Enlace Judío – El ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, presentó hoy una solicitud formal para una investigación del Estado sobre el llamado “caso de los submarinos”, un turbio acuerdo entre Israel y un constructor naval alemán, que ya ha dado lugar a múltiples acusaciones, informó The Times of Israel.
El escándalo, también conocido como Caso 3000, gira en torno a las acusaciones de una trama de sobornos masivos en la compra por parte de Israel de buques de guerra, submarinos y buques lanzamisiles, por un valor de miles de millones de shekels al constructor naval alemán Thyssenkrupp. Varios de los involucrados han sido acusados, entre ellos algunos confidentes del exprimer ministro Benjamín Netanyahu, quien autorizó la compra.
“He presentado al secretario del gabinete una propuesta para la formación de una comisión estatal de investigación sobre la compra de los submarinos y buques de guerra. La formación de la comisión es crítica para el establecimiento de defensa y el Estado de Israel – si no descubrimos la verdad, no podremos aprender lecciones para el futuro”, dijo Gantz.
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El escándalo habría incluido la venta de dos submarinos de clase Dolphin y dos buques de guerra antisubmarinos por parte de Alemania a Egipto, supuestamente aprobada por Netanyahu sin consultar o notificar al entonces ministro de Defensa Moshe Ya’alon y al entonces jefe del Estado Mayor de las FDI, Gantz. Desde hace tiempo, Israel goza de un derecho de veto no oficial sobre este tipo de ventas por parte de Alemania.
Si bien los opositores de Netanyahu han insistido en una investigación gubernamental sobre el caso, sus partidarios han afirmado que dicha investigación estaría motivada políticamente, una acusación que Gantz rechazó.
“No se trata de un asunto personal; es un imperativo nacional. Se trata de una cuestión que se encuentra en el corazón del establecimiento de defensa y representa una necesidad de seguridad nacional de primer orden para garantizar la confianza de los ciudadanos en el sistema y en sus responsables”, señaló el ministro en un comunicado.
Gantz pidió un presupuesto de 9 millones de shekels (2.85 millones de dólares) para la comisión de investigación, 7 millones vendrían del Ministerio de Defensa y 2 millones del Ministerio de Justicia.
El ministro de Exteriores y primer ministro alterno, Yair Lapid, apoyó la propuesta y calificó el “caso de los submarinos” como el “escándalo de seguridad más grave de la historia de Israel”. La investigación también es respaldada por el ministro de Justicia, Gideon Sa’ar, y el ministro de Finanzas, Avigdor Lieberman, quienes firmaron la propuesta del titular de la defensa.
Aunque Gantz especificó que la investigación está destinada a garantizar la confianza de los ciudadanos en el aparato de defensa de Israel, los detalles de la misma se mantendrían en secreto.
“La comisión no publicará su informe o los protocolos de sus reuniones, en su totalidad o parcialmente, a menos que la publicación no contenga información secreta o que no se haya considerado clasificada, en cualquier nivel”, dice la propuesta.
Además, la gran mayoría de las audiencias de la comisión se celebrarían “a puerta cerrada” y solo se permitiría la comparecencia de abogados con altas habilitaciones de seguridad.
Desde que el caso salió a la luz en 2016, se ha intentado establecer una comisión de investigación estatal en varias ocasiones, incluyendo una solicitud de Gantz el año pasado, para una investigación interna del Ministerio de Defensa. Ese intento se vio frustrado por el fiscal general Avijai Mandelblit, quien advirtió que interferirá con la investigación penal.
A principios de este año, el Movimiento por un Gobierno de Calidad en Israel fue uno de los grupos que presentó una petición a la Corte Suprema para una investigación estatal. Sin embargo, la corte rechazó las peticiones, diciendo que a pesar de la “conducta impropia y preocupante” en el caso, no había motivo para ordenar una investigación gubernamental.
Mientras que varios colaboradores cercanos a Netanyahu han sido acusados en el caso, que involucra sospechas de que funcionarios israelíes fueron sobornados para asegurar que Thyssenkrupp obtenga el contrato, el exprimer ministro no ha sido implicado en el caso y el fiscal general ha dicho que no es sospechoso.
En octubre, la fiscalía del Estado dijo a la Corte Suprema de Justicia que no había justificación para abrir una investigación penal sobre Netanyahu por este asunto.
El exprimer ministro ya está siendo juzgado en un tribunal por fraude y abuso de confianza en otros tres casos, y por soborno en uno de ellos. Niega haber cometido irregularidades y afirma ser víctima de un intento de golpe político que involucró a la Policía, la fiscalía, la izquierda y los medios de comunicación.
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