(JTA) – Bernardo Pulido gastó más de $ 29,000 en documentación genealógica, certificados de herencia judía, honorarios de abogados y viajes a España para demostrar su herencia sefardí.
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Pero el mes pasado, como tantos otros que intentaron obtener la ciudadanía española a través de una ley de 2015 que prometía corregir los errores de la Inquisición española que expulsó a los judíos, Pulido recibió una carta de rechazo del gobierno español.
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Pulido, un ingeniero de 61 años de Caracas, Venezuela, trazó un paralelo entre la decisión y la Inquisición, que obligó a muchos de sus antepasados a huir en 1492, temiendo por sus vidas. Para los venezolanos, un pasaporte español representa una salida de un país en medio de una profunda crisis económica y humanitaria. Planea apelar el rechazo.
“Me duele mucho porque hemos cumplido con todos los requisitos y hemos seguido la ley. Muchos abogados me han dicho que la forma en que se nos está aplicando la ley ahora es ilegal”, dijo.
Los datos de ciudadanía publicados recientemente por el Ministerio de Justicia de España revelan que solo en el último trimestre, se rechazaron 2.276 solicitudes, en comparación con un total de tres antes de este año.
De las 150.000 solicitudes totales que se han presentado desde 2015, hasta la fecha se ha concedido la ciudadanía a 33.485 personas. Solo alrededor de 6,000 se han aceptado en el último trimestre. Los solicitantes de Venezuela, Colombia y México se han visto gravemente afectados.
El cambio repentino, según ha sabido la Agencia Telegráfica Judía, está impulsado por el miedo al fraude y es producto de lo que, según algunos expertos, son estándares burocráticos implementados retroactivamente para las aplicaciones. El gobierno español niega cualquier cambio en el proceso de solicitud.
Para ser elegible para un pasaporte español, los solicitantes deben presentar evidencia de ascendencia medieval sefardí a través de certificados de herencia y árboles genealógicos. También tienen que demostrar vínculos especiales con España y habilidades del idioma español a través de pruebas.
Un aviso interno emitido por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Confianza Pública de España indica que un cambio en la interpretación de la ley entró en vigor el pasado mes de octubre. Anteriormente, los notarios del gobierno eran los primeros intermediarios para los solicitantes, enviando solicitudes a los funcionarios del gobierno o indicando a los solicitantes que reunieran más materiales. Desde octubre, los funcionarios del gobierno han intervenido, rechazando solicitudes previamente aprobadas por los notarios y no brindando a los solicitantes la oportunidad de presentar más documentación antes de emitir una carta de rechazo.
Además, el Ministerio de Justicia de España había aprobado previamente muchas solicitudes con certificados de herencia sefardí de organizaciones como la Unión Sefaradí Mundial y la Federación Judía de Nuevo México. A día de hoy, el ministerio solo está aceptando certificados emitidos por la Federación de Comunidades Judías de España, que dejó de emitirlos el 31 de julio para que pudieran superar una acumulación de solicitudes. (Por el momento, la federación sigue emitiendo certificados a los sefardíes que han estado viviendo en España durante al menos dos años y desean solicitar la ciudadanía española sobre la base de la residencia, pero eso es algo que han hecho desde la década de 1990).
“El gobierno aprobaba anteriormente muchos casos con los mismos certificados y documentación con los que ahora se les niega”, dijo David Arevalillo de la Torre, un abogado de Madrid que actualmente maneja cientos de casos de rechazo.
La “Ley del Retorno” española, como a veces se la denomina, también ha cerrado por completo su nueva ventana de aplicación para un futuro próximo. Necesitará la aprobación parlamentaria para reabrirse.
En una declaración a JTA, el ministerio negó cualquier cambio en la forma en que se interpreta la ley, pero dijo que están tomando medidas enérgicas contra la sospecha de fraude perpetrado por algunos solicitantes. Según un reciente artículo del diario El País, un informe policial enviado al ministerio a fines de 2018 alertó sobre la existencia de una organización criminal detrás del presunto fraude.
“Los motivos de la denegación pueden ser variados y diferentes en cada caso”, escribió la Federación de Comunidades Judías de España en un correo electrónico a JTA. “No existe una tipología común a través de la cual se deniegan los expedientes. Lo que sí podemos asegurar es que, tras seis años de colaboración con el Ministerio de Justicia, el trabajo realizado ha sido riguroso y profesional en todo momento”.
A veces, el certificado de la federación no es suficiente, como en el caso de Carlos Rizzo de Venezuela, cuya madre y tía, ambas personas mayores, vieron negadas sus solicitudes respaldadas por la federación el mes pasado. Rizzo es uno de un número significativo de solicitantes que ahora apelan los rechazos para ellos mismos y para los miembros de su familia.
“No tengo más remedio que apelar hasta el final. Es una injusticia en todos los sentidos de la palabra”, dijo Rizzo.
Los solicitantes tienen un mes para apelar después de recibir una carta de rechazo. Después de eso, el gobierno español tiene hasta 90 días para dar una respuesta oficial. Pero varios abogados involucrados en el proceso dijeron que las apelaciones a menudo tienden a quedar completamente sin respuesta.
Si su apelación es respondida y rechazada, los solicitantes pueden demandar al gobierno como último esfuerzo para obtener la ciudadanía. El proceso de apelación conlleva honorarios de abogados adicionales, ya que las personas no pueden presentar las apelaciones legalmente por sí mismas.
“Es solo después de una apelación administrativa que el solicitante puede acudir a un litigio ante la Corte Suprema”, explicó Arevalillo de la Torre.
Hay otra opción para quienes huyen de situaciones desesperadas: Portugal aprobó un proyecto de ley similar en 2015, otorgando la ciudadanía a los descendientes de sefardíes. Los datos del año pasado muestran que 23.000 personas han obtenido un pasaporte portugués a través de la ley.
Pero la ley portuguesa es más restrictiva porque requiere que los solicitantes demuestren vínculos con una comunidad sefardí específicamente portuguesa. Las comunidades judías más pequeñas de Lisboa y Oporto son las únicas organizaciones que pueden aprobar solicitudes, que deben mostrar vínculos con una de ellas.
Funcionarios de Washington y España han expresado su indignación por la ola de rechazos españoles. La representante de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Teresa Leger Fernández, una demócrata de Nuevo México, planteó el problema a la Casa Blanca y al Departamento de Estado.
En España, dos parlamentarios, Valentina Martínez y Pablo Hispan, del conservador Partido Popular, también han pedido al gobierno más explicaciones, informó el diario El Mundo. Si la tendencia actual continúa, los expertos predicen que decenas de miles de solicitudes serán rechazadas en el próximo trimestre.
Pulido planea demandar al gobierno si su apelación es descuidada o revocada.
“En mi familia estamos muy decepcionados por estas decisiones. Nuestra intención es volver a España y aportar nuestras habilidades y conocimientos a su sociedad”, afirmó. “No entiendo cómo hay tanta falta de aprecio por parte del gobierno español”.
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