Enlace Judío – Un informe detallado del Ministerio de Justicia de Israel publicado este lunes rechazó en gran medida las explosivas acusaciones de que la Policía había usado tecnología espía para hackear los teléfonos de decenas de ciudadanos, y encontró que la policía actuó con autorización judicial, informó The Times of Israel.
Sin embargo, el informe señaló que la policía excedió repetidamente los límites de las órdenes que habían recibido para hackear teléfonos y, por lo tanto, recibió información que no estaba legalmente disponible para ellos.
La Policía de Israel acogió con beneplácito la publicación del informe como una reivindicación de sus actividades, y señaló que la investigación encontró que “no se llevó a cabo ninguna actividad deliberada en violación de la ley”.
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Elogió la investigación como “prueba de que la Policía de Israel actuó con integridad”.
El equipo de investigación encabezado por el Vicefiscal General Amit Marari se reunió en enero a raíz de un reporte del periódico israelí Calcalist que alegaba que la policía estaba utilizando el software espía Pegasus de NSO contra políticos y activistas sin supervisión judicial.
El informe de 100 páginas del Ministerio de Justicia confirma en gran medida los hallazgos iniciales que publicó en febrero: que la policía no hackeó los teléfonos de la mayoría de los nombres incluidos en la lista publicada por Calcalist y que no actuó sin supervisión judicial.
“Se descubrió que no había indicios de que las acusaciones de que los teléfonos fueron intervenidos sin orden judicial fueran ciertas”, indicó el informe. Con la excepción de 4 cuatro casos, según el informe, la Policía de Israel “actuó con autoridad legal”.
En esos cuatro casos, señaló el informe, la policía intentó sin éxito hackear un teléfono, pero no recibió información del intento.
En dos de esos casos, la Policía tenía una orden judicial para piratear y grabar llamadas telefónicas en secreto, pero no para piratear las comunicaciones digitales; en un tercero, la operación se llevó a cabo poco tiempo después de la expiración de la orden de detención; y en el cuarto, la policía creyó que tenía una orden judicial y luego descubrió que no.
En una declaración clara, el equipo del Ministerio de Justicia declaró que “no hay fundamento para afirmar que la Policía de Israel está interviniendo los teléfonos móviles de personas sin sospecha de actividad delictiva y sin supervisión judicial”.
Por el contrario, señaló, su investigación dejó la impresión de que “la división cibernética se asegura de que las escuchas telefónicas se lleven a cabo solo después de que se hayan recibido las órdenes judiciales”.
Sin embargo, el informe dijo que su equipo descubrió excepciones, incluido el hecho de que la policía estaba recibiendo información de los teléfonos afectados que no conocían según la ley de escuchas telefónicas.
Según el informe, la policía solo debería haber recopilado información anterior a la fecha de emisión de la orden, pero “en muchos casos” la policía también obtuvo acceso a información posterior a esa fecha.
Además, tales órdenes solo cubrían la comunicación digital entre teléfonos, y no la información almacenada en teléfonos como contactos, aplicaciones e información de calendario; sin embargo, la policía tuvo acceso a esos detalles cuando usó la versión “Saifan” del software espía Pegasus de NSO.
La Policía dijo que tales casos ilegales, errores o violaciones “serán abordados por completo” por un equipo dentro de la Policía de Israel y que “se realizarán los ajustes necesarios”.
El ministro de Seguridad Pública, Omer Barlev, acogió con satisfacción el informe del Ministerio de Justicia por “revelar oficialmente la verdad” y “probar que las duras acusaciones contra la policía eran acusaciones falsas sin conexión con la realidad”.
Barlev dijo que las actividades ilegales planteadas por el informe “serán abordadas y arregladas por la Policía de Israel”.
El equipo del Ministerio de Justicia declaró que no encontró ninguna indicación de que la Policía de Israel se haya excedido intencionalmente en los límites de las órdenes cibernéticas que recibió, y no usó ninguna de la información que recibió de esa manera, pero que, sin embargo, debería haber ajustado el alcance del software para recibir únicamente datos aprobados bajo la garantía.
Junto con una serie de recomendaciones sobre cómo navegar tales métodos tecnológicos, el informe sugirió que el Fiscal General apruebe tales nuevas tecnologías, que se establezca un equipo para trabajar con el propio departamento legal de la policía y que se ponga una mejor supervisión de tales problemas. en su lugar.
En su propia declaración en respuesta al informe, la Policía de Israel dijo que “las graves acusaciones contra la conducta de la Policía resultaron ser incorrectas, pero desafortunadamente causaron un gran daño a la confianza del público en la Policía”.
El equipo del Ministerio de Justicia dijo que dedicó cientos de horas de mano de obra y celebró alrededor de 50 reuniones en los últimos seis meses para investigar a fondo las denuncias, trabajando con expertos técnicos y todos los funcionarios relevantes para el caso, así como con los editores de Calcalist.
También señaló que verificó tales acusaciones contra otras capacidades de software mantenidas por la Policía de Israel además del controvertido software espía Pegasus.
Reproducción autorizada con la mención siguiente: ©EnlaceJudío
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