Enlace Judío.- El Departamento de Estado de EE. UU. ha ofrecido una subvención de hasta 987.654 dólares para proyectos que incluyen la denuncia de violaciones de derechos humanos por parte de Israel, lo que genera preocupación sobre el potencial de abuso por parte de organizaciones que buscan boicots, sanciones y tribunales de derecho internacional contra Israel.
La Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo (DRL) anunció “una competencia abierta para proyectos que fortalezcan la rendición de cuentas y los derechos humanos en Israel, Cisjordania y Gaza” el mes pasado, y se cree que es la primera de su tipo en Washington, informó The Jerusalem Post.
Las propuestas están destinadas a “recopilar, archivar y mantener documentación sobre derechos humanos para apoyar la justicia y la rendición de cuentas y los esfuerzos de promoción liderados por la sociedad civil, que pueden incluir documentación de violaciones legales o del sector de la seguridad y derechos de vivienda, tierra y propiedad”.
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Los proyectos también pueden “tomar medidas significativas en la búsqueda de la verdad, la rendición de cuentas y la conmemoración; y/o brindar apoyo psicosocial a los sobrevivientes de atrocidades”.
Democracia, Derechos Humanos y Trabajo favorecerá proyectos liderados por organizaciones locales con capacidad comprobada para implementar programas en Israel, Cisjordania y Gaza.
KARIM KHAN, nuevo fiscal de la CPI. (credito: MICHAEL KOOREN / REUTERS)
Las reglas del concurso establecen que las solicitudes no pueden “reflejar ningún tipo de apoyo a ningún miembro, afiliado o representante de una organización terrorista designada”. Tampoco se considerarán proyectos que beneficien directamente a militares extranjeros o grupos paramilitares.
Los solicitantes deben pasar la investigación de antecedentes para evaluar el riesgo de que los fondos se destinen a terroristas o sus partidarios, dice el sitio web del Departamento de Estado.
El profesor Gerald Steinberg, director de NGO Monitor, que realiza un seguimiento de la financiación de las ONG que se ocupan de cuestiones relacionadas con Israel, dijo que nunca había visto un anuncio de financiación estadounidense de este tipo.
La financiación estadounidense “generalmente no era para estas ONG más políticas bajo los títulos de derechos humanos”, dijo.
Steinberg escribió una carta al Secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, diciendo que los proyectos de ONG del tipo descrito “son explotados para campañas dirigidas a Israel. Estos beneficiarios presionan a la Corte Penal Internacional y a los marcos de la ONU, como las Comisiones de Investigación sesgadas, para sancionar a Israel, promover el BDS y usar la etiqueta de ‘apartheid‘”.
La administración Biden se ha opuesto a la investigación de la Corte Penal Internacional sobre Israel, al uso del “apartheid” para describir a Israel y a la Comisión de Investigación de la ONU contra Israel.
“A la luz del repetido rechazo de la Administración Biden a tales campañas, hacemos un llamado al Departamento de Estado para que reconsidere este programa”, escribió Steinberg. “Sin embargo, si procede el NOFO [aviso de oportunidad de financiamiento], será necesaria la aplicación de salvaguardias claras y rigurosas para garantizar que los fondos de los contribuyentes no se proporcionen a organizaciones que promueven una agenda discriminatoria contra Israel bajo la fachada de responsabilidad y derechos humanos“.
Según Steinberg, “el lenguaje [de NOFO] refleja lo que los gobiernos europeos usan para justificar el financiamiento de organizaciones como Al Haq y Breaking the Silence”, organizaciones de derechos humanos palestinas e israelíes, respectivamente, que han abogado por boicots a Israel y por que funcionarios israelíes sean juzgados por crímenes de guerra.
“Es difícil ver otra explicación para este tipo de subvención”, dijo.
Tales organizaciones de derechos humanos que apuntan a Israel son “una industria del orden de por lo menos $ 50 millones para grupos de Israel y palestinos de gobiernos europeos, además de contar con el apoyo de la ONU. Es aún más si incluye a Human Rights Watch y Amnistía”, que han acusado a Israel de ser un estado de apartheid, “y esta financiación podría, en teoría, ir a ellos”, dijo Steinberg.
Blinken se reunió recientemente con el director ejecutivo de Human Rights Watch, Kenneth Roth, y con la secretaria general de Amnistía, Agnes Callamard, y solo publicó un breve tuit en el que decía: “Apoyamos la importante labor de los defensores de los derechos humanos”. Elogió su trabajo en un discurso sobre el genocidio de los rohingya en Myanmar.
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