Enlace Judío.- El abogado británico Karim Khan juró el miércoles como nuevo fiscal jefe de la Corte Penal Internacional y se comprometió a llegar a las naciones que no son miembros de la corte en su búsqueda para poner fin a la impunidad por las atrocidades y tratar de celebrar juicios en países donde se cometen delitos.
Uno de los principales desafíos del nuevo fiscal será una investigación recientemente anunciada sobre las acciones cometidas por Israel y los palestinos en Judea y Samaria (Cisjordania), Gaza y Jerusalén Oriental desde el 13 de junio de 2014, recogió The Times of Israel.
Khan, un abogado inglés de 51 años, tiene años de experiencia en tribunales internacionales como fiscal, investigador y abogado defensor. Reemplaza a Fatou Bensouda de Gambia, cuyo mandato de nueve años terminó el martes.
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“La prioridad para mí, y creo que ese es el principio del Estatuto de Roma, no es centrarme tanto en dónde se llevan a cabo los juicios, sino garantizar que se realicen la búsqueda de la rendición de cuentas y avances en la impunidad”, dijo Khan, refiriéndose al tratado que fundó la corte, en su primer discurso después de prestar juramento al cargo de fiscal.
“La propia Haya debería ser una ciudad de último recurso”, dijo. “Siempre que sea posible, deberíamos intentar tener juicios en el país o en la región”.
Khan dijo que quería trabajar con países que no se encuentran entre los 123 estados miembros de la corte para lograr justicia. Potencias mundiales como Estados Unidos, Rusia y China no son miembros y no reconocen la jurisdicción de la corte.
“Mi convicción es que podemos encontrar un terreno común en la búsqueda y en el imperativo de garantizar que erradicamos el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra”, dijo en fiscal entrante Khan.
Más recientemente, Khan dirigió un equipo de las Naciones Unidas que investigaba atrocidades en Irak y le dijo al Consejo de Seguridad el mes pasado que descubrió “pruebas claras y convincentes” de que los terroristas del Estado Islámico cometieron un genocidio contra la minoría yazidi en 2014.
En el pasado, ha defendido a clientes en tribunales internacionales, incluido el ex presidente liberiano Charles Taylor y el vicepresidente de Kenia William Ruto. Los fiscales de la CPI retiraron los cargos contra Ruto y el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, de participación en la letal violencia postelectoral en su país.
Fiscal Fatou Bensouda en la Corte Penal Internacional en La Haya, Paises Bajos, 18 de diciembre de 2012. (AP / Robin van Lonkhuijsen, Pool)
Khan comienza su mandato de nueve años mientras la fiscalía del tribunal está luchando por mantenerse al día con las demandas de investigaciones. El tribunal procesa el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra en países que se consideran incapaces o no dispuestos a llevar a cabo sus propios procesamientos.
Dijo que quiere reformar la oficina y abordar de inmediato lo que llamó un “desequilibrio geográfico y de género” entre su personal.
También dijo que los fiscales, que han perdido varios casos de alto perfil en los últimos años, tienen que mejorar su desempeño en los tribunales.
“Tenemos que actuar en el juicio”, dijo el fiscal entrante Khan. “No podemos invertir tanto. No podemos generar expectativas tan altas y lograr tan poco con tanta frecuencia en la sala del tribunal”.
Su predecesora dijo a The Associated Press en una entrevista el lunes que existe “un grave desajuste” entre lo que la fiscalía necesita para hacer su trabajo y lo que obtiene de los países miembros de la corte.
“Hemos tenido más o menos una explosión de casos que se supone que debemos estar manejando, pero no podemos hacerlo sin los recursos adecuados”, dijo Bensouda a AP.
También tuvo una advertencia para Khan de que hay “intentos por todos lados, en todos los rincones, de politizar las acciones del fiscal”.
Entre las investigaciones con mayor carga política que Khan hereda se encuentran las de Afganistán, donde los fiscales están investigando casos contra todas las partes en el conflicto del país, incluidas las denuncias de crímenes cometidos por tropas estadounidenses y agentes de inteligencia extranjeros, y en Judea y Samaria (Cisjordania) y la Franja de Gaza, donde se alega que se están investigando los abusos cometidos por las fuerzas israelíes y los grupos terroristas palestinos.
Israel ha condenado enérgicamente la investigación, acusando a la CPI de parcialidad, afirmando que es capaz de investigar cualquier presunto crimen de las Fuerzas de Defensa de Israel a través de sus propias jerarquías legales, y diciendo que la CPI no tiene jurisdicción, ya que los palestinos no tienen un estado. Israel no es miembro de la CPI, pero sus ciudadanos podrían estar sujetos a arrestos en el extranjero si se emiten órdenes judiciales.
Los observadores israelíes destacaron la importancia del momento en el que se prolongó la investigación: el 12 de junio de 2014, los terroristas de Hamas secuestraron y asesinaron a tres adolescentes israelíes en el área de Gush Etzion en Judea y Samaria (Cisjordania). La investigación de Bensouda, basada en la solicitud presentada por los palestinos, se centrará en los hechos que comenzaron el día siguiente.
El brutal ataque terrorista, que horrorizó a los israelíes y provocó la condena internacional, fue un momento crucial en el período previo a los combates en Gaza a finales de ese verano. Con la investigación programada para considerar los hechos que comenzaron el 13 de junio de 2014, el crimen podría ser excluido de la investigación del tribunal.
La ex fiscal Bensouda ha dicho que cada caso que abre el tribunal “tiene una carga política de una forma u otra. Somos conscientes de eso. Pero no debería ser parte de nuestra toma de decisiones”.
Human Rights Watch tenía un mensaje similar para Khan.
Las decisiones de la fiscal saliente Bensouda de iniciar investigaciones en Afganistán y en Judea y Samaria (Cisjordania) y Gaza “reforzaron la independencia de la oficina”, dijo Liz Evenson, directora asociada de justicia internacional del grupo de derechos. “Karim Khan debe aprovechar los esfuerzos de su predecesora para garantizar que los principales responsables de delitos graves rindan cuentas, independientemente de su poder o posición”.
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