Enlace Judío.- La Autoridad Palestina denunció la decisión de Israel de etiquetar a seis ONG de organizaciones terroristas como un “asalto desquiciado a la sociedad civil palestina”.
KHALED ABU TOAMEH
La Autoridad Palestina, Hamas y varias facciones palestinas y grupos de la sociedad civil han condenado la decisión de Israel de designar a seis ONG como organizaciones terroristas afiliadas al Frente Popular Marxista-Leninista para la Liberación de Palestina (FPLP).
Una declaración emitida por el Ministerio de Defensa el viernes nombró a las seis organizaciones como Addameer Prisoner Support and Human Rights Association, Al-Haq-Defending Human Rights, Defense for Children – International, Unión de Comités de Mujeres Palestinas, Bisan Center for Research and Development, y Unión de Comités de Trabajo Agrario, informó The Jerusalem Post.
Los seis grupos “constituyen una red de organizaciones encubiertas activas en el frente internacional en nombre del Frente Popular para la Liberación de Palestina y están controladas por altos líderes del FPLP“, dijo el ministerio.
La Autoridad Palestina denunció la decisión como un “asalto desquiciado a la sociedad civil palestina”.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina dijo en un comunicado que “esta calumnia falaz y calumniosa es un asalto estratégico contra la sociedad civil palestina y el derecho fundamental del pueblo palestino a oponerse a la ocupación ilegal de Israel y exponer sus crímenes continuos”.
Palestinos sostienen banderas del Frente Popular para la Liberacion de Palestina (FPLP), 23 de diciembre de 2013 (credito: AMMAR AWAD / REUTERS)
La medida es “la última de una campaña sistemática e implacable contra las organizaciones de la sociedad civil palestina y los principales defensores de los derechos humanos”, dijo el ministerio, advirtiendo de “posibles consecuencias graves de este asalto sin precedentes”.
Pidió a la comunidad internacional que esté a la altura de las circunstancias y “defienda el derecho de estas organizaciones a trabajar sin persecución y el derecho fundamental del pueblo palestino a defender su libertad”.
El primer ministro de la Autoridad Palestina, Mohammad Shtayyeh, pidió a la comunidad internacional y a todas las organizaciones de derechos humanos que condenen la medida que, dijo, “contradice las resoluciones y leyes internacionales”.
Shtayyeh condenó la medida como una “grave violación del derecho internacional” y dijo que las organizaciones objetivo operan de acuerdo con las leyes palestinas.
Osama Qawassmeh, portavoz de la facción gobernante Fatah, acusó al gobierno israelí encabezado por el primer ministro Naftali Bennett de buscar “silenciar las voces que exponen sus crímenes contra la humanidad y sus flagrantes violaciones del derecho internacional y humanitario”.
Israel, agregó, “es una entidad basada en la dictadura, y su pretensión de democracia es una mentira y una tapadera para sus crímenes en el territorio palestino ocupado”.
El FPLP, la segunda facción más grande de la OLP después de Fatah, no negó los vínculos con las seis organizaciones.
En reacción a la decisión, el FPLP dijo que constituye “una continuación de la agresión contra las instituciones del pueblo palestino y las organizaciones de la sociedad civil que llevan a cabo su papel y deber hacia el pueblo palestino”.
Kayed al-Ghoul, miembro del buró político del FPLP, dijo en un comunicado que la medida israelí “tiene como objetivo reforzar el asedio al pueblo palestino y sus instituciones y evitar que las ONG presten servicios al pueblo palestino”.
Según al-Ghoul, la decisión tiene como objetivo evitar que las ONG “expongan las políticas y prácticas israelíes en varios niveles”. La decisión, agregó, también apunta a “desviar la atención de los esfuerzos para procesar a los líderes del estado ocupante en los tribunales europeos y en la Corte Penal Internacional (CPI)“.
Los palestinos están “orgullosos de la afiliación de cualquiera de sus hijos a cualquier facción nacional que se resista a la ocupación, incluido el Frente Popular para la Liberación de Palestina“, dijo al-Ghoul.
El Consejo de Organizaciones de Derechos Humanos de Palestina (PHROC) y la Red de ONG palestinas (PNGO) dijeron en una declaración conjunta que las “designaciones arbitrarias apuntan a seis de las organizaciones y defensores de derechos humanos más eminentes que participan en trabajos críticos de derechos humanos, incluida la documentación y el monitoreo de las violaciones de derechos humanos, el trabajo de rendición de cuentas para enjuiciar los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad de Israel, y los esfuerzos legales y de promoción para poner fin a la ocupación israelí, el colonialismo de colonos y el régimen de apartheid”.
Los dos grupos pidieron a la comunidad internacional que exija que Israel revoque la decisión y “detenga el empleo de prácticas y políticas ilegales de intimidación y acoso”.
La Comisión Palestina Independiente de Derechos Humanos denunció la decisión, diciendo que era “una continuación de la agresión practicada por la ocupación contra nuestro pueblo y sus instituciones nacionales y civiles que operan de acuerdo con la ley palestina, y parte de su objetivo de la narrativa palestina porque el importante papel de la obra civil palestina es la persecución de los crímenes de la ocupación”.
La decisión de clasificar a las seis ONG como organizaciones terroristas es “una continuación de la política sistemática de las autoridades de ocupación israelíes de atacar a las instituciones de la sociedad civil palestina en violación de las normas de las leyes internacionales, y son delitos que requieren el enjuiciamiento y el juicio de los involucrados”, argumentó la comisión.
Al-Haq, uno de los seis grupos declarados organización terrorista, rechazó la designación.
“Las acusaciones infundadas representan una escalada alarmante e injusta de ataques contra el pueblo palestino en su lucha por la libertad, la justicia y el derecho a la autodeterminación”, dijo Al-Haq en un comunicado. “La difamación generalizada y sistemática de Israel de las ONG palestinas de derechos humanos y los defensores de los derechos humanos tiene como objetivo deslegitimar, oprimir, silenciar y agotar su trabajo y sus recursos”.
Al-Haq afirmó que la decisión israelí se produjo inmediatamente después de la apertura de una investigación de la Corte Penal Internacional sobre los “crímenes” israelíes.
El director general de Al-Haq, Shawan Jabarin, dijo que las acusaciones contra su grupo eran “el resultado de que Israel no desafió el trabajo de la organización sobre la base de la ley o las pruebas”.
Hamás también condenó la decisión israelí, calificándola de “una de las formas de guerra librada contra los palestinos y un acto terrorista”.
Hazem Qassem, portavoz de Hamas en la Franja de Gaza, dijo que la decisión tiene como objetivo “debilitar a los palestinos y privarlos de los servicios prestados por estas organizaciones”.
“Llamamos a lanzar una campaña nacional para enfrentar las decisiones de la ocupación contra nuestras instituciones civiles nacionales”, dijo.
“Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que no se ocupe de la falsa narrativa sionista y exponga el terrorismo sionista que respalda tales decisiones”.
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