Por qué es incorrecto decir “Estado de Palestina” y “Apartheid israelí”. Explicado por el Embajador Alan Baker

Apartheid israelí foto Pinterest

Enlace Judío- A lo largo de los años, diferentes Estados, dirigentes, organizaciones internacionales y medios de comunicación, tanto internacionales como israelíes, han desarrollado una tendencia a repetir sin cesar ciertas frases hechas y palabras cliché reconocibles, con la finalidad de dictar e influenciar una narrativa política partisana en contra de Israel, en un artículo  del Jewish Press.

EMBAJADOR ALAN BAKER/ TRADUCCIÓN EUGENIA RUSSEK

Esta tendencia se está convirtiendo en un fenómeno permanente y cada vez obstaculiza más los intentos genuinos de reconciliación entre los pueblos palestino e israelí.

La repetición de dichas frases y palabras en todas y cada una de las discusiones y reportajes de los eventos y acontecimientos en el contexto de la disputa entre Israel y los palestinos es legalmente inexacta y a todas luces engañosa.

Aunque esa costumbre puede emanar de la ignorancia en cuanto al verdadero significado de semejantes frases y palabras clave y acerca de la realidad de los hechos y el contexto legal de los diversos problemas, es más probable que su uso se deba a una intención deliberada de confundir al público.

A continuación cito varios ejemplos de las mencionadas frases hechas y palabrejas de moda falsas, engañosas y maliciosas.

1. “Estado de Palestina”

De facto y en la ley, no existe ningún “Estado de Palestina” entre las entidades soberanas del mundo. Semejante Estado jamás ha existido.

Aunque la Organización de Liberación Palestina (OLP) ha mantenido desde 1974 el estatus de observador en las Naciones Unidas como un movimiento de liberación nacional reconocido, sus intentos por adquirir el reconocimiento como un Estado con todos los derechos, incluyendo el de votar en la ONU, nunca han sido aceptados.

El liderazgo palestino no ha sido capaz de convencer al Consejo de Seguridad de la ONU de que exista una entidad palestina “amante de la paz y que llene los requisitos universalmente reconocidos para ser un Estado.

La Organización de las Naciones Unidas no tiene la capacidad legal para establecer Estados, sólo puede admitir como nuevos Estados miembros a aquéllos que le son recomendados por el Consejo de Seguridad.

En su intento de darle la vuelta a este obstáculo, el liderazgo palestino gradualmente ha extendido y ascendido su estatus de observador e incluso ha cambiado la denominación de su delegación a “Palestina”. Esto fue consumado a través de una serie de resoluciones políticas en la Asamblea General de la ONU, las cuales fueron adoptadas por una mayoría automática. Sin embargo, dichas resoluciones no son obligatorias ni tienen autoridad legal.

Este ejercicio político palestino en la Asamblea General de la ONU culminó en 2012 en otra resolución no obligatoria y sin autoridad legal, adoptada por la misma mayoría política automática, de ascender su estatus de una “entidad observadora” en la Naciones Unidas, a un “Estado observador no-miembro”.

Desde 2012, el liderazgo palestino ha utilizado este cambio de nomenclatura sin autoridad legal alguna, buscando manipular a la comunidad internacional para que crean que ellos han adquirido el rango de Estado y se presentan como el “Estado de Palestina”.

Desafortunadamente, una comunidad internacional demasiado ansiosa de darles por su lado a los palestinos ha sido demasiado indulgente en su aceptación de esta ficción.

Pero esta ficción no altera el hecho de que el estatus de los palestinos en las Naciones Unidas sea el de un simple observador.

2. “Autoridad Nacional Palestina”

Como parte del los acuerdos y arreglos dentro del contexto del proceso de paz entre Israel y la OLP entre 1991 y 2000, incluyendo los Acuerdos de Oslo de 1993-95, firmados y atestiguados por líderes de la comunidad internacional y ratificados por las Naciones Unidas, una “Autoridad Palestina” fue establecida por los Acuerdos para funcionar como una agencia autónoma y administrar aquellas partes de los territorios que le fueron transferidas por Israel.

El título oficial de esta agencia palestina, de conformidad con los Acuerdos de Oslo, fue “Autoridad de auto-gobierno palestina, el Consejo electo”, que en su forma abreviada ha tomado la apelación de “Autoridad Palestina” (AP).

El nombre “Autoridad Nacional Palestina” jamás fue aceptado o establecido por los Acuerdos de Oslo y su uso es una clara desviación de dichos Acuerdos.

En los Acuerdos de Oslo, las partes acordaron que la AP, como autoridad administrativa, no tendría poderes en la esfera de las relaciones exteriores, incluyendo los de establecer embajadas y consulados o ejercer funciones diplomáticas.

Asimismo, estuvieron de acuerdo en no actuar de manera alguna que pudiera prejuzgar el resultado de negociaciones para llegar a un estatus permanente.

Por lo tanto, el uso por el liderazgo palestino de títulos alternativos como “Estado de Palestina” o “Autoridad Nacional Palestina” constituye una violación clara y deliberada de los compromisos adquiridos por los palestinos como consecuencia de los acuerdos firmados con Israel, así como una intención de prejuzgar el resultado de las negociaciones sobre el estatus permanente de los territorios.

 

3. La “Ocupación Ilegal”

A lo largo de más de 50 años de repetición y propaganda deliberadamente engañosa, la expresión “la ocupación” se ha convertido en un sinónimo universal exclusivamente de la presencia de Israel en las áreas de Judea y Samaria también conocidas como Cisjordania o la Ribera Occidental.

De acuerdo con la ley internacional y la práctica en conflictos armados, una situación de ocupación no es ilegal. Es una situación legal aceptada, un término legal para referirse a una situación de beligerancia provisional en el cual un poder soberano ocupa, durante un conflicto armado, el territorio de otro poder soberano, mientras se llega a una resolución acordada entre las partes en conflicto. Los poderes ocupantes tienen tanto obligaciones como privilegios según la ley humanitaria internacional.

“Ocupación” no refleja el caso con respecto a Israel, cuyo estatus en las áreas de Judea y Samaria y en la Franja de Gaza es único (sui generis), ya que estas zonas jamás han sido consideradas territorios soberanos jordanos ni egipcios. Los territorios quedaron bajo la autoridad de Israel de manera legítima al defenderse en una guerra de agresión que le fue impuesta por sus vecinos en 1967.

Las áreas no fueron tomadas o adquiridas de Estados que tuvieran un estatus previo legítimo y soberano ni poderes sobre el territorio y, por lo tanto, no entran dentro de la definición aceptada de ocupación.

Por el contrario, la presencia de Jordania en el área de la “Ribera Occidental” y su anexión de la misma en 1950 nunca recibieron reconocimiento internacional. De igual forma, Egipto nunca reclamó o pretendió que su administración militar de la Franja de Gaza entre 1949 y 1967 significara que ese territorio le perteneciera.

De modo que el implicar o dar por hecho la ilegalidad de la posición de Israel es completamente erróneo.

Desgraciadamente, el término “ocupación” ha sido artificialmente convertido en un traje a la medida para lograr una connotación política negativa con respecto a Israel, a través de la repetición y la manipulación internacional política. La palabra es utilizada de manera cínica dentro de la comunidad internacional para difamar y condenar a Israel y para deslegitimizar sus reclamos legales e históricos con respecto a los territorios.

Con el ávido y automático apoyo de una comunidad internacional políticamente sesgada, el liderazgo palestino incluso ha hecho uso del arma que significa el término “ocupación” como un medio para poner en duda la legitimidad del Estado de Israel. Ha transformado el término legal internacional “ocupación” en la frase cliché “ocupación ilegal”, que han adoptado ciegamente gobiernos, organizaciones internacionales, diplomáticos, medios de comunicación y activistas de derechos humanos para estigmatizar a Israel como un Estado fuera de la ley. El resultado de esta manipulación es que el término “la ocupación” generalmente es mal empleado para implicar que Israel tomó control y administra esas áreas ilegalmente. Dicho uso erróneo ignora los reclamos legales e históricos de Israel, los cuales son reconocidos por la comunidad internacional, respecto del estatus permanente de los territorios.

La expresión es utilizada de manera negativa únicamente cuando se habla de Israel, como si no existiera ninguna otra situación en el mundo en la que un Estado ejerce autoridad en áreas en disputa. En su aparente obsesión con Israel, la comunidad internacional pasa por alto esos otros casos.

Dado que las áreas de Judea y Samaria jamás han caído dentro de la definición aceptada de ocupación, permanecen como “en disputa” mientras no se llegue a un acuerdo permanente entre las partes. Ambas partes asumen reclamaciones con respecto a esas áreas y han acordado, a través de los Acuerdos Israelo-Palestinos de Oslo (1993-1995) internacionalmente reconocidos, el negociar de manera pacífica para resolver dichos reclamos.

Hasta que haya una resolución negociada del estatus permanente de dichas áreas, las partes han acordado dividir los poderes y responsabilidades concernientes a la gobernanza.

Por lo anterior, el término “ocupación”, usado de manera selectiva y derogatoria en contra de Israel, es defectuoso y no tiene base legal alguna. Va en contra del proceso de negociación acordado entre Israel y los palestinos para resolver el problema del estatus permanente de los territorios y busca quitar legitimidad a los reclamos sobre los mismos.

4.“Territorios Palestinos Ocupados” (TPO)

La frase “Territorios Palestinos Ocupados” (TPO) es incorrecta, tanto factual como legalmente. Los territorios no son ocupados ni son palestinos.

Aunque entre 1967 y 1974 la documentación de la ONU utilizaba el término “Territorios Árabes Ocupados”, esto fue alterado maliciosamente en resoluciones y documentos de la ONU a través de resoluciones políticamente motivadas y sin obligatoriedad legal de la Asamblea General y por la repetición política constante, y así la expresión “Territorios Palestinos Ocupados” ha ganado prominencia en la jerga internacional desde 1982.

Jamás se ha emitido un instrumento legal internacional autorizado, ni un acuerdo, mandato, declaración o resolución que determine que las áreas de Judea y Samaria y la Franja de Gaza sean palestinas. Esos territorios nunca han sido designados legal o formalmente como territorios “palestinos”. Nunca fueron parte de una entidad soberana palestina, la cual nunca ha existido, ni fueron arrebatados a ninguna entidad palestina.

Sin embargo, el término erróneo TPO se ha vuelto lingua franca entre la comunidad internacional.

Al contrario, derivado de los Acuerdos de Oslo de 1993-1995, la OLP e Israel se han comprometido a negociar el estatus permanente de los territorios. Si ellos mismos están comprometidos a negociar su estatus permanente, no puede haber lógica ni justificación alguna en dar por hecho que los territorios son palestinos. Por lo que el término “Territorio Palestino Ocupado” que aparece en documentos y declaraciones del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la ONU, y en declaraciones y posicionamientos de líderes mundiales o resoluciones internacionales, e incluso en la Opinión de la Corte Internacional de Justicia del 9 de juiio del 2014 con respecto a la barrera de seguridad de Israel, es absurdo. No es más un cliché político que no emana de un análisis legal genuino.

De acuerdo con esto, el uso o aceptación de la denominación “territorios palestinos” o “territorios palestinos ocupados” en efecto prejuzga la conclusión de las negociaciones acordadas y contraviene y socava los compromisos de los Acuerdos de Oslo.

Claramente, el uso incesante de terminología flagrantemente partisana y política no puede crear legitimidad. Se refuerza por la presión de grupos regionales que promueven una obvia agenda política.

5.“Colonialismo de los asentamientos”

El uso de esta curiosa terminología por elementos de la extrema izquierda ostensiblemente progresistas no es más que una intención superficial y deshonesta de manipular la narrativa internacional. Lo hacen utilizando paradigmas añejos, anarquistas y pseudo intelectuales, tomados de arcaicas situaciones coloniales para intentar transponerlas al caso de Israel.

Tales paradigmas no guardan relación alguna con la situación en el Medio Oriente.

El acusar a Israel de colonialismo es un intento de representar a Israel de manera fraudulenta y artificiosa bajo la misma luz que las potencias europeas que colonizaron el África y las Américas en tiempos pasados. Dicha representación es absurda y un insulto a la inteligencia.

Esta acusación falsa y maliciosa ignora por completo las circunstancias de la guerra defensiva que trajo como consecuencia la adquisición del control por Israel de los territorios en 1967.

Ignora y minimiza las centrales resoluciones de la ONU y acuerdos firmados que llaman a una solución negociada del conflicto del Medio Oriente.

Hace caso omiso del hecho de que tanto los israelíes como los palestinos han acordado dividir la gobernanza de los territorios mientras no se llegue a un estatus permanente a través de negociaciones.

También niega los derechos del pueblo judío como pueblo originario en el área, así como los internacionalmente reconocidos reclamos históricos y legales del pueblo judío respecto de la zona, tales como los asentados en instrumentos como la Declaración de Balfour de 1917, la Declaración de San Remo de 1920, el instrumento del Mandato para Palestina de la Liga de las Naciones, reafirmados en el Artículo 80 de los Estatutos de la ONU.

El establecimiento de asentamientos por Israel en los territorios, de acuerdo con sus prerrogativas bajo la ley internacional como la autoridad gobernante en el territorio, no puede de ninguna manera ser considerado como ninguna forma de colonización. El uso de tierras públicas que no son propiedad privada para habitaciones o agricultura es enteramente consistente con normas internacionalmente aceptadas mientras el estatus de la tierra no sea cambiado sin que medie una negociación.

Derivado de los Acuerdos de Oslo, los asentamientos son un tema de negociación aceptado entre Israel y los palestinos para determinar el estatus permanente de los territorios, junto con otros temas como fronteras, refugiados, seguridad, intereses económicos y Jerusalén.

6.“Violencia de los colonos”

Esta expresión ha tomado una vida propia como parte de la fraseología internacional cuyo propósito es vilipendiar a Israel. Se trata de establecer un fenómeno único y exclusivo de violencia hecha a la medida que no existe en ninguna otra parte, como si los residentes israelíes hubieran desarrollado su propia y singular técnica de violencia.

La violencia, viniendo de cualquier persona, incluyendo los residentes de los asentamientos israelíes, es ilegal y debe ser condenada, prevenida, denunciada y castigada. Sin embargo, el apuntar a este tipo de actos cometidos por un pequeño número de residentes de los asentamientos en Israel, y convertir esto en una expresión cínica, cliché y generalizada, que no tiene otra intención más que la de manchar a un grupo entero, se aleja de toda lógica y moral internacional. Muestra un peculiar sesgo político que, en cualquier otra circunstancia, sería considerado digno de censura.

7.“Fronteras de 1967”

La muy a menudo repetida, legalmente defectuosa y falsa exigencia de que Israel “regrese a las fronteras de 1967” ha devenido en un componente infaltable de la narrativa palestina. Esto a pesar de que nunca existieron esas fronteras y de que no hay ningún acuerdo entre Israel y los palestinos que exija o estipule “fronteras de 1967”.

Las líneas desde la cuales la fuerzas israelíes penetraron en Judea y Samaria y la Franja de Gaza en 1967 eran las líneas de Demarcación del Armisticio de 1949, las cuales, como se expresa claramente en los acuerdos del armisticio, permanecieron como líneas temporales y no como fronteras políticas definitivas.

Al terminar la guerra de 1967, la resolución 242 del Consejo de Seguridad (1967) llamó a la negociación de “fronteras seguras y reconocidas”, afirmando así el consenso internacional de que las líneas del Armisticio de 1949 nunca fueron consideradas como fronteras seguras y reconocidas.

En los Acuerdos de Oslo de 1993-1995, por un lado la OLP, en nombre del pueblo palestino, e Israel por el otro, se comprometieron a negociar “el asunto de las fronteras” en las negociaciones del estatus permanente.

No se pueden imponer fronteras bilaterales a través de palabrejas falsas y engañosas. No se pueden imponer por el pensamiento mágico de elementos partisanos de la comunidad internacional. Se necesitan dos partes para negociar una frontera entre ellas. Cualquier negociación seria del asunto de las fronteras debe tomar en consideración genuinos y substantivos factores de seguridad, historia y demografía que son necesarios para determinar cualquier frontera libremente negociada de forma bilateral.

8.“Apartheid israelí”

Esta representación falsa y muy de moda es cada vez más repetida por el liderazgo palestino y por propagandistas que buscan deslegitimizar y socavar a Israel y presentarlo como una entidad ilegal y criminal.

La expresión fue inicialmente lanzada por Yasser Arafat y adoptada por grupos de Organizaciones No Gubernamentales en la desacreditada Conferencia sobre Racismo en Durban, en 2001. Su objetivo es deliberadamente dar una falsa imagen del sistema legal y constitucional de Israel como estando en desacuerdo con las normas y principios de la ley humanitaria internacional. Mas allá de eso, da una falsa noción y quita legitimidad a los compromisos mutuos de Israel y los palestinos en los Acuerdos de Oslo mientras no se haya llegado a un estatus permanente de los territorios a través de la negociación.

Como tal, intenta establecer una equivalencia espuria con el antiguo régimen de Apartheid de Sudáfrica.

La adopción de esta maliciosa acusación muestra una falta de comprensión e incluso crasa ignorancia de la naturaleza racista y los componentes de la definición internacionalmente aceptada del fenómeno del apartheid. Y no es menos indicativa de una todavía más profunda falta de entendimiento del carácter del Estado de Israel como una sociedad abierta, pluralista y democrática.

La absoluta falta de cualquier equivalencia entre Israel y su administración de los territorios con el antiguo régimen de apartheid de Sudáfrica es tan obvia…

…que uno no puede más que suponer que aquellos que emplean semejante equivalencia están deliberada y mañosamente manipulando y confundiendo a la opinión internacional. Al hacer esto, los proponentes de esta acusación buscan cuestionar la misma legalidad y legitimidad de la existencia del Estado de Israel y ultimadamente propiciar la imposición de sanciones internacionales en contra de Israel, como se hizo con el antiguo régimen de apartheid de Sudáfrica.

La comparación de Israel con ese régimen que imponía la supremacía de los blancos ha sido totalmente rechazada por los que tienen un conocimiento real del antiguo régimen del apartheid, especialmente por expertos sudafricanos. Israel es conocido y aceptado como una sociedad multirracial y de todos colores, y su población árabe goza de completa igualdad ante la ley y de libertad de expresión. Participa activamente en el proceso político, vota para elegir a sus representantes en la Knesset o Parlamento, y ejerce cargos en el gobierno, el parlamento (Knesset) y la Suprema Corte. Cada comunidad religiosa en Israel tiene su propio sistema de cortes religiosas, y aplica la Sharia, el Canon y la ley judía, respectivamente.

La ley israelí considera al judaísmo, al islam y al cristianismo como religiones oficiales y garantiza completa libertad de culto e igualdad para todos. Esto en contraste con Estados árabes y otros, donde una sola religión es declarada como la religión de Estado o con países occidentales donde el cristianismo es considerado como la religión dominante. Es muy diferente a países musulmanes como Irán, Pakistán y Arabia Saudita, en los que ciertas áreas, ciudades y carreteras están reservadas exclusivamente para los musulmanes y donde las mujeres son tratadas como ciudadanas de segunda categoría y las comunidades LGBT como criminales.

El incitar o practicar el racismo es una ofensa criminal en Israel, al igual que lo es cualquier tipo de discriminación basada en la raza, la religión, el sexo, o el género. Las escuelas, universidades y hospitales israelíes no hacen ninguna distinción entre judíos y árabes.

Conclusión

Ya es hora de que la comunidad internacional, los gobernantes, parlamentarios, representantes de los medios de comunicación, y de organizaciones internacionales y regionales simplemente cesen de dejarse manipular ciegamente e influenciar por falsos clichés y palabrejas de moda. Cualquier discusión seria y honesta de lo que hace falta para resolver la disputa entre Israel y los palestinos no puede apoyarse en ese tipo de frases que atrapan, generadas y empleadas para maliciosamente dictar una narrativa internacional.

La anterior lista de frases hechas y palabrejas de moda espero sea esclarecedora para los que sin querer se dejan manipular.


Embajador Alan Baker

 

El Embajador Alan Baker es Director del Institute for Contemporary Affairs (Instituto para Asuntos Contemporáneos) en el Centro Jerusalén y encabeza el Global Law Forum. Participó en la negociación y redacción de los Acuerdos de Oslo entre Israel y los palestinos, así como acuerdos y tratados de paz con Egipto, Jordania y Líbano. Se desempeñó como asesor legal y director general adjunto del Ministerio de Asuntos Extranjeros de Israel y como Embajador de Israel ante Canadá.


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