Enlace Judío – El vivir a 17 mil km de distancia del país que me vio nacer, crecer y luchar para que se constituya de una vez por todas en un país democrático; más la experiencia de vida que me da, desde hace mas de 22 años, ser ciudadano de otro país en estado de guerra permanente y con ataques terroristas casi a diario contra su población civil, me da la tranquilidad de poder comparar el distinto tratamiento del cuidado legal a la protección de los derechos fundamentales de sus ciudadanos.
DIEGO SCIRETTA
El Estado de Israel es un Estado judío y democrático y donde la palabra impunidad existe solo en el diccionario. Está claro que todo acto que viola la ley será investigado y sus autores condenados; sin importar su ideología política o nivel en la pirámide de poder: un ex presidente, un ex primer ministro, ex rabino mayor de Israel, periodistas, actores, futbolistas, etc.
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Policías y militares no tienen garantías de impunidad en el marco de una justicia absolutamente independiente del poder político. Al contrario, la gente que detenta posiciones de poder recibe penas más duras.
Un país que tiene pena de muerte y solo condenó al jerarca nazi Eichmann, secuestrado por el Mossad en Buenos Aires y colgado en la ex cárcel de Acre donde los ingleses encerraron a miles de judíos durante el mandato británico en Palestina.
Un país que, pese a 74 años de lucha anti terrorista, no tiene un solo terrorista desaparecido.
Inocente, hasta que se demuestre lo contrario
En igual medida que no existe impunidad, sí existe la garantía estatal de la presunción de inocencia y el apoyo de todos las herramientas legales para defender ese derecho de los ciudadanos israelíes, sean judíos o árabes, de izquierda o derecha, primeros ministros o terroristas, pobres o ricos.
Es así como vemos que pese a los miles de pedidos de que se le quite la ciudadanía israelí a los terroristas autores de tremendos atentados contra civiles, el Estado defiende su derecho innegable a ser ciudadanos.
La defensa de un ciudadano israelí por parte de su Estado es un principio, además de legal, moral y ético.
Por eso vemos permanentemente viajar a ministros y secretarios, incluso primeros ministros a países donde hay israelíes presos y no importa por qué delito o si injustamente están presos.
Por eso vemos organizaciones religiosas y rabinos arriesgar sus vidas y libertad para ayudar a presos israelíes de países que violan los derechos humanos en forma sistemática, cuando su vida corre riesgo en esas cárceles.
Y por eso vemos la meticulosidad y cuidado con que la justicia israelí toma cada caso, donde se pide deportación, intentando dilucidar en primera instancia si este pedido del país solicitante no es un pedido político, si los procedimientos legales en el proceso de solicitud fueron correctos.
Y qué garantía brinda el país solicitante de que se le realizará al deportado, israelí o no, un juicio justo y las condiciones de su estadía en el segundo país son dignas y garantizan su vida.
El principal defensor de la vida y libertad de un israelí es el Estado.
En el caso de Argentina, el juez Otranto acaba de condenar a Facundo Molares Schoenfeld a la deportación, solicitada a la interpol por un juez colombiano, sin jurisdicción y sin pruebas alguna en los hechos de que se le acusa. Facundo Molares Schoenfeld, ciudadano argentino, sin antecedentes de actos ilegales en Argentina, periodista fue detenido por un pedido irregular e ilegal de este juez colombiano.
Facundo Molares, además, se encuentra en un delicado estado de salud, pero ningún argumento sirvió, para que el Juez Otranto no ordene su deportación y mucho menos la excarcelación, hasta que se pronuncie la Corte Suprema de Argentina y luego el presidente de la nación.
Al juez Otranto no le tembló la mano al firmar esta sentencia, basada en un pedido de deportación de mínima ilegal, injusto, que además, no garantiza la seguridad de vida de Facundo.
En esta sentencia no hay garantía alguna para Facundo Molares, ni de que reciba un juicio justo, ni de que no sea asesinado en la cárcel o durante su estadía en Colombia.
Colombia es un país donde el crimen político está al orden del día, con miles de desaparecidos, miles de asesinados y un narcogobierno que interviene y presiona a jueces y fiscales.
Si la vida de un ciudadano argentino ya vale poco ante los niveles de seguridad inexistentes, la injusticia social, el gatillo fácil, la desocupación, etc., ahora debemos sumarle la posibilidad que cualquier juez trasnochado de alguna república bananera o de algún imperio emita órdenes de detención contra cualquiera y en juicios sumarios como el de Otranto.
Espero que la Corte Suprema de Argentina y el presidente no convaliden esta verdadera sentencia de muerte, además de mamarracho jurídico, decretado contra Facundo Molares ya que sentaría jurisprudencia para todo argentino.
Quién dice que políticos y jueces no sean los próximos solicitados por jueces trasnochados de otros países que quieren simplemente un título en los diarios.
Sería también hipócrita de mi parte no decir que en los territorios ocupados por Israel en la Cisjordania hay millones de palestinos que reciben justicia de los tribunales militares de Israel, una justicia que por más justa que pretenda ser será injusta porque ningún país ocupante puede dar justicia al pueblo que ocupado, pese a la existencia se la Autoridad Nacional Palestina y la policía y servicios de seguridad palestinos en esta zona.
Y en el sur de Israel, en la Franja de Gaza, lugar del cual Israel se desconectó unilateralmente hace años, dos millones de palestinos sufren la ley religiosa de la Sharia impuesta por Hamás, que detenta el poder político y militar en esta otra región palestina.
Es interesante observar como políticos, empresarios y comunicadores sociales creen que el tema Facundo Molares y esta bochornosa condena de extradición es un problema de la izquierda y no se dan cuenta de que esta peligrosa jurisprudencia los deja en un Estado de debilidad y expuestos también a una posible extradición, por motivos políticos internos, externos o simplemente de guerras comerciales entre grupos económicos.
Diego Sciretta es coordinador de la mesa por la expulsión de Israel del exjefe de la Agencia de Investigación Criminal de Mexico Tomas Zerón de Lucio, acusado de torturas e encubrimiento de la desaparición de 47 estudiantes. Además, dirige el Movimiento Palestino Israelí, Enemigos por la Paz. Fundó la central obrera Israelí , Fuerza de los trabajadores. Fue candidato al parlamento israelí por el laborismo. Escribió notas e informes periodísticos para Le Monde Diplomatique de Brasil y Enlace Judío de México.
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