Enlace Judío – Los ministros del gabinete de gobierno de Israel aprobaron en una etapa preliminar este domingo una iniciativa de ley que prohibiría nuevamente a los palestinos que se casan con israelíes recibir permisos para vivir con sus cónyuges en Israel, meses después de que expiró una prohibición anterior tras disputas internas de la coalición gubernamental, informó The Times of Israel.
La iniciativa, ampliamente conocido como la “ley de ciudadanía”, fue sometida a votación en el Comité Ministerial de Legislación, lo que permite acelerar el proceso legislativo. A partir de ahí, la iniciativa pasará a la Knéset, donde aún debe ser aprobada en 3 votaciones antes de convertirse en ley.
Nueve ministros votaron a favor de la iniciativa. La ministra de Protección Ambiental, Tamar Zandberg, del partido de izquierda Meretz, votó en contra y el ministro de Asuntos de la Diáspora, Najman Shai, del partido Avodá de centro izquierda, se abstuvo.
Introducida en el apogeo de la segunda intifada en un intento de prevenir ataques terroristas, la Ley de Ciudadanía y Entrada de 2003 prohibió en gran medida a los palestinos casados con israelíes obtener la residencia permanente. Posteriormente, se establecieron excepciones para que algunos cónyuges recibieran dos tipos de permisos que otorgaban la residencia, pero poco más.
La ley ha sido muy controvertida desde su inicio, ya que los grupos de derechos humanos la acusan de discriminar a los palestinos y árabes israelíes. La Corte Suprema de Justicia de Israel dio su visto bueno a la ley en una decisión de 6-5 en 2012 después de una prolongada batalla legal.
Pero la coalición no renovó la ley el año pasado y expiró. A pesar de que la ley se alineó con sus políticas, la oposición de derecha, liderada por el Likud, votó en contra en un intento de empantanar a la coalición.
Desde entonces, la ministra del Interior, Ayelet Shaked, ha declarado en repetidas ocasiones que tiene la intención de llevar la ley a otra votación, aunque las posibilidades de que se apruebe siguen siendo escasas. Y ha ordenado a su oficina que continúe implementando la prohibición, a pesar de que la ley ya no está vigente.
Alrededor de 12,700 palestinos casados con israelíes viven en Israel con documentación temporal, necesaria para renovar constantemente su frágil estado en el país.
Durante años, a la mayoría no se les permitió conducir o abrir cuentas bancarias. Si su cónyuge israelí muere o se divorcian, podrían ser deportados, lo que obligaría a sus hijos árabes israelíes a irse con ellos a Judea y Samaria (Cisjordania) o quedarse sin ellos.
La enmienda se renovó anualmente hasta que fue revocada en una dramática en julio. Aunque la escasa coalición gobernante de Israel había tratado de aprobar la enmienda nuevamente, dos parlamentarios de su partido islamista Ra’am se abstuvieron y negaron al gobierno los votos necesarios.
Sobre el papel, con la derogación de la ley, los palestinos casados con israelíes actualmente no son legalmente diferentes de cualquier otro cónyuge extranjero. La ley israelí otorga a los cónyuges extranjeros la residencia en el país a través de un proceso conocido como unificación familiar.
Sin embargo, el Ministerio del Interior está controlado por Shaked, quien ha dado instrucciones al personal del ministerio para que continúe como si la prohibición siguiera siendo válida hasta nuevo aviso. Shaked ha presionado por controles aún más estrictos sobre la inmigración palestina a Israel en el pasado.
En una carta que explicaba la política actual en septiembre, un alto funcionario del Ministerio del Interior dijo que Shaked había ordenado al ministerio que continuara como si la ley permaneciera en vigor mientras la oficina “examinaba las implicaciones del cambio”.
El gobierno promulgó inicialmente la prohibición de la unificación familiar palestina para prevenir ataques terroristas. El estatuto de 2003 se aprobó después de que el miembro de Hamás Shadi Tubasi, que había recibido una tarjeta de identidad israelí por matrimonio, matara a 16 israelíes en uno de los ataques terroristas más brutales de la segunda intifada.
Alrededor de 130,000 palestinos recibieron derechos de unificación familiar durante la década de 1990, antes de que la prohibición entrara en vigor. Según el servicio de seguridad Shin Bet, unas 155 de esas personas o sus descendientes han estado involucrados en ataques terroristas desde 2001.
Los políticos israelíes, incluido el ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, también han defendido cada vez más la ley como una medida demográfica destinada a mantener la mayoría judía de Israel.
“No hay necesidad de eludir la esencia de esta ley. Es una de las herramientas para asegurar una mayoría judía en Israel, que es el Estado nación del pueblo judío. Nuestro objetivo es que haya una mayoría judía ”, tuiteó Lapid poco antes de que la ley caducara a principios de julio.
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