Enlace Judío México e Israel – El 27° aniversario del atentado a la AMIA llegó con un escenario político y judicial que empuja a dejar estancada definitivamente las posibilidades de esclarecer el ataque de 1994 y todas las otras irregularidades que giran alrededor del caso.
El presidente de AMIA, Ariel Eichbaum, dijo este viernes que este estado de la causa se debe a la “inoperancia e indiferencia” del Estado, pero le faltó precisar otros factores.
Mientras que Cristina Kirchner, dijo que el juicio por el pacto con Irán “es un disparate institucional, judicial y político” y atacó a los jueces de la Cámara Federal de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos porque se reunieron con Macri.
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Llama la atención que el tribunal oral federal 8 haya aceptado la audiencia a pesar de que todos sus miembros están recusados por las querellas y que nadie recuerde que Borinsky conoce más a Cristina que a Macri. La vicepresidenta lo criticó por ir a Olivos a ver a su sucesor, pero no dijo que fue porque fue el presidente de la comisión para la reforma del Código Penal.
Cristina supone que en esos contactos se complotó para reabrir la denuncia de Nisman que el juez federal Daniel Rafecas había cerrado en el 2015 sin ejecutar ninguna de las 40 medidas de pruebas y en 48 horas. Pero Borinsky, Hornos y la jueza Ana Figueroa ordenaron a fines del 2016 solo que se ejecuten esas medidas sin imputar a nadie. Y el primero, por ejemplo, ese año firmó 5 mil sentencias.
Además, en Comodoro Py había malestar por las referencias de Cristina a que Borinsky tenía contactos con la DAIA, la entidad que agrupa a clubes y colegios de la comunidad judía. El juez es un judío prácticamente y participa de las actividades de la colectividad.
Pero la causa AMIA y sus conexas vienen siendo golpeada desde hace años.
Primero fue la anulación del juicio original de la AMIA en el 2004, luego el pacto con Irán que flexibilizó las alertas rojas que pesan sobre cinco iraníes y el año pasado el segundo sobreseimiento del ex reducidor de autos que entregó la Trafic usada como coche-bomba, Carlos Telleldín. Y ahora la posibilidad, cada vez más firme, de que se anule el juicio oral por el Pacto con Irán en que la principal imputada es Cristina Kirchner.
Si el Tribunal Oral Federal 8, luego de escuchar a la vicepresidenta, anula el juicio no se responderán los interrogantes que dejó la denuncia del ex fiscal de la AMIA Alberto Nisman en el 2015 antes de aparecer muerto de un balazo.
Por ejemplo, el tratado del 2013 hizo que Interpol siga incluyendo una leyenda en las alertas rojas sobre una negociación diplomática entre Argentina e Irán que no existe más. Además, tampoco se sabrá si fue auténtica la carta del ex titular de Interpol Ronald Noble en la que afirmó que las alertas seguían vigentes o, en realidad, se redactó en Buenos Aires.
Y menos si fue Hugo Chávez el que pidió a Cristina ese memorándum con Irán, el principal aliado de la Venezuela Chavista, entre otras dudas.
Además, el titular de la AMIA reclamó por las alertas rojas sobre el miembro del Hezbollah de El Líbano, Salman El Reda, sindicado como el organizador del atentado en el terreno. Pero uno de los problemas que tiene esta búsqueda es que el agregado de la AFI -un experto en terrorismo internacional- en ese país debió volver el año pasado al país por la filtración de su nombre y el de otros dos mil espías.
Por esta violación del secreto, hoy fue indagada como sospechosa la interventora de la AFI, Cristina Caamaño.
Ante este telón que se va cayendo una de las pocas salidas que existen, como sostiene hoy en Clarín el juez federal Franco Fiumara y desde siempre la ex abogada de la AMIA Marta Nercellas: que el Congreso sancione una ley que autorice los juicios en ausencia.
Irán nunca va a permitir que su ex agregado cultural Moshe Rabbani y otros cuatro ex funcionarios sean indagados por la justicia argentina. Entonces, esa ley permitiría que se ventilen, frente a un defensor de oficio que ya actúa en la causa, todos los indicios que hay y que señalan al gobierno de Irán de 1994 como el que habría dado la orden a la Jihad Islámica del Hezbollah de cometer el atentado en Buenos Aires.
Nercellas, uno de los pocos abogados que conoce en detalle esta voluminosa causa, dijo a Clarín que “hasta ahora hubo gobiernos que no tenían decisión política suficiente para ir contra los intelectuales y materiales del atentado”.
En cambio, “quienes hoy ejercen el gobierno hacen todo lo posible para mermar la última investigación abierta, la relacionada con el Pacto con Irán”. Entonces, “los políticos deberían sancionar la ley del juicio en ausencia, permitir que todo se ventile en un juicio oral y la justicia argentina decida quienes son culpables o inocentes”, opinó Nercellas.
En contra de lo que cree parte de la opinión pública “en la causa se sabe en la causa quién ejecutó, quién dio la orden y quien financió y todo debería debatirse en un juicio oral”.
Pero Nercellas sintetizó: “hay una decisión de un sector del poder político de pasar la causa AMIA al olvido y un sector de la Justicia que diluye todo”.
A este escenario judicial habría que sumarle una comunidad judía dividida –que hasta ahora fue la principal impulsora de las investigaciones- y sin liderazgos fuertes.
Pero hace 27 años que familiares de las víctimas como Luis Czyzewski y Mario Averbuch, entre otros, no bajan los brazos, pese a los contratiempos y la falta de apoyos.
Y como dijo Eichbaum, Czyzewski y Mario Averbuch, están entre quienes “no le temen a la verdad”, en una respuesta a un escrito del Procurador General de Tesoro, Carlos Zannini, en la causa por el Pacto con Irán que sostuvo lo contrario.
Fuente: Clarín.
Las opiniones, creencias y puntos de vista expresados por el autor o la autora en los artículos de opinión, y los comentarios en los mismos, no reflejan necesariamente la postura o línea editorial de Enlace Judío.
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