Enlace Judío México e Israel – Recientemente, el gobierno español comenzó a denegar miles de solicitudes de nacionalidad por ascendencia sefardí que permanecían congeladas. Mientras algunos hablan de fraudes, otros acusan al gobierno de antisemitismo.
Simón Galico, gestor de trámites de nacionalidad, ha ayudado a cerca de mil clientes a obtener la nacionalidad española por ascendencia sefardí, gracias a la ley 11/2015, con que el gobierno español pretende resarcir los daños provocados a miles de judíos expulsados o forzados a convertirse al catolicismo a finales del siglo XV.
El año pasado, Enlace Judío entrevistó a Galico, quien alertó sobre prácticas inescrupulosas que despachos jurídicos y hasta comunidades judías de algunos países estaban realizando al amparo de la famosa ley de nacionalidad española. Miles de personas estarían siendo estafadas por gestores que, sin contar con evidencias sólidas que respaldaran la ascendencia sefardí de los solicitantes, cobrarían fuertes cantidades de dinero para llevarlas a trámite, aun a sabiendas de que este no prosperaría.
Ahora, cuando el gobierno de España ha comenzado a rechazar solicitudes a mansalva, muchos de estos gestores han hablado para la prensa sobre un supuesto cambio de criterio del gobierno español a la hora de evaluar las solicitudes. Para Galico, sin embargo, no existe ningún cambio de criterio.
“Desde el 2015 viene redactada la normativa, desde el 2015 viene redactada de tal manera que pide a los notarios ser muy cautos y comprobar la ascendencia sefardí de manera fehaciente. Lo pone varias veces en la normativa. La ley pone que no hay un mínimo de pruebas, pero que se tienen que valorar en su conjunto y le da una especial importancia al certificado de la Federación de Comunidades Judías de España.”
Muchos solicitantes, sin embargo, aportaron pruebas insuficientes o buscaron el aval de comunidades judías distintas a las de su país de origen o residencia, lo que puso al gobierno de España bajo alerta. “A lo mejor pueden decir que es un cambio de la forma en la que el gobierno ha admitido algunos trámites que no cumplen con los requisitos. Eso a lo mejor lo puedo admitir, pero en ningún caso se puede hablar de un cambio de criterio porque no lo ha habido.”
Y la forma más simple de comprobar que la opinión de Galico es correcta es remitirse a la fuente original: la ley 11/2015: “Cualquier interesado, cualquier persona que haya solicitado la nacionalidad puede descargar la ley. No es una ley muy densa, no son muchas hojas y la puede leer. Puedes leer por completo cuáles son las pruebas que se admiten como pruebas sefardíes, cuáles son las predilectas y tomar una decisión. Es decir, lo importante es que la persona que está haciendo este juicio pueden formarse al respecto y en la ley lo tiene completamente claro en ese sentido, independientemente de que haya o no haya un cambio de criterio o haya un cambio de interpretación del criterio.”
La responsabilidad es de los despachos
El año pasado, Galico alertó en este espacio sobre la conducta de “despachos, personas y comunidades” que hacían una “interpretación laxa de la ley” para representar, unos, y validar, las otras, a solicitantes que no cumplían con los requisitos necesarios para obtener la nacionalidad española por ascendencia sefardí.
A decir de Galico, algunas comunidades judías se prestaron a emitir cartas de reconocimiento de ascendencia sefardí para solicitantes que no pertenecían a las mismas y que muchas veces no vivían siquiera en las ciudades o los países donde estaban radicadas. Más aún: una vez integrados los expedientes defectuosos, hubo notarios españoles que admitieron miles de solicitudes a trámite, lo que motivó al menos dos comunicados del Ministerio de Justicia de España dirigidos a dichos notarios, a fin de que afinaran su criterio.
Detrás de esos miles de expedientes defectuosos se esconde un negocio redondo: comunidades que cobraban por emitir cartas, despachos que cobraban por hacer los trámites y notarios que cobraban por admitirlos. “Estos expedientes, cuando a mí me entrevistaron, eran expedientes que estaban frenados, no se habían denegado todavía.”
¿Qué cambió desde entonces? ¿Por qué ahora el asunto ha cobrado dimensiones escandalosas? “Hoy, el Gobierno de España, abierta y formal y frontalmente, ha reconocido que estos expedientes incumplen y los está denegando. Y esto es lo que está haciendo que la gente que confió en estos despachos de abogados se den cuenta de la situación en la que están.”
Respecto a las declaraciones de los gestores, que apuntan a un supuesto “cambio de criterio”, Galico opina que “es algo que los despachos están diciendo para quitarse responsabilidad. Esto del cambio de criterio es algo que los despachos están utilizando ampliamente para justificar a sus clientes que ellos hicieron mal las cosas y esta parte a mí me preocupa, me preocupa mucho.”
Al despacho de Simón Galico llegan muchos de esos clientes frustrados, posiblemente defraudados por gestores sin escrúpulos, y se trata de clientes “enojados, clientes frustrados que no se les dijo la información completa, clientes que no sabían ni siquiera qué documentos estaban metiendo sus gestores al trámite.”
Sobre advertencia…
Ya desde 2019, el gobierno de España había encendido las alertas sobre el gran número de solicitudes que no reunían los requisitos establecidos por la ley 11/2015. “El 6 de febrero de 2019, lo que era la Dirección General del Registro de Notariado, mandó un comunicado a los notarios instándoles de ser más, más cautos con las actas, a pedir más pruebas, a darle más validez al certificado de la Federación de Comunidades Judías de España, a tener mucho cuidado y hacer esta comprobación fehaciente.”
Por lo tanto, “no pueden decir los despachos que no sabían o que no había un conocimiento de que las cosas no estaban bien hechas. Y si bien ese comunicado existe desde el 6 de febrero, ya luego, cuando entró la directora general de Seguridad Jurídica y Pública, el 29 de octubre de 2020, mandó ya un comunicado muy claro, totalmente claro y totalmente contundente y totalmente rígido en el sentido de decir ‘estas son las pruebas que se admiten y estas son las pruebas que estamos viendo que están ingresando, que no son admisibles’.”
La ley 11/2015 admite diversas pruebas para ser valoradas en su conjunto. Un apellido frecuente entre los sefardíes del siglo XV no es una de ellas. En cambio, la opinión de la Federación de Comunidades Judías de España tiene un peso muy grande.
“La Federación de Comunidades Judías de España hace un trabajo muy importante, muy positivo, en favor de estos sefardíes que fueron expulsados y que quieren recuperar su nacionalidad y pone a un equipo de genealogistas a trabajar para investigar la ascendencia de los sefardíes, es decir, de los interesados.”
El trabajo es titánico: “la Federación tiene, por obligación, que comprobar que exista esa ascendencia y que exista ese vínculo. Estamos hablando de una ascendencia de 1492, es decir, de hace más de 500 años. Entonces es muy difícil comprobar eso. Se requiere muchas horas, requiere mucho tiempo, requiere mucho esfuerzo, requiere expertos y la Federación ha hecho un trabajo importante en hacer esos análisis. Iba retrasada porque obtuvo, recibieron muchísimas solicitudes, se tardaban en contestar, es correcto, pero también es cierto que al verse desbordados de trabajo, pidieron ellos prórrogas con el Ministerio de Justicia para poder emitir sus certificados con tiempo.”
Pero al revisar las solicitudes, la Federación tuvo que rechazar aquellas que, a su juicio, no cumplían con los requisitos. Es decir, que no aportaban pruebas fehacientes de la ascendencia sefardí de los solicitantes. “Y entonces, en algunos casos, cuando la gente veía que no podía obtener el certificado de la Federación, iba a buscar otras opciones.”
Algunos buscaron cartas de las autoridades rabínicas o de las comunidades judías de sus países y ciudades de nacimiento o residencia, lo cual está contemplado por la ley 11/2015. Pero en vista de que muchas comunidades decidieron no otorgar dichas cartas, algunos solicitantes, de hecho, miles de ellos, optaron por buscar certificados de comunidades o de rabinos en ciudades y países distintos a aquellos donde habían nacido o vivido.
“Salió en El País una noticia donde se reconocían números muy alarmantes de alguna comunidad judía en algún lugar, no quiero decir nombres, donde esta comunidad emitió 20,000 certificados a gente de otros países. Esta comunidad evidentemente no está en España y no tenía la autoridad” ni el reconocimiento del gobierno de España para emitir dichos certificados.
“Yo creo que no podemos acusar al Gobierno de España de cumplir su ley”, dice Galico, “de acatar a su normativa. Y si no, podríamos llegar a culpar de haber sido laxos en un principio y de haber autorizado algunas actas que no debían de haber sido autorizadas. Básicamente esa es mi opinión al respecto .”
¿Y cómo saber el estatus de tu trámite?
Mucha gente, cuyo expediente se mantenía “congelado”, ha comenzado a preocuparse porque familiares suyos que también presentaron solicitudes, están siendo rechazados. “Es decir, si tus hermanos firmaron, tus primos firmaron y todos fueron rechazados, pues ahí tienes tu primera pista.” Pero hay una vía más directa para obtener información.
“Lo importante aquí es que hay una plataforma habilitada por el Ministerio de Justicia para consultar el estatus de tu solicitud. Es una plataforma que se puede entrar fácilmente y lo único que requieren es poner su número de pasaporte con el que hicieron la solicitud y un código que viene dado en el acta de notoriedad.”
En ese enlace, los interesados podrían consultar el estatus de su trámite y saber si su solicitud está denegada o si se encuentra en otro proceso. “Ahora, esa plataforma funciona mucho mejor que antes, porque como ya dieron las denegaciones, básicamente abrieron a conocimiento de todo el público cuáles estaban denegadas, pero también abrieron a conocimiento del público cuáles están aprobadas.”
Finalmente, Galico admite que “existe algo que me tiene dolido, preocupado (…) decir que el gobierno de España es antisemita. Creo que es un comentario muy peligroso. Sea quien sea quien lo diga, creo que creo que es un comentario peligroso. Más cuando este país ha hecho un trabajo muy importante para devolver la nacionalidad a muchísimos sefardíes que, como yo, vivimos en España gracias a haber recuperado nuestra nacionalidad que nos fue arrebatada en la Inquisición.”
Y concluye: “creo que creo que hablar de esto, hablar de antisemitismo, está totalmente fuera de lugar. Creo que culpar al gobierno de cumplir la normativa está totalmente fuera de lugar y yo creo que lo que tiene que haber ahorita es una responsabilidad de los despachos para reconocer las cosas como son.”
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