La reforma legal en Israel que salvaría a Netanyahu de su juicio

Enlace Judío – El líder del partido Hatzionut Hadatit, Bezalel Smotrich, dio a conocer este martes un programa de reformas radicales y de gran alcance que, de ser promulgadas, reducirían drásticamente las facultades de la autoridad judicial y podrían llevar a la terminación del juicio por presunta corrupción de Benjamín Netanyahu, informó The Times of Israel.

Smotrich dijo que la aceptación de sus propuestas sería una condición previa para que su partido de extrema derecha se una a una futura coalición de gobierno tras las elecciones del 1 de noviembre.

Los cambios propuestos también obstaculizarían la capacidad de la Corte Suprema de Justicia de Israel para anular la legislación de la Knéset si contraviene una de las Leyes Básicas de Israel, y daría al gobierno control sobre el nombramiento de todos los jueces, incluidos los del máximo tribunal.

Smotrich, cuyo partido obtendría entre 13 y 14 escaños en estas próximas elecciones, lo que probablemente lo convertirá en el tercer partido más grande del país, afirmó que las reformas fortalecerían el carácter judío y democrático de Israel.

Los críticos denunciaron las propuestas. El primer ministro Yair Lapid aseguró que la reforma es una idea de Netanyahu quien, dijo, “ha decidido destruir el sistema legal y el Estado de derecho en Israel”.

El ministro de Justicia, Gideon Sa’ar, describió el programa como “un paraíso para la corrupción gubernamental” y dijo que las reformas marcaban “la politización del sistema legal” y constituían una artimaña para cancelar el juicio de Netanyahu.

Una de las demandas centrales presentadas por Smotrich es derogar el delito de fraude y abuso de confianza, que, dijo, permite a los funcionarios judiciales interferir en el sistema político. Netanyahu está acusado de este delito en los tres casos por los que actualmente está siendo juzgado, junto con un cargo de soborno.

Smotrich reconoció que la ley israelí tal como está significaría que los cargos de fraude y abuso de confianza de Netanyahu se retirarían si se derogara ese delito, ya que los cambios en el código penal son inmediatamente aplicables retroctivamente, incluso a los procedimientos en curso.

Sin embargo, afirmó que se encontraría una manera de garantizar que el juicio de Netanyahu continuara, de modo que la legislación no pudiera presentarse como una “ley personal” diseñada para el beneficio de Netanyahu.

El partido Likud dijo en respuesta a las propuestas de Smotrich que “no se aplicarían retroactivamente” y no afectarían los procedimientos legales contra Netanyahu.

Hablando anteriormente en la Radio del Ejército, el diputado Simja Rothman de Hatzionut Hadatit dijo, por el contrario, que la ley que detiene los procedimientos penales después de que se haya derogado un delito no se cambiaría, lo que significa que los cargos contra Netanyahu se darían por terminados si las reformas de Smotrich se aprobaran en el próxima Knéset.

Smotrich describió el sistema legal israelí como “enfermo” y criticó lo que él y Rothman alegaron que es una falta de supervisión sobre el Fiscal General y la oficina del Fiscal Estatal; la incapacidad de los departamentos gubernamentales para actuar debido a restricciones legales; y la intervención de la Corte Suprema en la legislación del Knéset.

Insistió en que los cambios que él y su partido llevarían a cabo eran esenciales para mantener a Israel como “un Estado judío y democrático”.

Afirmó que el sistema legal israelí es antagónico a los políticos y partidos de derecha. Afirmó que si el sector pro-Netanyahu gana en las próximas elecciones, el sistema judicial “trabajaría para obstaculizar las reformas que la derecha intentará promover, incluso improvisando casos falsos y abriendo procesos penales contra los políticos que no se sujetan a su autoridad”.

La derogación de lo que llamó el delito fluido e indefinido de fraude y abuso de confianza, afirmó, es esencial para evitar que el sistema legal frene a los políticos hostiles.

“Al usarlo, el ‘sistema del Estado de derecho’ puede amenazar a los funcionarios electos, detener sus actividades y ajustar cuentas con los políticos que se atreven a salirse de las líneas trazadas para ellos por los empleados y asesores legales”, dice el plan de reforma.

Otra reforma importante propuesta por Hatzionut Hadatit es una revisión del Comité de Selección de Jueces, que actualmente comprende tres jueces del Tribunal Supremo, dos ministros del gobierno, dos diputados de la Knéset y dos miembros del Colegio de Abogados de Israel.

Dado que solo 4 miembros del comité son funcionarios electos, Smotrich, Rothman y otros de la derecha han argumentado con frecuencia que esto les da a los representantes no electos una gran influencia sobre el nombramiento de jueces para los tribunales inferiores y también para el Tribunal Supremo.

Las reformas propuestas por Smotrich cambiarían la composición del comité para que el gobierno controle esencialmente a 6 de los 9 miembros del comité.

El panel estaría integrado por el presidente del Tribunal Supremo, el presidente de uno de los tribunales de distrito del país y uno de sus tribunales de paz, ambos seleccionados por el ministro de Justicia, junto con 6 ministros o diputados, 4 de la coalición y 2 de la oposición. El ministro de Justicia encabezaría el comité.

Además, la reforma también buscarían promulgar un objetivo buscado durante mucho tiempo por los partidos religiosos de derecha, a saber, una ley que permitiría a la Knéset volver a legislar cualquier ley que la Corte Suprema dictamine que está en contravención de una de las Leyes Básicas de Israel.

El plan de Smotrich permitiría a la Corte Suprema anular una ley solo si fuera la posición unánime de un panel completo de 11 jueces. Pero incluso en tal caso, la Knéset podría volver a legislar la ley por un período de cuatro años y luego aprobarla como ley permanente después de eso.

Smotrich argumentó que la capacidad de la Corte Suprema para anular la legislación “transfiere el derecho a tener la última palabra en el establecimiento de las leyes del estado de la Knéset a la Corte Suprema… lo cual es antidemocrático e ilegal”.

Después de que se aprueben los cambios, indica el plan de reforma, se impulsarán iniciativas buscadas por la derecha israelí.

Entre ellas una legislación que permita que los “infiltrados”, en referencia a los solicitantes de asilo y los trabajadores inmigrantes ilegales, sean expulsados ​​del país; otorgar a los estudiantes de yeshivá ultraortodoxos la exención del servicio militar; y legalizar retroactivamente los asentamientos de Judea y Samaria (Cisjordania) construidos en tierras palestinas privadas.

En otras reformas propuestas, se aprobaría legislación para prohibir la apertura de una investigación criminal o la presentación de una acusación contra un primer ministro o ministro del gabinete en funciones sobre asuntos relacionados con sus deberes profesionales.

Sin embargo, sería posible investigar y enjuiciar tales asuntos después de que el primer ministro o el ministro hayan dejado el cargo.

Los miembros de la Knéset también serían inmunes al enjuiciamiento penal a menos que la Knéset vote para rescindir la inmunidad legislativa, y la Corte Suprema no podría anular la validez de tal voto.

Otras propuestas incluyen dividir el puesto del Fiscal General en tres roles, por lo que el Fiscal General actuaría simplemente como asesor legal del gobierno y también se convertiría en un designado político en lugar de servir como miembro de la administración pública.

La facultad de presentar acusaciones penales se eliminaría del cargo de Fiscal General y se entregaría a otro funcionario que sería designado por el ministro de Justicia y tendría autoridad sobre estos procedimientos.

También se crearía un tercer puesto, el de representante del Estado ante el sistema legal, para representar al Estado en los tribunales y en otros procedimientos legales no penales, incluidas las peticiones contra el gobierno en la Corte Suprema.

El programa del partido Sionismo Religioso también vería el establecimiento de un organismo de supervisión para revisar las actividades de los servicios de investigación policiales y la oficina del Fiscal Estatal “para garantizar que no haya un uso indebido” de esos poderes.

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