Enlace Judío – Amnistía Internacional acusó el miércoles a Israel de “discriminación institucionalizada” por vacunar a sus propios ciudadanos pero no vacunar a los 5 millones de palestinos que viven en Judea y Samaria (Cisjordania) y la Franja de Gaza.
“Esta medida violó flagrantemente las obligaciones de Israel como potencia ocupante bajo el derecho internacional”, dijo el grupo de derechos en un comunicado, de acuerdo con The Times of Israel.
Calificó la falta de vacunación de la población palestina como “una clara ilustración del alcance de la discriminación institucionalizada” por parte de las autoridades israelíes.
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La declaración fue un seguimiento del informe anual de derechos humanos de Amnistía Internacional, publicado el martes, que revisó las actividades de 149 países durante 2020.
En su informe “La situación de los derechos humanos en el mundo“, Amnistía Internacional no mencionó la campaña de Israel, iniciada en marzo, para vacunar a 120,000 trabajadores palestinos que tienen permiso para trabajar en Israel o en sus asentamientos en Judea y Samaria.
Los funcionarios israelíes han dicho que los palestinos son responsables de vacunar a su propio pueblo de acuerdo con los Acuerdos de Oslo de 1993 entre las dos partes, aunque algunos funcionarios han dicho que Israel considerará proporcionar dosis una vez que todos los israelíes estén vacunados. Hasta ahora Israel ha vacunado a más de la mitad de su propia población.
La Autoridad Palestina ha buscado de forma independiente vacunas entre varios proveedores, incluidos AstraZeneca, Rusia y China, pero hasta el momento le han llegado pocas dosis.
La Autoridad Palestina también ha comenzado a recibir vacunas a través de COVAX, una iniciativa mundial de vacunas para países pobres y de ingresos medios respaldado por la OMS.
Alrededor de 90 países se han inscrito en el programa, que tiene como objetivo proporcionar suficientes dosis gratuitas para inmunizar hasta el 20% de la población de un país participante.
Más allá del tema de las vacunas, el informe de derechos de Amnistía Internacional acusó a Israel de llevar a cabo “violaciones sistemáticas, incluidos crímenes de derecho internacional, contra los palestinos con impunidad”.
Los 539 retenes y puestos de control que Israel mantiene en Judea y Samaria “restringen fuertemente el movimiento de los palestinos y el acceso a los derechos, incluida la salud, la educación y el trabajo”, dijo.
Israel usó “fuerza excesiva durante las actividades de aplicación de la ley”, agregó el informe, y afirmó que de los 31 palestinos, incluidos nueve niños, que fueron asesinados por Israel en territorio palestino el año pasado, “muchos fueron asesinados ilegalmente sin representar una amenaza inminente para la vida”.
Las autoridades también “detuvieron arbitrariamente en Israel” a miles de palestinos de Judea y Samaria, con cientos en detenciones administrativas, según el informe, y “la tortura y otros malos tratos a los detenidos, incluidos niños, se cometieron con impunidad”.
Se emplearon “redadas, acoso judicial y prohibiciones de viaje contra los críticos de la ocupación militar”, incluso contra el empleado de Amnistía Internacional, Laith Abu Zeyad, a quien se le impuso una prohibición de viajar que le impedía salir de Judea y Samaria, según el informe.
Agrupando a Israel junto con Egipto, Irán, Libia, Arabia Saudita, Siria y la Autoridad Palestina, el informe acusó a los países de utilizar ampliamente “tribunales excepcionales, como tribunales militares, revolucionarios y de seguridad” donde “los juicios violaron gravemente las normas de un juicio justo”.
Al menos 996 palestinos fueron desplazados por la destrucción de 848 hogares y estructuras de medios de vida, según el informe, que cita cifras de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU.
Amnistía también acusó a Israel de discriminar a los ciudadanos árabes del país en “planificación, asignación presupuestaria, vigilancia y participación política”.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel se negó a comentar sobre el informe de Amnistía Internacional.
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