Enlace Judío – Tan sólo 2 semanas después de que el gobierno liderado por Naftali Bennett y Yair Lapid tomó posesión, ya hay discusiones sobre una ley que podría fracturarlo.
La legislación en cuestión se refiere a la controversial Ley de Ciudadanía e Ingreso a Israel. Instaurada en 2003, prohíbe desde entonces que los palestinos de Cisjordania y Gaza que se casen con israelíes puedan residir permanentemente en Israel, bloqueando así la posibilidad de que obtengan la ciudadanía. Es importante apuntar que si un israelí contrae nupcias con alguien de prácticamente cualquier otro país, dicho cónyuge sí tiene acceso a la ciudadanía.
Los detractores de la ley la han tachado de discriminatoria, pues prohíbe de manera explícita que personas de un grupo étnico (los palestinos) y de un lugares específicos (Cisjordania y Gaza) tengan acceso a la ciudadanía israelí, un derecho que sí es otorgado a personas de casi cualquier otra nación.
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Mientras tanto, sus defensores mantienen un discurso centrado en la seguridad. La ley, promulgada hace 18 años, se elaboró en el contexto de la segunda intifada como una medida de emergencia, después de que más de un ataque terrorista fue perpetrado por ciudadanos israelíes nacidos en Cisjordania o Gaza. Desde el 2003, la medida se ha renovado año con año.
A pesar de las inquietudes de algunos por la seguridad de los israelíes, existen propuestas que consideran un compromiso. Por ejemplo, el abogado Adi Lustigman ha planteado una excepción a palestinos con varios años de residencia en Israel o mayores de 50 años. Aunque la proposición ha sido catalogada como segura por oficiales del Shin Bet, la Knéset no ha tratado de enmendar la ley.
El castigo colectivo a los palestinos de Cisjordania y Gaza que representa la Ley de Ciudadanía ha afectado a innumerables personas dentro de las fronteras de Israel. Un ejemplo es el de Kaida Abu Zayed, de 60 años de edad. Viuda del jeque Bassam Abu Zayed, una de las figuras musulmanes más prominentes en la historia de Tel Aviv, Kaida ha vivido en Israel por 23 años.
Hasta 2016, pudo extender su visa de residencia año con año, pero cuando murió su esposo, el Ministerio del Interior rechazó su solicitud, haciéndola elegible para deportación. Ahora, sin identificación israelí no puede conseguir empleo en el país y perdió su acceso al sistema de salud. Sin importar que Kaida haya hecho su vida en Israel y haya probado que no es una amenaza a la seguridad del Estado, la Ley de Ciudadanía la ha privado de derechos que sí tienen sus vecinos.
Si bien Israel tiene el derecho y la obligación de procurar por su seguridad, también tiene el deber de ser un Estado de todos sus ciudadanos y residentes. De cara al voto para renovar la Ley de Ciudadanía por decimonovena vez consecutiva, por primera ocasión su aprobación está en duda: Ra’am, el partido islamista de la coalición en el poder y Meretz, un partido israelí de izquierda, han dicho que votarán en contra de la renovación de la ley. Los otros miembros de la coalición buscan negociar con ellos y con partidos de la oposición para poder aprobarla.
Con todos los reflectores puestos en la Ley de Ciudadanía, es momento de escuchar los argumentos de los que son afectados por esta, así como llegar a un acuerdo que beneficie los intereses democráticos y de seguridad para el Estado de Israel.
Las opiniones, creencias y puntos de vista expresados por el autor o la autora en los artículos de opinión, y los comentarios en los mismos, no reflejan necesariamente la postura o línea editorial de Enlace Judío.
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