Enlace Judío.- En un artículo de opinión de David Horovitz publicado por The Times of Israel, el autor sugiere que un acuerdo resolvería el caso del estado contra el ex primer ministro Benjamin Netanyahu. Pero, se pregunta, ¿qué pasa con el fatídico asunto del ex primer ministro frente a las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley del estado?
El 24 de mayo de 2020, con un grupo de alrededor de una docena de destacados políticos del Likud dispuestos en solidaridad a su alrededor, el primer ministro Benjamin Netanyahu desató una furiosa denuncia del sistema de enjuiciamiento estatal que, acusó, lo estaba incriminando, pisoteando la ley y subvirtiendo la democracia en Israel.
“Elementos de la policía y la fiscalía estatal se unieron con periodistas de izquierda… para fabricar casos sin fundamento en mi contra”, alegó Netanyahu. “El objetivo es derrocar a un fuerte primer ministro de derecha y desterrar al campo de derecha del liderazgo del país durante muchos años… Este es un intento de golpe político, contra la voluntad del pueblo”.
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Estas afirmaciones, y mucho más de lo que dijo ese domingo por la mañana, las había dicho muchas veces antes, incluso en una serie de transmisiones en vivo en las salas de estar de la nación. Lo que fue diferente ese día fue la ubicación: la entrada del Tribunal de Distrito de Jerusalén, donde se estaba llevando a cabo su juicio en tres casos de corrupción.
Ahora, 20 meses después, se informa ampliamente que el fiscal general que supervisó la investigación de Netanyahu y tomó la trascendental decisión de acusar a un primer ministro en funciones está entusiasmado con la idea de finalizar un acuerdo con el acusado: el acusado que ha buscado transformar el caso del estado contra Benjamin Netanyahu en el caso de Benjamin Netanyahu contra las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley del estado.
Lo que ha cambiado, centralmente, en estos últimos 20 meses es que Netanyahu ya no está en el cargo, derrocado en gran parte debido a los cargos presentados en su contra, acusaciones de corrupción que le costaron un apoyo crucial. En la narrativa de Netanyahu, el golpe tuvo éxito.
Varias personas internas ostensibles y otros expertos han propuesto varias razones de por qué Avichai Mandelblit consideraría llegar a un acuerdo en este enjuiciamiento de alto riesgo. Ninguno de ellos parece satisfactorio.
Se ha sugerido que el fiscal general quiere cerrar el caso antes de dejar el cargo, después de seis años, a fin de mes. Eso es evidentemente absurdo. Habría sabido cuando presentó la acusación que ya no estaría presente al final de un juicio que involucraba a cientos de testigos, y que no necesitaría estar presente; su(s) sucesor(es) continuaría(n) supervisando el equipo que procesa directamente el caso.
El primer ministro Benjamin Netanyahu en la Kneset el 20 de noviembre de 2019 (izquierda), el fiscal general Avichai Mandelblit se dirige a la prensa en Jerusalen el 21 de noviembre de 2019 (Gali Tibon, Menahem Kahana / AFP)
Se ha postulado, incluso enérgicamente por parte de los leales a Netanyahu, que Mandelblit no confía en poder obtener una condena. Si eso fuera así, nunca debería haber presentado los cargos. Es un poco demasiado tarde para echarse atrás ahora.
Y se ha sugerido, nada menos que por el ex presidente de la Corte Suprema, Aharon Barak, que una resolución ahora, con una admisión de culpabilidad por parte del ex primer ministro, aunque sea en los delitos notablemente menores en el acuerdo propuesto, beneficiaría a la sociedad israelí en general. Barak, quien ha confirmado que está alentando a Mandelblit a trabajar por un acuerdo con la fiscalía, dijo esta semana que un acuerdo “quitaría el aguijón de los ataques al sistema judicial” y, por lo tanto, aceleraría un proceso de sanación nacional.
Con el debido respeto a Barak, tal noción asume de manera inverosímil que el primer ministro de Israel más elegido y con más años de servicio, y aún la opción preferida del público para el puesto, una vez que se hiciera un trato, se escabulliría en el olvido escarmentado.
Mucho más probable es que Netanyahu, primero, afirme que el caso en su contra se estaba derrumbando, como lo demuestra la disposición de Mandelblit a retirar el cargo más grave, el de soborno. En segundo lugar, explicaría que, no obstante, se vio obligado a declararse culpable de los cargos reducidos porque, dadas las fuerzas perniciosas que se apilaban contra él y contra el bloque político que encabeza, su inocencia era una defensa insuficiente. En tercer lugar, buscaría un indulto presidencial, o al menos una prohibición abreviada de cargos públicos. ¿Curación nacional? No tanto.
Los argumentos en contra de que Mandelblit llegara a un acuerdo con Netanyahu, por el contrario, parecen potentes y convincentes.
El fiscal general eligió enfrentarse a un primer ministro en funciones porque insistía en que había un caso serio y sólido para que Netanyahu respondiera, tan serio y sólido como para obligarlo a intervenir en el funcionamiento normal del proceso democrático. Determinó que la ley israelí permitía a Netanyahu permanecer en el cargo mientras continuaba la investigación, e incluso después de que se presentara la acusación y comenzara el juicio. Pero sabía que la investigación, los cargos y el juicio cambiarían la política israelí.
Por lo tanto, emitir la acusación fue, por recurrir a subestimarla, un paso que no se debe tomar a la ligera. De la misma manera, no es un proceso para abortar a la ligera antes de que se presenten y sopesen las pruebas.
Además, el acusado aumentó las apuestas, afirmando que no es realmente él quien está siendo juzgado, sino la policía y la fiscalía, respaldados por los medios de comunicación de izquierda y sus opositores políticos, quienes han conspirado para expulsarlo, y no solo a él – para derrocar a su gobierno de derecha y a los futuros gobiernos de derecha durante años.
El juicio de un primer ministro por corrupción nunca podría tener lugar en un vacío político, como una especie de operación legal estéril, y la narrativa de golpe político de Netanyahu solo ha aumentado las sensibilidades nacionales que lo rodean. Llegar a un acuerdo secreto, elaborado por abogados a puertas cerradas, sin el desinfectante de la luz del sol que proporciona un juicio, permitiría que esa narrativa se pudra.
De hecho, la insistencia ampliamente difundida de Mandelblit de que el acuerdo de culpabilidad incluya una cláusula en la que Netanyahu admita su “vileza moral”, lo que significa que se le prohibiría ocupar un cargo público durante siete años, refuerza la narrativa de Netanyahu. La designación de “vileza moral” pretende ser una consecuencia lógica de una condena por un delito grave, no un arma separada en el arsenal de la acusación. Según se informa, al exigirlo como parte del acuerdo, Mandelblit esencialmente estaría haciendo precisamente lo que Netanyahu ha alegado que ha estado haciendo: ir más allá de su mandato legal y buscar directamente asegurar la destitución prolongada de un primer ministro de derecha.
Dando a entender su apoyo a un acuerdo de culpabilidad a principios de esta semana, la ex jueza de la Corte Suprema Edna Arbel señaló que tales acuerdos son comunes en el sistema israelí y, cuando las partes pueden llegar a un acuerdo, son importantes para ahorrar tiempo y aumentar la eficiencia de los tribunales.
Los partidarios del primer ministro Benjamin Netanyahu se manifiestan frente al Tribunal de Distrito de Jerusalen antes del inicio de su juicio por cargos de corrupcion, el 24 de mayo de 2020. (Menahem Kahana/AFP)
Pero el caso del estado versus Benjamin Netanyahu no es un caso ordinario, él no es un acusado ordinario, y muchas de las consideraciones ordinarias cuando se sopesa un acuerdo de culpabilidad no tienen cabida aquí.
Israel, tan amargamente dividido por Netanyahu, sus virtudes y presuntos crímenes, con su gobierno aún ensombrecido y paralizado por esta saga, requiere que se haga justicia y que se vea que se hace. Por el bien de todos los directamente involucrados y de la nación observadora, se debe escuchar la evidencia, los jueces deben dictaminar y el público debe estar empoderado y habilitado para que todo tenga sentido.
Israelies protestan contra el primer ministro Benjamin Netanyahu frente a su residencia oficial en Jerusalen el 30 de julio de 2020. (Yonatan Sindel/Flash90)
El veredicto, cuando sea y culquiera sea, no será un momento curativo. Lejos de eso. Pero sí ofrece una base potencial para una eventual curación. Un proceso judicial en pleno desarrollo, terminado por un acuerdo secreto que el acusado alegará que le fue impuesto por sus politizados adversarios acusadores, no lo hace.
Un acuerdo de culpabilidad resolvería el caso legal importante y limitado del estado contra Netanyahu. Pero no resolvería el fatídico asunto a nivel nacional de Netanyahu frente a las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley del estado.
David Horovitz es editor fundador de The Times of Israel.
Reproducción autorizada con la mención siguiente: ©EnlaceJudío
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