La comunidad judía de Oporto denuncia una “conspiración antisemita” ante la Fiscalía Europea y en un libro

Enlace Judío – La comunidad judía de Oporto presentó una denuncia ante la Fiscalía Europea alegando una conspiración antisemita contra los miembros ricos de la comunidad judía portuguesa y la organización judía más fuerte de Portugal, lo que perjudica los intereses financieros de la Unión Europea.

La denuncia se presentó con la asistencia de abogados de Portugal, EE. UU. e Israel así como la Asociación Judía Europea, la organización que representa la unión de las comunidades judías de Europa, desde Portugal hasta Ucrania.

La denuncia descrita con todos sus detalles también ha sido publicada en un libro con el título “La Primera Gran Conspiración Antisemita del Siglo XXI“, que se puede descargar de forma gratuita aquí (https://firstmajorconspiracy.com). Se está enviando una copia del libro a bibliotecas de todo el mundo y se enseñará en varios programas de estudios de antisemitismo.

Según la comunidad judía de Oporto, “personas no reveladas entre las élites gobernantes portuguesas unieron los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y medios de comunicación en una violenta conspiración antisemita. Los objetivos de la conspiración eran rechazar políticamente la gran afluencia de ciudadanos israelíes interesados en la nacionalidad portuguesa, destruir la Ley Sefardí en un contexto de terror, para que nadie pudiera salir a defender esa ley (para evitar ser acusado de colusión con el fraude), y producir una “querella criminal” basada en denuncias anónimas que pretenden destruir al empresario judío Patrick Drahi, judíos adinerados de origen portugués y la comunidad judía de Oporto, posiblemente la organización judía más fuerte de Europa en términos de religión, cultura, educación y la lucha contra el antisemitismo. El Poder Judicial portugués fue utilizado políticamente como un instrumento”.

“La Fiscalía Europea no tiene legitimidad legal para investigar casos de antisemitismo, pero en este caso hay indicios de corrupción por parte de las élites gobernantes y esto perjudica a todos los ciudadanos de Europa”, dijo el presidente de la comunidad judía de Oporto, Gabriel Senderowicz.

“Nuestro objetivo es documentar la conspiración, incluso si la Fiscalía Europea decide no hacer nada al respecto. Nos aseguraremos de que esta información se difunda en todas partes donde sea necesaria la educación sobre el antisemitismo. El antisemitismo moderno en Europa no ataca a los judíos en general como en el pasado, sino solo a las verdaderas fortalezas judías: comunidades fuertes, judíos ricos, leyes beneficiosas para los judíos y el Estado de Israel. En la Unión Soviética, las comunidades “no tan fuertes” no fueron destruidas, ya que servían de publicidad al régimen político. Cualquiera que visite Moscú podría visitar una hermosa sinagoga con puertas abiertas y servicios, pero prácticamente muerta, sin vida judía relevante”.

En la demoledora denuncia de 113 páginas presentada la semana pasada ante la Fiscalía Europea, la comunidad judía de Oporto afirma que “los conspiradores utilizaron una organización criminal dedicada a redadas nocturnas en domicilios particulares y despachos de abogados supuestamente relacionadas con Patrick Drahi, así como falsas acusaciones de narcotráfico, y también utilizaron fuentes “anónimas” que ya habían anteriormente sido condenadas judicialmente por difamación contra miembros y colaboradores de la comunidad judía de Oporto“.

La comunidad judía de Oporto dice: “La conspiración, paternalmente guiada desde arriba y con intereses internacionales en el medio, ha usado toda una amalgama de personas” como el exministro de Relaciones Exteriores Augusto Santos Silva, quien fue autor moral de la destrucción de la ley de los sefardíes “por una ‘cuestión Palestina“; la exvicepresidenta de la bancada parlamentaria del partido socialista Constança Urbano de Sousa, quien comparó la reproducción exponencial de los sefardíes con el coronavirus (y dijo que junto con sus dos hijos va a ser responsable de un millón de descendientes dentro de 250 años); y la ministra de Justicia, Francisca van Dunem, quien elaboró un reglamento que puso el fin a la ley sefardí en términos prácticos a partir del 1 de septiembre de 2022, y recogió denuncias “anónimas” de la escoria de la sociedad y las envió a “investigación criminal” por parte de autoridades cuyos líderes ella misma nombró.

Gabriel Senderowicz dijo: “La soberanía del Estado portugués que puede terminar o cambiar esta ley y cualquier otra ley en cualquier momento no está en cuestión, pero el procedimiento podría y debería haberse implementado sin poner en peligro la imagen y la seguridad de los judíos sefardíes y las comunidades judías portuguesas. Eso no es lo que ha sucedido durante dos años”.

La denuncia menciona el papel destructivo de algunos influencers, así como de periodistas de los diarios Público y Expresso y de los canales de televisión SIC y RTP. “Durante ocho meses nunca mencionaron un solo efecto positivo de la ley sefardí, calificaron una sinagoga llena, restaurantes Kosher y museos llenos de gente como “opulencia”, y redujeron la llamada Ley Sefardí a las tarifas cobradas por la comunidad cudía de Oporto (250 euros).

Estos influencers y periodistas siempre actuaron contra el honor de los miembros de la comunidad y de solicitantes que han sido certificados, y solo hablaban sobre sospechas de supuesta corrupción, Mossad, oligarcas, drogas cannábicas, ganancias y grandes negocios” de acuerdo mencionado en la denuncia.

Senderowicz agrega: “Semana tras semana, familias enteras fueron objeto de exposición calumniosa en los periódicos y la televisión, todo basado en denuncias anónimas y fuentes anónimas. Nadie escapó a este tipo de “purificación” al estilo de la Inquisición, desde los líderes religiosos y seculares –rabinos, presidentes, ex-presidentes, vicepresidentes, tesoreros, secretarios– así como el museólogo, e incluso el portero y amigos de la comunidad. Ancianos llorando, niños con miedo de ir a la escuela porque eran judíos y el Gran Rabino siendo atacado en un supermercado”.

En resumen, la operación policial “Puerta Abierta” que fue presentada a todo el mundo como una venta de pasaportes por parte de un Rabinato que actuó por dinero, es una operación “Cuestión Palestina” dirigida por personas entre las élites portuguesas que ataca a los judíos israelíes, a los judíos ricos y a todas las realidades judías relevantes relacionadas con Portugal.

Hay evidencia de intercambio de favores, uso del poder judicial con fines políticos, teorías de conspiración, robos nocturnos a bufetes de abogados y casas particulares, falsas acusaciones de narcotráfico y esquemas con Rusia, y uso de denuncias “anónimas” que en realidad fueron realizadas por agentes del Estado, calumniadores profesionales y condenados por difamación, todo ello articulado con una campaña mediática asesina protagonizada por media docena de periodistas e influencers para destruir la credibilidad de una ley, líderes comunitarios y personas de origen sefardí que habían sido aprobadas en cumplimiento de la Ley.

“El Estado portugués no es antisemita”, señala el presidente de la Comunidad Judía de Oporto, Gabriel Senderowicz. “Entre las víctimas de esta conspiración se encuentran también el presidente de la República Portuguesa, el primer ministro, líderes parlamentarios, jueces, policías y la abrumadora mayoría de los medios de comunicación, incluso de medios de comunicación que a menudo son acusados de actos escandalosos”.

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