ostentación de esta singularidad, y se plantean presentar una querella por antisemitismo si no se llega a un acuerdo.

Cuatro organizaciones judías de relevancia han protestado y escrito a la UE solicitando explicaciones. Son Licra (la liga internacional contra el antisemitismo), el Centro Simon Wiesenthal, la Liga Belga contra el Antisemitismo y el Comité Judío Estadounidense. En algunas denuncias se habla de un nuevo caso Dreyfus, el oficial francés que fue injustamente condenado por ser judío y que dio lugar al famoso artículo de Zola Yo acuso.

Dos eurodiputados, la alemana Nicola Beer y el español José Ramón Bauzá, ambos del grupo liberal, han presentado preguntas al pleno de la Cámara Europea para que se detalle lo que ha ocurrido. En concreto, Bauzá quiere saber por qué, “después de que la acusación de espionaje fuese descartada”, se ha procedido al despido de la funcionaria, y si se ha investigado si hay motivaciones antisemitas.

A preguntas de este diario [La Vanguardia], el SEAE afirma que la funcionaria fue despedida por “razones profesionales, después de seguir un procedimiento disciplinario”, del cual no pueden dar detalles sin el permiso de la persona afectada. Lo que sí indican es que un despido es una sanción que se aplica en muy contadas ocasiones y que no se decide de forma ligera. “La severidad de la sanción impuesta está proporcionada con la gravedad de la mala conducta”, señala un portavoz del servicio.

Añaden que las instituciones europeas no toleran ninguna forma de acoso ni de discriminación en el lugar de trabajo, y que, en este caso, se facilitaron a V. numerosas oportunidades para hacer oír sus puntos de vista, y que sus quejas de ser discriminada fueron descartadas tanto por organismos internos del SEAE como por externos, pertenecientes a otras instituciones.

Se refieren a tres acciones legales que interpuso ante el Tribunal General de la UE, que fueron declaradas inadmisibles en enero del 2020, y también a una queja ante el ombudsman y a otra ante el supervisor europeo de protección de datos. Según los portavoces del SEAE, ninguno de estos organismos encontró ningún indicio de discriminación o mala administración.

Un último capítulo de este relato se escribió la semana pasada, cuando el SEAE remitió una respuesta a V. ratificándose en el despido por la filtración de documentos y en la deslealtad, que se centraría en airear el problema y en reclamar que se llegue al fondo del asunto. Ahora, los caminos que quedan son acudir a la jurisdicción laboral, que se dirimirá en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y en la citada querella por antisemitismo, que se dilucidaría en el ámbito penal.